Kazajistán 2024
Persistían las restricciones indebidas de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Activistas de la sociedad civil, simpatizantes de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, y blogueros y blogueras críticos con las autoridades sufrieron intimidación, hostigamiento, detenciones y procesamientos por cargos de motivación política. Siguió sin haber rendición de cuentas por la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante las protestas de enero de 2022. La violencia contra las mujeres y las niñas continuó siendo generalizada pese al restablecimiento en la legislación de las sanciones penales para la violencia de género en el ámbito familiar. Las autoridades siguieron discriminando a las personas LGBTI. Hubo activistas de Uzbekistán en peligro de devolución. Las políticas de acción climática no cumplieron los compromisos nacionales.
Libertad de expresión
La comunidad de derechos humanos de Kazajistán documentó al menos 24 casos de personas encarceladas por cargos de motivación política en el año, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, blogueros y blogueras, y periodistas.
Las autoridades restringieron el acceso de los medios de comunicación a las zonas afectadas por las inundaciones de abril y procesaron a periodistas y a blogueros y blogueras por informar de manera crítica sobre la gestión gubernamental de la catástrofe. El periodista Raul Uporov, que ejercía su profesión en la ciudad de Uralsk, fue multado por “vandalismo menor” tras criticar duramente las restricciones impuestas a la cobertura de las inundaciones por los medios de comunicación.
En mayo, un tribunal multó a la periodista Jamilya Maricheva, del proyecto ProTenge, contra quien se habían presentado cargos de “difusión de información falsa”. Maricheva había publicado en su canal de Telegram un comentario de apoyo a periodistas de Radio Azzattyk a quienes las autoridades habían denegado la acreditación.
La Ley sobre Medios de Comunicación, aprobada en junio, contenía disposiciones sobre la inscripción obligatoria de los medios de comunicación online en un registro estatal.
En agosto se publicó un reglamento que formulaba en términos imprecisos los motivos de denegación de la acreditación de prensa a los medios de comunicación extranjeros y sus periodistas, al establecer que el Ministerio de Asuntos Exteriores podía rechazar solicitudes de acreditación “de conformidad con la legislación de la República de Kazajistán”. No se permitía al personal de prensa extranjero trabajar sin acreditación.
En octubre, un grupo de periodistas impugnó ante los tribunales un reglamento que obligaba a los medios de comunicación nacionales a acreditarse ante las instituciones gubernamentales. Las nuevas reglas imponían al personal de prensa la restricción de no publicar ni citar la información recabada más que en el medio para el que cada profesional estuviera acreditado. La causa seguía abierta al terminar el año.
Libertad de asociación
La participación en organizaciones calificadas de “extremistas” siguió siendo punible con hasta seis años de cárcel.
Decenas de personas fueron enjuiciadas y condenadas por simpatizar con partidos políticos pacíficos de oposición no registrados o con movimientos presuntamente vinculados al movimiento Opción Democrática de Kazajistán, calificado arbitrariamente de “extremista” por un tribunal de la capital, Astaná, en 2018.
El gobierno incluyó en su “lista de organizaciones y personas relacionadas con la financiación del terrorismo y el extremismo” a activistas a quienes los tribunales habían condenado por cargos de extremismo, lo que dio lugar al bloqueo de sus tarjetas y cuentas bancarias.
En agosto, el periodista y activista político Duman Mukhamedkarim fue condenado a siete años de prisión por financiar una organización “extremista” prohibida y participar en sus actividades, cargos que estaban relacionados con su presunto apoyo al movimiento Opción Democrática de Kazajistán. En noviembre, un tribunal de apelación confirmó el fallo y además le prohibió asistir a eventos públicos y conceder entrevistas durante tres años. Su abogado tenía previsto recurrir.
Libertad de reunión pacífica
La legislación restringía indebidamente las reuniones pacíficas: exigía la obtención de una autorización previa, limitaba su celebración a determinados lugares y sancionaba los «incumplimientos» con mutas y penas de prisión. El plazo de 12 meses para la prescripción de estos “delitos” permitía a las autoridades encarcelar a las personas que participaban en estos actos mucho tiempo después de que se celebraran, a menudo para impedirles participar en futuras protestas.
Las autoridades locales de la ciudad de Almaty prohibieron arbitrariamente una marcha feminista convocada el 8 de marzo.
En octubre, la policía arrestó a 12 activistas que organizaban una concentración pacífica en protesta por la construcción de una central nuclear, y acusó a estas personas de organizar disturbios.
Impunidad
Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones exhaustivas e inmediatas sobre las denuncias de uso ilícito de la fuerza, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas de enero de 2022, ni hicieron comparecer a los responsables ante la justicia.
Según cifras oficiales de enero, en los cientos de causas penales por tortura y otros malos tratos abiertas tras los sucesos de enero de 2022 sólo habían sido declaradas culpables 34 personas; seguían abiertos procedimientos contra casi medio centenar de funcionarios más. Numerosas causas se habían desestimado.
