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HUNGRÍA 2021

En junio, el Parlamento aprobó una ley homófoba y tránsfoba. El Estado húngaro estuvo implicado en el escándalo del programa espía Pegasus. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra de las prácticas de Hungría de confinar a las personas solicitantes de asilo en zonas de tránsito y devolverlas sumariamente. El derecho a la libertad de reunión pacífica estuvo restringido hasta el 23 de mayo y el estado de emergencia en vigor se prorrogó hasta el 1 de junio de 2022. El gobierno se resistió a adoptar medidas efectivas para proteger la libertad de expresión y otros derechos de la judicatura frente a injerencias indebidas.

Información general

El Tribunal Constitucional ratificó la prohibición de reuniones y manifestaciones durante seis meses en una decisión con efectos retroactivos adoptada en julio. Se introdujo un sistema de asilo restrictivo en virtud del estado de emergencia. La Autoridad para la Igualdad de Trato, organismo establecido para la protección de los derechos humanos, fue abolida en enero sin previa consulta y sus funciones se transfirieron a la Oficina del Comisionado para los Derechos Fundamentales. En septiembre, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos recomendó cambiar de “A” a “B” la categoría del comisionado, con arreglo los Principios de París, ya que su oficina no se había involucrado en todos los problemas de derechos humanos en Hungría ni los había abordado. Hungría asumió la presidencia semestral del Comité de Ministros del Consejo de Europa en mayo.

Discriminación

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En junio, Hungría aprobó una ley homófoba y tránsfoba que prohibía a las personas menores de 18 años el acceso a materiales que promovieran o retrataran las “divergencias de la identidad correspondiente al sexo de la persona al nacer […] o la homosexualidad”. La nueva ley violaba los derechos a la libertad de expresión, a la educación y a no sufrir discriminación.1 La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría en julio.

Mujeres

El gobierno siguió mostrándose reacio a ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) que había firmado en 2014, alegando que promovía la “ideología de género” y la “migración ilegal”.2

Las mujeres continuaron sufriendo discriminación generalizada basada en su género. Múltiples políticas y comunicaciones gubernamentales reforzaban activamente los estereotipos de género, promoviendo los roles domésticos de las mujeres y restando importancia a la igualdad de género.

La reticencia de las entidades empleadoras a ofrecer unas condiciones laborales flexibles y la tradicional asignación de los cuidados en el seno de la familia a las mujeres agravaron los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 sobre la igualdad de género.

Romaníes

Persistía la discriminación de la comunidad romaní. A pesar de que estaba prohibida por la Ley de Protección Infantil de Hungría, continuó la práctica de separar a niños y niñas romaníes de sus familias cuando éstas vivían en la pobreza para ponerlos bajo la tutela del Estado a largo plazo.

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, reunido del 1 al 12 de noviembre, expresó su alarma por la prevalencia del discurso de odio racista contra romaníes y otras minorías, y por los crímenes de odio.

Derecho a la intimidad

Se identificó a más de 300 nacionales de Hungría como posibles objetivos del programa espía Pegasus, producido por la empresa de tecnología de vigilancia NSO Group. Grupos mediáticos señalaron al gobierno húngaro como posible cliente de la empresa. Personal experto de Amnistía Internacional pudo confirmar, con datos técnicos, varios casos en los que el programa espía se había instalado con éxito en teléfonos, varios de ellos pertenecientes a periodistas. Según la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Szabó and Vissy v. Hungary en 2016, la Ley de los Servicios de Seguridad Nacional seguía infringiendo el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En una sentencia dictada por unanimidad en julio en la causa Vig v. Hungary, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los controles reforzados que había empleado la policía en 2013 para dar el alto y registrar a Dávid Vig entonces abogado y profesor universitario en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Policía violaban el derecho a la intimidad.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) suspendió sus operaciones en Hungría en enero ante la negativa del gobierno a acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2020 en contra de su legislación y prácticas de asilo, que establecía que las devoluciones sumarias en gran escala introducidas mediante legislación en 2016 violaban la obligación de Hungría de garantizar a las personas solicitantes de asilo acceso efectivo a protección internacional. En 2021 se llevaron a cabo más de 71.000 expulsiones sumarias en la frontera de Hungría con Serbia.

