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TOGO 2020

Se restringió el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La policía usó fuerza excesiva, en particular para hacer cumplir las restricciones asociadas a la COVID-19. Profesionales de la salud protestaron por la falta de equipos de protección individual y las deficientes condiciones, y la población reclusa corría el riesgo de contraer la COVID-19. Persistió la violencia contra las mujeres.

Información general

En febrero, el presidente fue reelegido para un mandato de cuatro años mientras que la oposición denunció presunto fraude electoral e irregularidades. El candidato Agbéyomé Kodjo se autoproclamó presidente y fue acusado de “alterar el orden público” y “atentar contra la seguridad interna del Estado” tras instar al ejército a movilizarse contra el gobierno. Se suspendió su inmunidad parlamentaria y estuvo detenido durante tres días en abril. Tras su liberación, quedó bajo supervisión judicial. Sus partidarios también fueron objeto de detención y enjuiciamiento.

El gobierno aplicó medidas que restringían el derecho a la libertad de circulación y de reunión pacífica, y excarceló a 1.048 personas presas en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Detención y reclusión arbitrarias

Brigitte Kafui Adjamagbo y Gérard Yaovi Djossou, miembros de una coalición de partidos de oposición y organizaciones de las sociedad civil, fueron detenidos por la policía en noviembre y acusados formalmente de “asociación para delinquir” y “atentado contra la seguridad interna del Estado” en relación con protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales y el hostigamiento a partidarios de la oposición. Quedaron bajo supervisión judicial tras pasar alrededor de tres semanas detenidos.

Tortura y otros malos tratos

Continuó el uso de la tortura bajo custodia policial. El 23 de abril, la policía detuvo a Kokou Langueh, quien afirmó que, durante su reclusión en las dependencias de la Dirección Central de la Policía Judicial, en Lomé, la policía lo había golpeado en la espalda y en las nalgas durante varias horas para obtener una “confesión” sobre su relación con Agbéyomé Kodjo. Quedó en libertad sin cargos el 30 de abril.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión. El nuevo Código de Prensa y Comunicación, de 7 de enero, permitía sancionar a los profesionales de la información con cuantiosas multas por insultar al presidente, los miembros del Parlamento o los integrantes del gobierno.

En febrero se cerró Internet el día de las elecciones. Mientras tanto, las comunicaciones electrónicas de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y otras personas quedaron sometidas a vigilancia.

En marzo, la Autoridad Superior de Medios Audiovisuales y Comunicación ordenó la suspensión de los periódicos Liberté y L’Alternative durante 15 días y 2 meses, respectivamente, por haber publicado acusaciones “graves, infundadas y calumniosas” contra el embajador de Francia. El periódico Fraternité también fue suspendido por dos meses tras publicar un artículo en el que se criticaban estas suspensiones.

En abril se detuvo a François Doudji y Béni Okouto, del Colectivo de Asociaciones contra la Impunidad en Togo, y al periodista Teko-Ahatefou Aristo cuando actuaban como observadores de una intervención policial en la casa de Agbéyomé Kodjo. Fueron interrogados en el Servicio Central de Inteligencia y de Investigación Criminal y puestos en libertad al día siguiente.

En noviembre, el periódico L’Alternative y su director de publicaciones fueron sancionados con sendas multas de dos millones de francos CFA (3.702 dólares estadounidenses) por difamación y obligados a indemnizar al denunciante por un artículo sobre malversación de fondos.

Libertad de reunión

La policía impidió que el Movimiento Conciencia Mandela celebrase su presentación oficial como organización en julio, sin dar ninguna explicación.

Las autoridades prohibieron reuniones y protestas pacíficas, incluidas las manifestaciones relacionadas con los polémicos resultados electorales, sobre todo entre agosto y octubre.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas asociadas a la COVID-19 y para dispersar a manifestantes pacíficos.

En marzo, Émile Bousse murió por disparos de un soldado en Agoègan, en la frontera entre Togo y Benín. Se había negado a cumplir órdenes cuando lo detuvieron por cruzar la frontera, que estaba cerrada a causa de la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Seguridad dijo que el soldado había sido arrestado.

En abril, Gueli Kodjossé murió en el distrito de Avedji, en la capital, Lomé, a causa de lesiones que había sufrido. El ministro de Seguridad declaró que había muerto como consecuencia de la epilepsia que padecía. Sin embargo, su familia afirmó que no era epiléptico, sino que había muerto por los golpes propinados por las fuerzas de seguridad durante el toque de queda. Dodji Koutouatsi murió en abril, tras haber sido golpeado por las fuerzas de seguridad cuando salió durante el toque de queda.

En el mismo mes, las autoridades abrieron investigaciones sobre muertes de personas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley que controlaban el toque de queda impuesto con motivo de la COVID-19.

En mayo, Agbendé Kpessou murió en Avedji por disparos de un agente de policía tras desobedecer una orden durante un altercado con dos soldados. Las autoridades abrieron una investigación, pero al terminar el año no se disponía de más información sobre sus progresos.

En septiembre, las fuerzas de seguridad mataron a una persona e hirieron a otras al usar botes de gas lacrimógeno para dispersar una celebración tradicional en la prefectura de Doufelgou.

Derecho a la salud

Personal sanitario

El personal sanitario carecía de equipos de protección individual adecuados y denunció la falta de una bonificación a modo de incentivo. En agosto, personal del Hospital Universitario de Lomé amenazó con declararse en huelga y se manifestó en las instalaciones del hospital para reclamar equipos de protección individual y la mejora de las condiciones sanitarias. En septiembre, las autoridades hicieron un seguro de salud a todo el personal médico. En noviembre, el gobierno anunció una bonificación única de 50.000 francos CFA (alrededor de 92 dólares estadounidenses) para todos los profesionales de la salud.

Población reclusa

Tras el resultado positivo en las pruebas de COVID-19 del 6% de una muestra de 283 personas recluidas en la prisión de Lomé, un grupo de reclusos inició un motín para reclamar su liberación o su reubicación en centros penitenciarios más seguros. Los guardias sofocaron las protestas con gas lacrimógeno.

Violencia contra mujeres y niñas

El Fondo de Población de la ONU registró 839 casos de violencia de género, entre ellos 13 violaciones, entre enero y junio. Las mujeres y las niñas corrían un riesgo cada vez mayor de sufrir violencia de género en el ámbito familiar al restringir las medidas asociadas a la COVID-19 su libertad de circulación.