Resumen

En algunos casos, las severas restricciones por la COVID-19 socavaron los derechos a la salud y a una alimentación adecuada. El gobierno continuó sofocando las críticas a sus políticas y acciones, así como los debates sobre temas considerados delicados, a través de una censura online cada vez más omnipresente. Se detuvo y recluyó arbitrariamente a personas que criticaban al gobierno, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a activistas en favor de la democracia y a personas religiosas, tanto dirigentes como practicantes. Continuó la represión sistemática de las minorías étnicas en Xinjiang y Tíbet. Las autoridades trataron de evitar la publicación de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) que documentaba posibles crímenes contra la humanidad y otros crímenes de derecho internacional cometidos en Xinjiang. Las mujeres continuaron sufriendo hostigamiento y violencia sexual y otras violaciones de sus derechos. El gobierno de Hong Kong continuó su represión contra el movimiento en favor de la democracia. Se procesó y encarceló a periodistas de prensa, radio y televisión y a responsables de editoriales en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y otra legislación represiva, al tiempo que varias organizaciones de la sociedad civil en Hong Kong y en el extranjero se enfrentaban a cargos u hostigamiento por actividades legítimas. Aunque se adoptaron algunos compromisos positivos, entre ellos incrementar el uso de las energías renovables, los objetivos de China en cuanto a la reducción de emisiones de carbono fueron calificados de muy insuficientes, y la producción de carbón aumentó.