En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que confinar a las personas solicitantes de asilo en las “zonas de tránsito” era equiparable a una detención ilegítima. La causa se refería a una familia afganoiraní de cinco miembros —que incluía a tres menores y una mujer embarazada— que había sido confinada en la zona de tránsito de Röszke en condiciones inapropiadas, sin alimentación ni asistencia médica adecuada, lo que equivalía a trato inhumano y degradante. Esto, sumado a la ausencia de base jurídica para la detención y su duración, era equiparable a una detención ilegítima. Tras el rechazo inicial de sus solicitudes de asilo, finalmente se reconoció su derecho a la condición de beneficiarios de protección subsidiaria.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia por primera vez sobre las devoluciones sumarias en la causa Shahzad v. Hungary, relativa a un ciudadano paquistaní que había sido privado de acceso al procedimiento de asilo y deportado violentamente por agentes de la policía húngara en 2016. El tribunal concluyó que Hungría había violado la prohibición de expulsión colectiva y el derecho a un recurso efectivo. No obstante, persistió esta práctica.

Libertad de expresión, asociación y reunión

La ley sobre “la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil capaces de influir en la vida pública” (la nueva ley sobre ONG) entró en vigor el 1 de julio y se tradujo en un mayor control y estigmatización de las ONG.3 La sentencia de junio de 2020 en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había resuelto que la ley sobre transparencia de las ONG de 2017 establecía restricciones discriminatorias e injustificadas sobre la libertad de asociación hizo necesaria una nueva legislación. Sin embargo, aunque el Parlamento derogó la ley anterior, las nuevas disposiciones aprobadas por éste restringían indebidamente, una vez más, el derecho a la libertad de asociación. La ley imponía auditorías anuales a las ONG cuyos activos totales superaran los 20 millones de forintos (55.000 euros). Las ONG expresaron preocupación ante la posibilidad de que estas nuevas disposiciones permitieran a las autoridades llevar a cabo auditorías arbitrariamente selectivas e intimidatorias.

En su decisión de 16 de noviembre de 2021 relativa a la ley sobre ONG de 2018 (conocida como “Stop Soros”), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que Hungría había violado la directiva de la Unión Europea sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional y la relativa a las normas para la acogida de solicitantes de protección internacional al introducir un motivo de inadmisibilidad para rechazar de forma prácticamente automática las solicitudes de asilo de quienes llegaban a Hungría procedentes de un “país seguro de tránsito”. El Tribunal resolvió asimismo que Hungría había penalizado ilegalmente las actividades de quienes proporcionaban asistencia a solicitantes de asilo.

Derecho a un juicio justo

A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había resuelto en 2016 que la destitución del anterior presidente del Tribunal Supremo húngaro, András Baka, constituía una violación del derecho a un juicio justo y del derecho a la libertad de expresión, Hungría continuó sin acatar la decisión y sin adoptar medidas generales de protección de la libertad de expresión y otros derechos de la judicatura frente a injerencias indebidas. Hungría no presentó un plan de acción actualizado antes de diciembre de 2021.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional resolvió en marzo que la disposición que permitía la detención preventiva sin límite en espera de una primera decisión era inconstitucional, ya que vulneraba el derecho a la libertad, y que la detención previa al juicio debía tener un límite absoluto. En consecuencia, la disposición fue anulada en septiembre.

En su informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea señaló problemas que lo ponían en grave peligro en Hungría. La Comisión no pudo identificar ninguna mejora sustancial en comparación con las conclusiones del informe de 2020. El sistema de controles y contrapesos del país seguía siendo motivo de preocupación, igual que la transparencia y calidad de su proceso legislativo.


  1. Hungary: The Russian-style propaganda law violates human rights and threatens LGBTI people (Índice: EUR 27/4492/2021), 22 de julio
  2. Open Letter: Human rights violations in Hungary ahead of its Presidency of the Council of Europe Committee of Ministers, 20 de mayo
  3. Hungary repeals controversial laws restricting the right to association but concerns remain (Índice: EUR 27/4526/2021), 29 de julio