Turkmenistán 2024
Los derechos a la libertad de expresión y de asociación siguieron estando gravemente restringidos, ya que las autoridades trataban de controlar la difusión de información, asfixiar a la sociedad civil y castigar cualquier forma de disidencia pacífica dentro y fuera del país. Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI sufrían restricciones arbitrarias de sus derechos, libertades y autonomía corporal. Siguieron recibiéndose informes sobre trabajo forzoso impuesto por el Estado en la cosecha del algodón. No se adoptaron medidas significativas para combatir el cambio climático.
Información general
El país continuaba cerrado de facto a las ONG internacionales de derechos humanos, a los mecanismos especiales de la ONU y a los medios de comunicación independientes, lo que, junto con la censura interna, dificultaba enormemente la observación internacional y la recopilación de información.
Libertad de expresión
El Estado controlaba la difusión de información, censurando los informes sobre acontecimientos negativos, como las penurias económicas, y limitando estrictamente el acceso a Internet. Cientos de miles de dominios, incluidos sitios de noticias, de negocios y redes sociales, estaban bloqueados. El servicio de Internet en el país seguía siendo uno de los más lentos y caros del mundo, y su disponibilidad era baja para los estándares internacionales, lo que dejaba en desventaja a las comunidades rurales y, en particular, a las mujeres.
Los servicios de seguridad vigilaban y frecuentemente bloqueaban el uso de redes privadas virtuales prohibidas, e intimidaban, multaban o detenían a las personas usuarias que trataban de eludir el control estatal.
Represión de la disidencia
Organizaciones de la sociedad civil y activistas no podían operar de manera libre e independiente. Quienes pretendían ejercer la disidencia pacífica o expresar públicamente opiniones críticas, dentro o fuera del país, se arriesgaban a represalias, que podían llegar hasta el encarcelamiento. El defensor de los derechos humanos Mansur Mingelov y el bloguero Murat Dushemov siguieron cumpliendo condena en colonias penitenciarias de la provincia oriental de Lebap. Las autoridades seguían sin investigar sus denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia. Habían sido declarados culpables de cargos de motivación política y condenados a 22 y 4 años de prisión, respectivamente, por sacar a la luz violaciones de derechos humanos.
El 6 de octubre, la policía arrestó a la activista exiliada Dursoltan Taganova en su domicilio de Turquía alegando que había sido identificada como amenaza para la seguridad nacional y que iba a ser deportada a Turkmenistán. La activista quedó en libertad varias horas después, pero seguía en riesgo de devolución.
Las autoridades continuaron impidiendo viajar al extranjero a activistas de la sociedad civil, periodistas independientes y sus familiares.
Los servicios de seguridad arrestaron al abogado independiente Pygambergeldy Allaberdyev en la frontera con Irán, adonde pretendía viajar para recibir el tratamiento médico que necesitaba tras pasar dos años en prisión, de 2020 a 2022, por cargos de motivación política. Le informaron de que pesaba sobre él una prohibición de viajar que le impedía salir al extranjero, aunque fuera para recibir tratamiento médico, pero se negaron a enseñarle ningún documento que lo probara.
Desapariciones forzadas
El activista de la oposición Gulgeldy Annaniyazov quedó en libertad tras 16 años de reclusión, 11 de ellos en régimen de incomunicación. Había sido arrestado en 2008 cuando volvía de Noruega, donde se le había concedido asilo. Sin embargo, no se volvió a saber nada sobre la suerte y el paradero de más de 100 personas sometidas a desaparición forzada tras ser arrestadas. Algunas habían sido encarceladas tras un presunto intento de asesinato del entonces presidente Saparmurat Niyazov en noviembre de 2002.
Violencia contra mujeres y niñas
En febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) comentó el resultado de una encuesta nacional realizada en 2022 que había concluido que una de cada ocho mujeres era objeto de violencia física o sexual a manos de su pareja. El CEDAW instó a las autoridades a aprobar, “sin más demora, legislación que defin[iera] y penali[zara] específicamente todas las formas de violencia de género contra la mujer, incluida la violencia doméstica”. Sin embargo, las autoridades no realizaron ningún avance considerable en ese sentido.
Las enmiendas al Código de Familia publicadas en marzo requerían a los tribunales que dieran prioridad a la reconciliación de los cónyuges en los casos de divorcio, incluso aunque hubiera violencia de género en el ámbito familiar.
Derechos sexuales y reproductivos
El CEDAW también expresó preocupación por la penalización de los abortos practicados después del límite gestacional de cinco semanas, momento en que la mayoría de las personas ni siquiera saben que están embarazadas. Instó a las autoridades a reformar la legislación para “legalizar el aborto y despenalizarlo en todos los casos”, en consonancia con las Directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud, de 2022.
En octubre, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, recomendó que todas las personas adolescentes recibieran “información y acced[ier]an a servicios confidenciales y adaptados a sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a los anticonceptivos y al aborto en condiciones de seguridad cuando proced[ier]a”.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían estando penalizadas. Las personas LGBTI seguían haciendo frente a discriminación, violencia y abusos generalizados, cuyos perpetradores gozaban de impunidad. Las autoridades se negaban a prohibir expresamente la discriminación basada en la orientación sexual e insistían ante el CEDAW en que todas las personas disponían de “igual protección ante la ley frente a la violencia, el chantaje y actos similares, independientemente de su orientación sexual, lo que inclu[ía] a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales”.
Al estreno en el extranjero, el 3 de julio, de un documental sobre las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI en Turkmenistán, le siguieron, según informes, redadas policiales dirigidas contra personas consideradas LGTBI y personas que tenían contacto con activistas LGBTI fuera del país.
Trabajo forzoso
Aunque en los años anteriores el gobierno se había mostrado más abierto a cooperar con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), permitiendo incluso visitas periódicas, continuaban los informes de trabajo forzoso en la cosecha de algodón. En un informe publicado en julio, la OIT expresó honda preocupación por los indicios del uso persistente del trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil, hallados durante una visita de la organización en 2023.
Derecho a un medioambiente saludable
A pesar de haber firmado el Compromiso Global del Metano en la COP28 en diciembre de 2023, y de haber acordado cooperar con el gobierno de Estados Unidos en materia de mitigación del metano, el gobierno de Turkmenistán no proporcionó pruebas concluyentes de que hubiera implementado medidas efectivas para mejorar la detección de fugas y acelerar las medidas correctivas. Según el Rastreador Global de Emisores de Metano de 2024, de la Agencia Internacional de la Energía, Turkmengaz, una de las mayores empresas de petróleo y gas del mundo, no asumió ningún compromiso público para reducir las emisiones de metano.