La población de “procedencia no occidental” continuó sufriendo discriminación en relación con la vivienda social. Se siguió vulnerando el derecho de las personas refugiadas a la vida familiar y se promulgaron leyes sobre las devoluciones y sobre la externalización del procesamiento de las solicitudes de asilo y de residencia. Se siguieron aplazando iniciativas sobre educación sexual y rendición de cuentas de las empresas. La libertad de expresión y la privacidad peligraban a causa de una propuesta legislativa pendiente sobre la conservación de datos.
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