Armenia 2023
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza ilegítima para reprimir protestas antigubernamentales. Hubo periodistas que sufrieron hostigamiento y violencia a manos de simpatizantes del gobierno. No se tuvo noticia de avances en la investigación de los crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado con Azerbaiyán de 2020. La discriminación contra las personas LGBTI continuó siendo habitual. Varios abogados denunciaron haber sufrido malos tratos cuando visitaban a sus clientes detenidos. Las personas dedicadas al activismo ambiental seguían haciendo frente a hostigamiento. Se abolió la pena de muerte en todas las circunstancias.
Información general
Aumentaron el descontento público y las protestas por la gestión del gobierno de las tensiones con el vecino Azerbaiyán, incluidos el bloqueo y la toma de control de la escindida región de Nagorno Karabaj, cuya población era de etnia armenia, por el ejército azerbaiyano (véase el apartado sobre Azerbaiyán). La afluencia de más de 100.000 personas refugiadas de la región de Nagorno Karabaj agravó las dificultades económicas y humanitarias. Aunque la economía del país seguía dependiendo en gran medida de Rusia, por ejemplo, para la importación de productos básicos y las remesas, las relaciones con este país, al que Armenia había considerado garante de su seguridad, experimentaron un marcado deterioro. En diciembre, Armenia liberó a dos prisioneros de guerra azerbaiyanos tras acordar negociar un acuerdo de paz con Azerbaiyán.
Uso excesivo de la fuerza
Hubo protestas callejeras generalizadas, con incidentes de violencia por parte de manifestantes e informes de uso innecesario, desproporcionado y en ocasiones indiscriminado de la fuerza por la policía.
El 19 de septiembre, miles de personas se congregaron en la capital, Ereván, para pedir la dimisión del primer ministro y protestar contra la ofensiva militar de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj. Algunas de ellas rompieron ventanas de edificios gubernamentales y se enfrentaron a la policía. El Comité de Helsinki de Armenia, ONG que observaba el desarrollo de las protestas, informó de que en ocasiones la policía empleó “fuerza desproporcionada e indiscriminada”, golpeando a manifestantes y lanzando granadas aturdidoras directamente contra la multitud sin previo aviso. Según informes, más de 140 personas fueron detenidas y más de 30 resultaron heridas en las protestas. La mayoría quedaron en libertad sin cargos, pero algunas afrontaban actuaciones administrativas y penales. Al término del año no se había realizado ninguna investigación efectiva sobre las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza por la policía.
Libertad de expresión
El entorno de los medios de comunicación continuaba siendo, en gran medida, libre y plural, pero estaba fuertemente polarizado en lo referente a la situación en Nagorno Karabaj y al conflicto con Azerbaiyán. Las entidades de observación internacionales también denunciaron un nivel de desinformación y discursos de odio sin precedentes. En marzo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia aplaudió la derogación, en julio de 2022, de una disposición que penalizaba insultar a cargos gubernamentales y figuras públicas. Continuaba suscitando preocupación la seguridad de periodistas que, de manera habitual, seguían siendo objeto de presión, insultos y violencia por parte de simpatizantes del gobierno. Al menos dos periodistas denunciaron que estaban sufriendo una intensa campaña de acoso y amenazas en Internet, incluso por algunas autoridades públicas, tras haber formulado al primer ministro preguntas críticas sobre los sucesos en Nagorno Karabaj en una conferencia de prensa celebrada el 25 de julio. La investigación sobre esa presunta injerencia en las actividades periodísticas seguía en curso al concluir el año.
Los intentos del gobierno de restringir la libertad de expresión se vieron frustrados con la suspensión en diciembre de 2022 de un proyecto de reforma legislativa que había suscitado críticas internacionales. Dicha reforma habría otorgado al gobierno la facultad de censurar el contenido de Internet, bloquear sitios web y limitar el acceso a la red en aplicación de la ley marcial.
Violaciones del derecho internacional humanitario
No hubo avances importantes en las investigaciones de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado con Azerbaiyán de 2020 e inmediatamente después, ni en llevar a los presuntos autores ante la justicia. El 3 de octubre, el Parlamento votó a favor de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Las minas colocadas previamente por fuerzas armenias en Nagorno Karabaj y sus inmediaciones en Azerbaiyán continuaban suponiendo una amenaza mortal e impedían el retorno sin riesgos de la población desplazada. Según el organismo de desminado de Azerbaiyán, hasta agosto, la cifra de personas heridas o muertas por la explosión de minas terrestres desde la guerra de 2020 era de 303, entre las que había civiles. En julio, los medios de comunicación de Azerbaiyán informaron de que la precisión de los mapas de campos minados que había entregado Armenia sólo era del 25% y de que todavía no se disponía de mapas que detallaran la ubicación de 600.000 minas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Entre septiembre y octubre, más de 100.000 personas, prácticamente toda la población de etnia armenia de Nagorno Karabaj, fueron desplazadas a Armenia en cuestión de días. Las autoridades armenias cubrieron en gran medida las necesidades temporales que generó la rápida afluencia de numerosas personas refugiadas. No obstante, la adopción de soluciones duraderas y el acceso a vivienda adecuada, ingresos y empleo seguían suscitando motivos de preocupación.
Derecho a un juicio justo
Varios abogados denunciaron haber sufrido hostigamiento y malos tratos mientras visitaban a sus clientes en centros de detención de la policía y durante el desempeño de su labor profesional.
Los abogados Marzpet Avagyan y Emanuel Ananyan denunciaron que, el 9 de febrero, un grupo de agentes de policía los insultó y les propinó patadas y puñetazos en el departamento de policía de Ereván. Los abogados dijeron que habían sido agredidos mientras defendían los derechos de sus clientes, que eran menores de edad, y que también habían sufrido tortura y otros malos tratos a manos de los mismos agentes.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Continuaron siendo habituales la discriminación contra la población LGBTI y el estigma social basado en la sexualidad real o supuesta de las personas.
En un informe aprobado en marzo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia señaló que, en Armenia, las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación, marginación, agresiones e intimidación. El informe recomendaba adoptar rápidamente sanciones legales para la discriminación por cualquier motivo —incluida la orientación sexual y la identidad de género—, eliminar el estigma derivado de relacionar la homosexualidad con un trastorno mental y luchar contra otras formas de discurso homófobo.
Derecho a un medioambiente saludable
En febrero, las autoridades anunciaron que se iba a reanudar la producción en la mina de oro de Amulsar a pesar de la preocupación que seguían suscitando los posibles daños medioambientales. Quienes se oponían activamente al proyecto continuaron sufriendo hostigamiento, por ejemplo, mediante demandas judiciales que pedían una indemnización económica excesiva por sus críticas relacionadas con el medioambiente.
Pena de muerte
En octubre, Armenia ratificó el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, con lo que se hizo efectiva la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso por crímenes cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra.