El año estuvo marcado por la dura represión ejercida contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas a las que se identificaba como disidentes, además de por la represión sistemática de las minorías étnicas. A principios de año, brotó en Wuhan la COVID-19, que segó la vida de más de 4.600 personas en China. La población exigió libertad de expresión y transparencia después de que las autoridades amonestasen a profesionales de la salud que habían advertido sobre el virus. En la ONU, China fue criticada con dureza e instada a permitir de inmediato el acceso real y sin trabas a Sinkiang. La libertad de expresión continuó sometida a estrictas restricciones. Las personas extranjeras que ejercían el periodismo en China sufrieron detenciones y expulsiones, así como retrasos sistemáticos en la renovación de sus visados, cuando no su denegación. En el extranjero, empresas de tecnología chinas y de otras nacionalidades bloqueaban el contenido que el gobierno consideraba políticamente delicado, haciendo extensivas las normas de censura al ámbito internacional. China promulgó su primer Código Civil, cuyo borrador había recibido miles de comentarios del público pidiendo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong dio lugar a represión de la libertad de expresión.
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