Resumen

Las milicias, grupos armados y terceros Estados que respaldaban a las partes beligerantes cometieron con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Los combates librados en la capital, Trípoli, y sus alrededores y en otras ciudades del oeste del país entre fuerzas leales al Gobierno de Acuerdo Nacional y las Fuerzas Armadas Árabes Libias mataron e hirieron a civiles, provocaron desplazamientos masivos y causaron daños en infraestructura civil, incluidos hospitales. En violación del embargo de armas de la ONU, Turquía, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros países, continuaron suministrando a sus aliados armas y equipos militares, incluidas minas terrestres antipersonal prohibidas. Miles de personas estaban recluidas arbitrariamente, sin juicio ni posibilidad de impugnar la legalidad de su detención. Las milicias y los grupos armados secuestraban a manifestantes, periodistas, profesionales de la medicina, personal del gobierno y activistas de la sociedad civil, entre otras personas, por su afiliación política, regional o tribal y su nacionalidad, reales o percibidas; tomaban rehenes para exigir rescate, e infligían tortura u otros malos tratos en centros de detención oficiales y no oficiales. Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguieron siendo objeto de discriminación y de violencia. Las minorías étnicas tenían dificultades para acceder a atención sanitaria adecuada y a otros servicios esenciales. Autoridades, miembros de grupos armados y milicias, y bandas delictivas sometían sistemáticamente a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes detenidas a tortura y otros malos tratos, homicidio ilegítimo, violencia sexual y trabajo forzoso. Los tribunales militares impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.