Macedonia del Norte

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre cuestiones de soberanía o disputas territoriales. Las fronteras trazadas en este mapa se basan en datos del servicio Geospatial de la ONU.
Back to Macedonia del Norte

Macedonia del Norte 2022

Se propuso legislación para proteger a periodistas y la libertad de los medios de comunicación. No se aplicaba plenamente una ley de protección de las mujeres frente a la violencia. Los discursos de odio exacerbaron las tensiones interétnicas. Al menos 18.000 personas refugiadas y migrantes fueron devueltas a Grecia.

Información general

Bulgaria siguió oponiéndose a la adhesión de Macedonia del Norte a la Unión Europea alegando que su historia, identidad e idioma eran búlgaros. Una solución propuesta por Francia que incluía reconocer por primera vez a la minoría búlgara en la Constitución generó protestas públicas multitudinarias en julio y oposición política. En septiembre, la Comisión Europea inició un proceso de evaluación previo a la adhesión final a la Unión Europea.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Más de 20 años después del conflicto armado interno, al menos 22 personas permanecían en paradero desconocido.

En julio, el ex primer ministro Nikola Gruevski fue declarado culpable in absentia y condenado a siete años de prisión por robo y blanqueo de 1,3 millones de euros.

Libertad de expresión

En julio se propuso un nuevo Código penal que incorporaba disposiciones para proteger los derechos de los periodistas, incluido un aumento de la pena por agresión o asesinato, y obligaba a las autoridades a iniciar actuaciones penales.

Tortura y otros malos tratos

En mayo, un policía conocido como GP fue condenado en nuevo juicio a un año de prisión; era el primer agente al que se le imponía una pena privativa de libertad por malos tratos. Una persona lo había grabado en vídeo en 2020 propinando patadas a Nevzat Jasharov, hombre romaní, mientras éste estaba tendido en el suelo.

Violencia contra mujeres y niñas

Dos mujeres murieron a manos de un familiar. Todavía no se había aplicado plenamente la Ley de Prevención y Protección frente a la Violencia contra las Mujeres y la Violencia de Género en el Ámbito Familiar de 2021. Las autoridades no adoptaron los reglamentos, presupuestos ni procedimientos pertinentes y la policía a menudo se mostraba reacia a actuar.

En febrero, tras las protestas de varias ONG de mujeres, se cambió a defensa propia el cargo de homicidio sin premeditación formulado contra Pale Illovska que, en septiembre de 2021, había apuñalado a su esposo, agente de policía, mientras éste le propinaba puñetazos y patadas, e intentaba estrangularla. Vecinos y familiares testificaron que habían denunciado en reiteradas ocasiones la violencia del esposo a la policía y que ésta no había actuado.

Un informe de un grupo en favor de los derechos de las mujeres romaníes de Šuto Orizari publicado en marzo concluyó que el reducido número de denuncias de violencia de género intrafamiliar se debía a la discriminación estructural, que incluía la pobreza, el escaso acceso a servicios médicos y la desconfianza en las ONG y las autoridades.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En marzo, debido a la falta de apoyo parlamentario, el gobierno retiró de manera abrupta el proyecto de ley de reconocimiento de género, de 2021, que contaba con el respaldo de las ONG y establecía que las personas trans podrían cambiar legalmente de identidad de género mediante un procedimiento notarial simplificado. Se preveía una nueva versión de la ley para 2023.

En mayo, cuatro hombres insultaron a Bekim Asani, director de la ONG LGBT United, con sede en Tetovo, mientras éste estaba sentado con su madre junto a la tumba de su padre; uno de ellos lo agredió después. Asani fue atacado en dos ocasiones en agosto; en uno de los casos, el perpetrador fue condenado a seis meses de cárcel; el otro caso seguía tramitándose.

En junio, los discursos de odio y los insultos en Internet aumentaron en torno al décimo desfile del Orgullo de Skopje.

Discriminación

El Comité de Helsinki alertó de que el discurso de odio interétnico en las redes sociales contravenía la legislación contra la difusión de contenidos racistas y xenófobos en Internet. Varias ONG y agentes internacionales expresaron preocupación por el discurso discriminatorio generalizado promovido por la oposición búlgara a la adhesión de Macedonia del Norte a la Unión Europea.

Romaníes

El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes inició con éxito acciones judiciales por discriminación contra las autoridades locales responsables de la segregación en una escuela de Skopje y de negar el acceso de las comunidades romaníes a agua potable en Prilep. En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, por su parte, que en las ciudades de Bitola y Stip sendas escuelas habían violado el derecho a la no discriminación de los niños y niñas romaníes mediante la segregación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Entraron en el país más de 20.591 personas refugiadas y migrantes; a 30 de octubre, 65 habían solicitado asilo. Más de 18.000 fueron devueltas sin el debido procedimiento a Grecia después de que se registraran los datos biométricos de muchas de ellas en el Centro de Tránsito de Vinojug, según denunciaron 44 personas en julio.

En agosto, 35 personas resultaron heridas al volcar un camión que ocultaba a 49 personas sirias. La policía informó de que, hasta octubre, había interceptado 83 operaciones de tráfico de migrantes. Al menos 619 personas permanecieron detenidas ilegítimamente hasta 24 días como testigos contra presuntos traficantes de personas.

Derecho a la vida

En diciembre, se incoaron finalmente actuaciones contra 2 directores de hospital y un médico encausados por haber causado la muerte de 12 pacientes y 2 familiares en un incendio en la unidad de COVID-19 de Tetovo ocurrido en 2021.

Degradación ambiental

En abril, un informe publicado por la ONG Bankwatch, basado en el trabajo de seguimiento realizado en 2021, documentó las consecuencias negativas en la salud de la población local de las emisiones de la planta de lignito, de las minas a cielo abierto y de los vertederos de cenizas en Bitola. Las emisiones de polvo y dióxido de azufre excedían por lo general los límites legales y las directrices de la OMS. El gobierno no tomó ninguna medida para reducirlas.