Los casos de violencia de género y de embarazo precoz siguieron en aumento. El cambio climático y la mala gestión de las infraestructuras por el Estado agravaron los efectos de dos inundaciones en la provincia de KwaZulu-Natal. Las personas desplazadas por las inundaciones no pudieron acceder a medicamentos y atención de la salud, y el abastecimiento de agua se interrumpió. Las condiciones de saneamiento en las escuelas públicas eran deficientes. El número de familias que vivían en asentamientos informales aumentó. El movimiento contra las personas migrantes Operación Dudula se extendió a tres provincias más. La violencia xenófoba dio lugar a lesiones y pérdidas de vidas. La policía siguió empleando fuerza excesiva en sus intentos de sofocar protestas; se violó el derecho a la vida y a la seguridad de la persona. Las autoridades no garantizaron el cumplimiento por parte de la industria minera de normas para evitar violaciones de derechos humanos. No existía legislación para que el gobierno y las empresas rindieran cuentas de sus compromisos climáticos.
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