Togo 2023
Las autoridades reprimían el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La libertad de los medios de comunicación estaba amenazada: se suspendían periódicos y se condenaba a periodistas a penas de prisión por “difamación” o publicación de noticias “falsas”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental dictó sentencia en tres causas; y denunció incidentes de tortura y otros malos tratos a personas privadas de libertad, así como de detención y reclusión arbitrarias en el país. Las ONG presentaron denuncias de corrupción oficial. El acceso a los servicios de salud materna se veía dificultado por la escasez de personal, el deterioro del material y la deficiente calidad de la atención.
Información general
Según el gobierno, los ataques de grupos armados y los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados se saldaron con al menos 31 muertes —incluidas las de 11 civiles— y 29 personas heridas en la región de Savanes, en la frontera con Burkina Faso. Togo acogía a 9.965 personas refugiadas, principalmente de Burkina Faso, y otras 7.077 personas se hallaban en situación de desplazamiento interno como consecuencia de los ataques.
Las elecciones legislativas y regionales se pospusieron de diciembre al 13 de abril de 2024.
Libertad de expresión y de reunión
El 1 de febrero, la Alta Autoridad de los Medios Audiovisuales y la Comunicación suspendió los periódicos Liberté y Tampa Express durante 3 meses. La decisión de suspender Tampa Express se tomó tras interponer el director general de la empresa Africa Global Logistics en Togo una demanda contra el periódico por “difamación y publicación de información falsa”. La suspensión de Liberté tuvo lugar después de que, el 12 de enero, el Tribunal de Apelación de Lomé impusiera al director del periódico y a un periodista de la redacción sendas multas de 5 millones de francos CFA (unos 8.176 dólares estadounidenses) por “difusión de noticias falsas y ofensas al primer ministro”. Las multas fueron consecuencia de una denuncia presentada por el primer ministro en septiembre de 2022. El 2 de marzo, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Alta Autoridad de los Medios Audiovisuales y la Comunicación de suspender Liberté.
El 15 de marzo, Ferdinand Ayité, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y director del periódico L’Alternative, fue condenado junto con Isidore Kowonou, redactor jefe del mismo periódico, a 3 años de prisión y al pago de una multa de 3 millones de francos CFA (unos 4.828 dólares) por “desacato a la autoridad” y “propagación de afirmaciones falsas”. Ayité había acusado de corrupción a 2 miembros del gobierno. Los periodistas recurrieron la sentencia, pero huyeron del país para evitar cumplir sus condenas.
El director de Tampa Express fue citado en la Dirección de la Policía Judicial el 20 de septiembre para ser interrogado en relación con las fuentes de un artículo sobre unas acusaciones de corrupción en el concurso para cubrir puestos en la función pública.
Dos periodistas estuvieron detenidos durante 18 días después de que el ministro de Urbanismo los acusara de actos tales como “difamación” e “incitación a la revuelta” por haber informado sobre el robo de dinero de la residencia del ministro. En diciembre fueron puestos en libertad con fianza bajo supervisión judicial y les confiscaron los pasaportes.
Se interrumpió el acceso dentro de Togo al sitio web perteneciente a la plataforma de la sociedad civil Togo en Pie (Togo Debout). Los representantes de esta agrupación creían que las autoridades habían causado la interrupción como respuesta a la tendencia de la plataforma a criticar las políticas y acciones del gobierno.
El 11 de octubre, las autoridades prohibieron una ceremonia organizada por ONG para presentar un proyecto encaminado a fortalecer la sociedad civil y garantizar la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La prohibición no se había notificado formalmente con antelación.
Tortura y otros malos tratos
El 7 de junio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ordenó la liberación inmediata de 10 personas que estaban recluidas sin juicio desde 2019 por cargos de vulnerar la seguridad del Estado. El tribunal también ordenó que el Estado procediera al pago de indemnizaciones a cada uno de los demandantes por su reclusión prolongada y los malos tratos sufridos bajo custodia, y que investigara los malos tratos. Sin embargo, las 10 personas en cuestión permanecieron privadas de libertad.
El 5 de julio, el mismo tribunal ordenó que el Estado pagara indemnizaciones a Agbogbo Kossi Edem por la violación de sus derechos humanos tras haber sido detenido y golpeado por agentes de seguridad cuando participaba en una manifestación para reclamar la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El tribunal falló que su reclusión había sido arbitraria y ordenó que el Estado investigara los malos tratos.
En noviembre, el tribunal de la CEDEAO ordenó la liberación inmediata de 15 personas detenidas en relación con las manifestaciones de agosto de 2017 y condenó al Estado a pagar una indemnización a cada una de ellas. El tribunal afirmó que se había violado el derecho de estas personas a recibir protección frente a la tortura y otros malos tratos y frente a la detención arbitraria.
Derechos económicos, sociales y culturales
En enero, un informe del Tribunal de Cuentas reveló importantes irregularidades en la gestión del Fondo de Respuesta y Solidaridad ante la COVID-19, establecido para combatir los efectos de la pandemia y sus consecuencias económicas. En mayo, algunas ONG y profesionales de la abogacía citaron este informe en una causa entablada ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO en la que denunciaban la inacción de las autoridades para prevenir y combatir la corrupción.
Derecho a la salud
El acceso a los servicios de salud materna se veía dificultado por la escasez de personal, el deterioro del material y la deficiente calidad de la atención.1 Estas deficiencias tenían consecuencias negativas para la atención que se ofrecía a las pacientes en las consultas prenatales y en los partos. En algunas unidades de maternidad no había suficiente personal, ni material básico adecuado ni las instalaciones sanitarias necesarias para prestar una atención digna a las pacientes, mientras que las matronas se esforzaban por sacar adelante cargas de trabajo excesivas.