Las autoridades no dieron apoyo a las miles de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo atrapadas en el país. El Tribunal Constitucional declaró que las restricciones de circulación impuestas a las personas de edad avanzada y a los niños y niñas debido a la COVID-19 eran desproporcionadas. Las medidas del estado de emergencia limitaron aún más el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Se violó el derecho a la privacidad con la publicación ilegal de datos personales de pacientes de COVID-19. Se aplazó nuevamente el enjuiciamiento de crímenes de guerra.
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