Resumen

Se impusieron nuevas restricciones a las actividades de las ONG, y las personas que participaban en actos de protesta contra actividades mineras y otros proyectos de desarrollo urbanístico y de infraestructura corrían peligro de ser encarceladas en aplicación de una ley propuesta. Las autoridades no protegieron a las comunidades dedicadas al pastoreo de la degradación ambiental provocada por las operaciones mineras. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron actos de intimidación y fueron objeto de investigaciones policiales. Aunque se estableció un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, siguieron llegando informes sobre torturas y otros malos tratos infligidos a personas detenidas.