Se mantuvo la cuota anual de reasentamiento, pero el gobierno dejó claro que podría emplear su competencia para devolver a solicitantes de asilo a otros “países seguros”. El Parlamento adoptó una nueva ley que obligaba a las empresas de mayor tamaño a garantizar que respetaban los derechos humanos y unas condiciones de trabajo dignas en todas su operaciones y cadenas de suministro. Se anunciaron planes para redefinir la violación como relación sexual no consentida.
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