El Estado no garantizó verdad, justicia y reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas en los “hogares maternoinfantiles”. Preocupaban las condiciones y la asequibilidad de la vivienda, los obstáculos para acceder a servicios de aborto y la criminalización de los trabajadores y trabajadoras sexuales. El gobierno propuso un sistema de acogida de solicitantes de asilo respetuoso con los derechos humanos.
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