Resumen

Se promulgó legislación que excluía ciertos documentos como prueba en las solicitudes de protección internacional, en contravención del derecho de la Unión Europea. Se publicó un nuevo proyecto de ley que definía como violación todas las formas de penetración sexual involuntaria. Las autoridades tributarias usaron un sistema algorítmico discriminatorio para detectar posibles fraudes en las prestaciones para el cuidado infantil. Un tribunal resolvió que la policía de fronteras podía seguir usando perfiles raciales. Se reveló que la Oficina de Coordinación Nacional de Medidas Antiterroristas y Seguridad llevaba años vigilando ilegalmente a activistas en redes sociales.