Las personas que se manifestaban pacíficamente afrontaban severas restricciones. Se aprobaron nuevas normas de presentación de informes para las ONG que recibían financiación extranjera. Periodistas y activistas que criticaban al gobierno sufrieron ataques en redes sociales y enjuiciamientos infundados. Se emplearon varias leyes para limitar el derecho a la libertad de expresión e impedir las críticas de periodistas y medios de comunicación a figuras públicas. La violencia de género continuaba siendo sistémica y no se denunciaban todos los casos; rara vez se procesaba a los responsables. Las condiciones de reclusión no cumplían las normas mínimas de derechos humanos, lo que en algunos casos dio lugar a muertes bajo custodia.
Leer másNo utiliza la pena de muerte