Entre febrero y abril, las autoridades reprimieron con violencia manifestaciones pacíficas. El gobierno continuó rehusando aceptar el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia. Varias personas que buscaban protección internacional fueron devueltas a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Seguían en vigor las fuertes restricciones legislativas impuestas sobre medios de comunicación, ONG, partidos políticos y reuniones públicas. Una persona fue ejecutada y cuatro fueron condenadas a muerte.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
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