No obstante, en algunas causas se impusieron penas más severas en apelación. En marzo, la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Militar de la Guarnición de Almaty en noviembre de 2023 en la causa de un soldado profesional fue anulada en apelación y el soldado fue condenado a prisión. Inicialmente había sido acusado de abuso de autoridad por disparar y matar a una niña de cuatro años que iba en un automóvil con su hermano y su hermana a comprar comida durante los sucesos de 2022.
Violencia por motivos de género
En abril, el Parlamento restableció las sanciones penales para la violencia de género en el ámbito familiar y mejoró los mecanismos de protección para sus víctimas. Sin embargo, faltaban medidas integrales para prevenirla y erradicarla, y la violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo generalizada.
Durante el año, 32 hombres fueron declarados culpables de violación y/o asesinato de mujeres, niños y niñas. En 2023, la Fiscalía General estimó que al año morían en torno a 80 mujeres a causa de la violencia de género en el ámbito familiar.
La sentencia condenatoria dictada en mayo que imponía al exministro de Economía Kuandyk Bishimbayev 24 años de cárcel por matar a golpes a su esposa aumentó la sensibilización pública sobre los altos índices de violencia de género en el ámbito familiar existentes en el país.
En mayo, la relatora especial de la ONU sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros mecanismos expertos de la ONU expresaron honda preocupación por el procesamiento penal de la activista de los derechos de las mujeres exiliada Dina Smailova, “al parecer como represalia por su trabajo como defensora de los derechos humanos y por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación”.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las personas LGBTI sufrían hostigamiento y discriminación por parte de las autoridades, simpatizantes del gobierno y otros grupos, que a menudo empleaban la excusa de preservar los “valores tradicionales”.
Una petición para que la legislación penalizara la “propaganda LGBTI” causó indignación en el país y en el extranjero, y las sesiones sobre la ley propuesta se aplazaron a 2025. Varios mecanismos expertos de la ONU señalaron que la petición se basaba en prejuicios y que cualquier legislación derivada de ella pisotearía inevitable e ilegalmente los derechos humanos.
En febrero, utilizando como justificación la protección de las tradiciones nacionales y los derechos de la infancia, el gobierno bloqueó un sitio web cuyo propósito era informar sobre cuestiones LGBTI.
El 9 de octubre, un miembro del partido gobernante Amanat pidió a la Fiscalía General que catalogara como organización “extremista” a la destacada ONG LGBTI Feminita. Ese mismo día, miembros de la Unión de Padres intentaron entorpecer la celebración de una reunión de Feminita, tratando de irrumpir en sus instalaciones, insultando a gritos a las personas participantes y grabándolas. Los agentes de policía que acudieron al evento fotografiaron los documentos de identidad de quienes participaban en la reunión, pero no tomaron medida alguna contra quienes protestaban. Feminita presentó una denuncia ante la policía, pero al terminar el año no se tenía noticia del estado de la investigación.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Activistas de la República Autónoma de Karakalpakistán (Uzbekistán) que vivían en Kazajistán hacían frente a la amenaza de devolución a su país, donde corrían peligro de sufrir tortura y largas penas de prisión por cargos de motivación política por hacer campaña contra las violaciones de derechos humanos en Karakalpakistán. Akylbek Muratbai, Rasul Zhumaniyazov y Rinat Utambetov fueron arrestados entre febrero y abril y puestos bajo custodia tras las peticiones de extradición cursadas por Uzbekistán por los cargos falsos de difundir información que suponía una amenaza para el orden público. Akylbek Muratbai, que llevaba 10 años residiendo legalmente en Kazajistán, solicitó la condición de refugiado, pero la Comisión de Refugiados desestimó su solicitud. Al concluir el año, estaba pendiente de resolución una apelación contra esa decisión.
Derecho a un medioambiente saludable
El Índice de Desempeño frente al Cambio Climático clasificó como “muy bajo” el desempeño de Kazajistán, criticando la ausencia de un sistema transparente de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero y el hecho de que no se hubieran elaborado planes de eliminación gradual del uso del carbón, adaptación climática y transición ecológica. Kazajistán continuaba estando entre los 30 países más contaminantes del mundo por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Mientras tanto, el país se vio asolado por una serie de catástrofes ambientales agravadas por el cambio climático, entre ellas unas inundaciones en abril —las peores en decenios— que dieron lugar a que se declarara el estado de emergencia en 10 de las 17 regiones del país. Decenas de miles de personas fueron evacuadas de sus casas y hubo varias víctimas mortales. Las inundaciones agravaron los problemas de suministro de agua ya existentes, en particular la desigualdad en el acceso al agua apta para el consumo, que afectaba especialmente a las zonas rurales. Las inundaciones también arrasaron lugares de enterramiento de ganado contaminado y no contaminado de ántrax, lo que aumentó aún más el riesgo de que el limitado suministro de agua para beber y regar se contaminara y pusiera en peligro la seguridad alimentaria.