Todas las partes en el conflicto armado lanzaron ataques indiscriminados que se cobraron la vida de centenares de civiles. Se reprimió el derecho a la libertad de expresión, y dos periodistas fueron víctimas de homicidio y varios más (tanto hombres como mujeres) sufrieron palizas, amenazas, hostigamiento, intimidación y detención arbitraria. La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 continuó siendo insuficiente, y, hasta diciembre, sólo se había vacunado al 5,1% de la población. El personal sanitario estaba especialmente expuesto al riesgo de contagio y sus condiciones de trabajo eran deficientes e inseguras. Cientos de miles de personas tuvieron que desplazarse. En Somalilandia, las autoridades siguieron censurando a periodistas y a personas con opiniones críticas, y llevaron a cabo grandes desalojos y traslados forzosos de personas en la localidad de Las Anod.
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