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ARMENIA 2020

El conflicto militar con Azerbaiyán, en el que ambos bandos cometieron crímenes de guerra y llevaron a cabo ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, causó numerosas muertes, lesiones y desplazamientos de civiles. El estado de emergencia aprobado para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y la ley marcial declarada a causa del conflicto coartaban las libertades de expresión y de reunión pacífica. Persistía la preocupación por el medioambiente en relación con la mina de oro de Amulsar, en medio de protestas en las que se detuvo y multó a decenas de personas que se manifestaban pacíficamente.

Información general

El 27 de septiembre estallaron intensos combates en la región secesionista azerbaiyana de Nagorno Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, que actuaba junto a fuerzas a las que respaldaba. El 9 de noviembre, en virtud de un alto el fuego auspiciado por Rusia, Armenia cedió la mayor parte del territorio azerbaiyano que había ocupado. Algunas partes de la disputada región de Nagorno Karabaj y su capital, Stepanakert/Jankendi, continuaron bajo el control de las autoridades de facto respaldadas por Armenia, que dependían de la protección de fuerzas rusas de mantenimiento de la paz. La derrota generó agitación política y llamamientos a la dimisión del primer ministro, lo que sumió al país en una crisis política. El 12 de noviembre, 12 figuras de la oposición fueron detenidas por su papel en los violentos disturbios que incluyeron el asalto a la residencia del primer ministro y la hospitalización del presidente del Parlamento tras haber sido brutalmente golpeado por una multitud enfurecida.

Según la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en el peor momento del conflicto unas 90.000 personas de etnia armenia huyeron de los combates en Nagorno Karabaj hacia Armenia, y su desplazamiento no hizo sino empeorar los graves efectos que ya estaba teniendo la pandemia de COVID-19.

Las prometidas reformas judiciales y otras destinadas a combatir la corrupción continuaron estancadas, en parte debido a su fragmentación y a la incapacidad de sostener el cambio institucional. El conflicto y la pandemia también influyeron negativamente en las reformas por sus efectos devastadores en la economía y el sistema de atención de la salud. Los hospitales y el sector de la asistencia médica continuaron desbordados. Tuvieron serias dificultades para atender a un número cada vez mayor de pacientes durante la pandemia y la guerra. La ayuda económica del gobierno a quienes perdieron su trabajo y a las familias con hijos de corta edad fue limitada.

Ataques indiscriminados

Ambas partes del conflicto sobre Nagorno Karabaj causaron muertes y lesiones entre la población civil y daños generalizados en zonas civiles al usar contra áreas civiles densamente pobladas armas pesadas explosivas de amplio alcance, incluidos misiles balísticos y artillería de cohetes notoriamente imprecisa. Según pruebas verificadas, ambos bandos usaron municiones de racimo prohibidas por el derecho internacional humanitario, por ejemplo en un ataque contra Stepanakert/Jankendi (región de Nagorno Karabaj) el 4 de octubre, y en otro contra la ciudad de Bardá, en una zona bajo control del gobierno azerbaiyano, el 28 del mismo mes (véase el apartado sobre Azerbaiyán).1

Crímenes de guerra

Las fuerzas armenias cometieron crímenes de guerra en Nagorno Karabaj. Varios vídeos verificados ilustraban los malos tratos infligidos a prisioneros de guerra y otras personas capturadas, así como la profanación de cadáveres de soldados enemigos a manos del bando armenio. En uno de ellos se veía cómo asesinaban a un guardia de fronteras azerbaiyano cortándole el cuello.2

Libertad de expresión y de reunión

Los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica estuvieron restringidos durante todo el año, primero como consecuencia del estado de emergencia impuesto de marzo a septiembre en respuesta a la COVID-19, y después por la ley marcial declarada desde septiembre hasta el final del año en respuesta a las hostilidades con Azerbaiyán.

En virtud del estado de emergencia, el gobierno prohibió las reuniones de más de 20 personas y la publicación de “datos no oficiales” sobre asuntos relacionados con la pandemia, entre otras medidas. Las autoridades obligaron a 20 medios de comunicación a modificar o eliminar información que en su opinión contribuía a “crear pánico”. Las restricciones impuestas a los medios de comunicación se levantaron en abril tras las duras críticas de grupos nacionales e internacionales de defensa de los derechos.

La ley marcial volvió a imponer restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión y reunión. El 9 de octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohibía la difusión de “información no oficial” sobre el conflicto y las cuestiones de seguridad nacional, así como toda crítica pública a acciones militares y declaraciones de autoridades gubernamentales. En noviembre, tras la firma del alto el fuego, se invocaron las restricciones de la ley marcial sobre la libertad de reunión pacífica para prohibir las manifestaciones contra el gobierno que exigían la dimisión del primer ministro.

Degradación medioambiental

En abril, el gobierno propuso reformas legislativas que le permitirían reservarse información que pudiera “afectar negativamente al medioambiente”. Las ONG de defensa del medioambiente expresaron su preocupación porque consideraban que el gobierno intentaba reducir la transparencia sobre los asuntos ambientales para beneficiar a intereses mineros a expensas de las comunidades locales, todo ello en el contexto de las tensiones existentes sobre la mina de oro de Amulsar, en el sur de Armenia.

Los residentes locales bloqueaban el acceso a esta mina desde 2018 en protesta por el peligro que representaba para sus medios de vida y para el medioambiente. El 4 de agosto, cientos de activistas se concentraron en el yacimiento minero de Amulsar después de que el nuevo personal de seguridad de la empresa apartara por la fuerza a los residentes locales que estaban bloqueando el paso a la mina. El 5 de agosto, la policía detuvo a 12 personas en un violento enfrentamiento con personal de seguridad. En la capital, Ereván, la policía disolvió protestas simultáneas de apoyo a los activistas ambientales y detuvo a decenas de manifestantes pacíficos. Todas las personas detenidas en Amulsar y Ereván fueron sancionadas con multas administrativas por desobedecer a la policía, y quedaron en libertad.


  1. Armenia y Azerbaiyán: El primer uso confirmado de municiones de racimo por Armenia es “cruel y temerario” (noticia, 29 de octubre)
  2. Armenia y Azerbaiyán: Se insta a investigar con urgencia espantosos vídeos de decapitación y crímenes de guerra (noticia, 10 de diciembre)