Las mujeres y las personas transgénero sufrían discriminación en la legislación y en la práctica. A las personas solicitantes de asilo se les negaba la entrada segura en las fronteras y se las expulsaba. Los cambios legislativos introducidos para contener la COVID-19 restringían la libertad de expresión y de reunión pacífica. El gobierno continuó socavando la independencia judicial y la confianza pública en el poder judicial.
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