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LITUANIA 2020

p class=”country-intro-text”>Continuó el escrutinio sobre la presunta complicidad de Lituania en el programa de entrega y detención secreta de la CIA. La población LGTBI seguía sufriendo discriminación. Las medidas adoptadas frente al virus de la COVID-19 tuvieron consecuencias negativas para las mujeres.

Tortura y otros malos tratos

La causa Al-Hawsawi v Lithuania continuó pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mustafa al Hawsawi, ciudadano saudí recluido en Guantánamo, alegaba que había estado detenido en un centro de detención secreta de la CIA en Lituania y había sufrido desaparición forzada, detención arbitraria y tortura a manos de la CIA entre 2005 y 2006. En enero, el equipo de su defensa presentó su respuesta al documento de Lituania ante el Tribunal Europeo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La discriminación del colectivo LGBTI seguía estando muy extendida en Lituania. En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió a favor de dos gays que habían sido objeto de comentarios en Internet constitutivos de incitación al odio y a la violencia contra las personas LGBTI. Las autoridades declinaron investigar los comentarios, afirmaron que la conducta de los demandantes había sido “excéntrica” y deliberadamente provocadora, e invocaron los “valores familiares tradicionales” de Lituania. El Tribunal concluyó que los dos hombres habían sufrido discriminación basada en su orientación sexual y habían sido privados de un recurso efectivo ante tribunales nacionales.

Derechos de las mujeres

La defensora del Pueblo para la Igualdad de Oportunidades expresó públicamente su preocupación por el hecho de que las medidas impuestas para evitar la propagación de la COVID-19 afectaban de manera desproporcionada a las mujeres, y señaló un aumento del número de denuncias por violencia de género en el ámbito familiar presentadas ante la policía. Según informaron grupos de la sociedad civil, hubo proveedores de asistencia médica que suspendieron o cancelaron servicios de aborto durante el confinamiento nacional de marzo a junio, y con ello restringieron el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Derecho a la privacidad

En abril, el gobierno propuso una enmienda a la Ley de Comunicaciones Electrónicas en respuesta a la propagación de la COVID-19. En virtud de esta enmienda, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tendrían amplias atribuciones para obtener datos de localización de personas a partir de proveedores de telecomunicaciones durante un estado de emergencia o una cuarentena declarada, sin previa autorización judicial. Algunos miembros de la oposición política y asociaciones de profesionales de la salud advirtieron de que las atribuciones propuestas permitirían la vigilancia generalizada, y que sus beneficios para la salud pública serían limitados.