Resumen

Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. El Tribunal Penal Especializado impuso largas penas de prisión a varias personas por expresarse o asociarse pacíficamente, o por constituir organizaciones comunitarias, tras juicios manifiestamente injustos. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento en prisión y fueron sometidos a prohibiciones arbitrarias de viajar tras ser puestos en libertad condicional. Los tribunales aplicaron la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso en casos de personas que eran menores de edad en el momento de cometerse el presunto delito, y se llevaron a cabo ejecuciones por una gran variedad de delitos. Miles de personas fueron sometidas a desalojos forzosos en la ciudad costera de Yeda. Los trabajadores y trabajadoras migrantes continuaban sufriendo abusos y explotación bajo el sistema de patrocinio, y miles de personas fueron detenidas arbitrariamente en condiciones inhumanas, sometidas a tortura y otros malos tratos y devueltas a su país de origen en el marco de la represión ejercida contra las personas migrantes indocumentadas en todo el país. Entró en vigor la primera ley sobre la condición jurídica de la persona, que codificaba la tutela masculina y la discriminación de las mujeres.