En abril, las elecciones parlamentarias confirmaron un tercer mandato del Partido Socialista en el poder. Se cometieron violaciones del derecho a la privacidad de unos 900.000 ciudadanos y ciudadanas. Persistió la violencia contra mujeres, periodistas y personas LGBTI. La ausencia de una institución médica especializada hizo imposible cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo albanés.
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