La situación de los derechos humanos en toda China siguió empeorando. Activistas y abogados y abogadas de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos, así como tortura y otros malos tratos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. El gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. Se separó a miles de niños y niñas uigures de sus progenitores. En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional permitió que se cometieran violaciones de derechos humanos sin precedentes desde la creación de la Región Administrativa Especial, y hubo avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.
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