Siria

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Resumen

Las partes en el conflicto seguían cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos flagrantes contra los derechos humanos. Las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo ataques directos contra población e infraestructura civiles —incluidos hospitales y gasolineras— y ataques indiscriminados mediante bombardeos aéreos y de artillería en la gobernación de Idlib y en la zona rural del oeste de la gobernación de Alepo. También asediaron a la población civil en el sur de Siria y restringieron y negaron el acceso a la ayuda humanitaria en todo el país. Las fuerzas de seguridad sometieron arbitrariamente a detención ilegítima, tortura y otros malos tratos, y desaparición forzada a personas refugiadas que regresaban a su hogar. Las autoridades gubernamentales continuaron deteniendo arbitrariamente a decenas de miles de personas —entre las que había participantes en acciones pacíficas, personal de ayuda humanitaria, profesionales de la abogacía y periodistas— que, en muchos casos, eran objeto de desaparición forzada. El Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, continuó sometiendo a la población civil de Afrín y Ras al Ain, ciudades del norte del país, a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y secuestro. En el nordeste, la Administración Autónoma dirigida por el Partido de la Unión Democrática (PYD) detuvo arbitrariamente a niños y niñas en el campo de Al Hol y los trasladó a prisiones donde fueron recluidos con personas adultas. En el noroeste, el grupo armado de oposición Hayat Tahrir al Sham detuvo arbitrariamente y hostigó a activistas y periodistas. El gobierno no respondió con firmeza para frenar la propagación de la COVID-19 e impidió el acceso a asistencia médica a miles de personas en el sur y el nordeste del país. Decenas de miles de personas internamente desplazadas estaban expuestas a contraer la COVID-19 debido a las terribles condiciones de vida. Algunos países europeos investigaron y procesaron en sus tribunales nacionales, bajo el principio de jurisdicción universal, a individuos sospechosos de haber cometido crímenes de derecho internacional en Siria. La pena de muerte continuaba en vigor, y se tuvo noticia de ejecuciones.

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