Resumen

La discriminación y la violencia contra las personas LGBTI eran generalizadas, y la legislación contra ellas se vio reforzada. Se presentaron varios proyectos de ley para abordar reparaciones relacionadas con la esclavitud y sus secuelas. En numerosos estados se aplicó la prohibición total del aborto o se limitó severamente el acceso al mismo. La violencia de género afectaba de forma desproporcionada a las mujeres indígenas. El acceso a Estados Unidos de las personas solicitantes de asilo y migrantes continuaba estando plagado de obstáculos, pero algunas nacionalidades siguieron disfrutando del denominado Estatus de Protección Temporal. En varios estados se dieron pasos para restringir el derecho a la protesta. La población negra sufrió de forma desproporcionada el uso de fuerza letal por parte de la policía. No se registraron avances en la abolición de la pena de muerte, excepto en el estado de Washington. Seguía habiendo casos de detención arbitraria e indefinida en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba). Pese a que la violencia con arma de fuego estaba muy extendida, no se consideraron nuevas políticas de reforma al respecto, pero el presidente, Joe Biden, anunció la creación de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca. Estados Unidos siguió utilizando fuerza letal en países de todo el mundo. Las personas negras, de otros grupos racializados y de ingresos bajos soportaron la peor parte de las consecuencias que la actividad de la industria petroquímica tenía para la salud, y el uso de combustibles fósiles no disminuyó.