No hubo rendición de cuentas por las violaciones de derechos cometidas durante y después del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020. Las hostilidades militares afectaron negativamente al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de la población azerbaiyana desplazada por el conflicto regresó al país, a diferencia de las personas de etnia azerbaiyana desplazadas de la zona de Nagorno Karabaj en la década de 1990. Persistieron el hostigamiento y la persecución a quienes criticaban al gobierno. Se disolvieron violentamente protestas pacíficas. Continuaron las restricciones arbitrarias que obstaculizaban el trabajo de ONG y defensores y defensoras de los derechos humanos. La violencia por motivos de género y la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados.
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