Resumen

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a detención arbitraria a miles de personas. Decenas de manifestantes, profesionales de la abogacía, periodistas, personas críticas y activistas fueron detenidos y sometidos a tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, y obligados a realizar “confesiones” ante las cámaras. Las milicias y los grupos armados hicieron uso ilegítimo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas en todo el país. Decenas de personas fueron detenidas, procesadas o condenadas a largas penas de prisión o a muerte por sus creencias religiosas, por su identidad de género u orientación sexual real o supuesta, o por su activismo LGBTI. Autoridades, milicias y grupos armados impusieron severas restricciones al espacio cívico y al acceso humanitario a las comunidades afectadas, y emprendieron campañas de difamación contra grupos tanto internacionales como libios de defensa de los derechos humanos. Las milicias y los grupos armados mataron e hirieron a civiles y destruyeron bienes de carácter civil durante enfrentamientos esporádicos y localizados. La impunidad seguía siendo generalizada, y las autoridades financiaban a milicias y grupos armados que cometían abusos. Las mujeres y las niñas sufrían discriminación y violencia arraigadas. Las minorías étnicas y las personas internamente desplazadas encontraban obstáculos para acceder a la educación y la atención médica. Los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea y la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad interceptaron a miles de personas refugiadas y migrantes en el mar y las devolvieron a centros de detención en Libia. Las personas migrantes y refugiadas detenidas sufrieron tortura, homicidios ilegítimos, violencia sexual y trabajo forzoso.