Miembros de la oposición, medios de comunicación críticos con el gobierno y ONG fueron objeto de ataques, intimidación y escuchas telefónicas en un clima de impunidad. Persistía la preocupación por la falta de independencia judicial, la justicia selectiva y los procesamientos de motivación política de oponentes al gobierno. La construcción de la controvertida central hidroeléctrica de Namakhvani se detuvo a raíz de las protestas. Las violaciones de los derechos laborales y los abusos en este ámbito eran generalizados y se intensificaron debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali figuraban las restricciones a la libertad de circulación y la tortura y otros malos tratos.
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