Resumen

Las milicias, los grupos armados y las fuerzas de seguridad continuaban sometiendo a detención arbitraria a miles de personas, algunas desde hacía más de un decenio, sin permitirles impugnar la legalidad de su detención. Decenas de periodistas, figuras políticas, personas empleadas del gobierno y activistas de la sociedad civil fueron objeto de secuestro, desaparición forzada y tortura u otros malos tratos por su filiación política, regional o tribal real o supuesta y/o su activismo relacionado con las elecciones previstas. Las milicias y los grupos armados mataron o hirieron a civiles y destruyeron bienes civiles en enfrentamientos esporádicos localizados. Los ataques de los grupos armados contra infraestructuras hidráulicas menoscabaron el acceso a agua potable de millones de personas. Las autoridades siguieron integrando en las instituciones estatales y financiando a milicias y grupos armados responsables de crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos, y no protegieron a las mujeres, las niñas y las personas LGBTI de la violencia sexual y de género ni abordaron la discriminación. Las minorías étnicas y las personas internamente desplazadas encontraban obstáculos para acceder a la educación y la atención de la salud. Las milicias y las fuerzas de seguridad hicieron uso de medios letales y otras formas de violencia para detener arbitrariamente a miles de personas migrantes y refugiadas, y los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea interceptaron en el mar a miles de personas y las devolvieron a Libia para proceder a su detención. Las personas migrantes y refugiadas detenidas sufrieron tortura, homicidios ilegítimos, violencia sexual y trabajo forzoso. Los tribunales militares declararon culpables a decenas de civiles en juicios manifiestamente injustos.