Resumen

Aunque disminuyeron las hostilidades, el conflicto en Siria continuó, al tiempo que se deterioraban las condiciones económicas y sociales. Las partes en el conflicto seguían cometiendo impunemente abusos flagrantes contra los derechos humanos, violaciones graves del derecho internacional humanitario y crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra. Tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados de oposición y sus aliados llevaron a cabo ataques ilegítimos contra la población civil y contra infraestructuras civiles —como plantas de abastecimiento de agua y campos para personas desplazadas— mediante bombardeos aéreos y de artillería en el norte de Siria. Las autoridades gubernamentales, el Ejército Nacional Sirio y la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (en adelante, Administración Autónoma) sometieron a civiles a detención arbitraria, secuestro y desaparición forzada. El presidente Al Assad promulgó la primera ley de Siria contra la tortura, que no abordaba la impunidad ni resarcía a las víctimas y sus familias, y ratificó una nueva ley sobre ciberdelincuencia que tipificaba como delito las críticas a las autoridades o a la Constitución en Internet. El grupo armado de oposición Hayat Tahrir al Sham y la Administración Autónoma continuaron imponiendo restricciones a la libertad de expresión y de reunión. El gobierno siguió impidiendo que residentes y personas internamente desplazadas en el noroeste de Siria pudieran disfrutar de sus derechos económicos y sociales, llegando incluso a obstaculizar la ayuda humanitaria a las personas desplazadas en el campo de Al Rukban, cerca de la frontera con Jordania.