Las autoridades ugandesas siguieron criminalizando las protestas sin base legal para ello. El Estado empleó la detención preventiva y cargos penales para impedir las críticas, y las autoridades ordenaron el cierre de una agrupación en favor de los derechos LGBTI. El presidente otorgó a los comités de seguridad de distrito mayores facultades para autorizar desalojos, lo que aumentó el riesgo de que se produjeran desalojos forzosos. Los planes de construir el oleoducto de crudo de África Oriental amenazaban con dañar el medioambiente y afectar negativamente a los medios de vida y la salud de comunidades. El país albergaba a casi 1,5 millones de personas refugiadas, de las que más de 100.000 habían llegado en 2022.
Leer másRetains the death penalty in law
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.