Resumen

El conflicto armado entre Israel y grupos armados palestinos en la Franja de Gaza que estalló en mayo conllevó posibles crímenes de lesa humanidad y, al parecer, crímenes de guerra. Ataques desproporcionados e implacables de las fuerzas israelíes causaron la muerte de 242 personas palestinas en Gaza. Los ataques ilegítimos israelíes incluyeron ataques selectivos contra instalaciones y personal médicos. Israel mantuvo su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, que infligía un castigo colectivo a sus residentes y agravaba la crisis humanitaria en ese territorio, y restringía arbitrariamente la libertad de circulación de la población palestina en Cisjordania. Las autoridades israelíes sometieron a la población palestina a desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, todo ello con impunidad casi total. El sistema discriminatorio de gobierno impuesto por Israel a la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados constituía apartheid, que es un crimen de derecho internacional. El Ministerio de Defensa catalogó como “terroristas” a seis organizaciones palestinas de la sociedad civil en octubre. Se encarceló a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar. Las leyes sobre divorcio y otras relativas a la condición personal cuya aplicación era competencia de tribunales religiosos continuaron discriminando a las mujeres, y la violencia de género en el ámbito familiar aumentó durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades negaban a quienes solicitaban asilo el acceso a un proceso imparcial y rápido de determinación de la condición de persona refugiada y apoyo económico. Israel transfirió 5.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 a las autoridades palestinas, cuando ya había enviado miles de dosis a aliados diplomáticos.