Resumen

La prohibición de algunas reuniones públicas restringía de manera desproporcionada el derecho a la libertad de reunión pacífica. No se ofreció protección efectiva a denunciantes de irregularidades. El apoyo a las sobrevivientes de violencia de género era insuficiente. Las deportaciones de personas de nacionalidad afgana a su país continuaron hasta poco antes de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán en agosto. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en operaciones para hacer cumplir la ley era habitual desde su introducción en agosto de 2020. Seguían sin investigarse eficazmente los casos de presuntos malos tratos policiales. Las prestaciones de asistencia social eran insuficientes en algunos estados. No se protegió el derecho a una vivienda adecuada.