Ghana 2024
Se restringía el derecho a la libertad de reunión pacífica. Los derechos de las mujeres y las niñas continuaban amenazados. Se promulgó finalmente un proyecto de ley sobre medidas positivas para promover la igualdad de género. Se aprobó en el Parlamento un proyecto de ley contra las personas LGBTI, si bien los recursos judiciales retrasaron su promulgación. Se lograron importantes avances en la lucha contra la malaria. La minería ilegal tuvo un impacto negativo sobre el medioambiente y los medios de subsistencia de quienes se dedicaban al cultivo del cacao.
Información general
En enero, seis personas, entre ellas tres soldados, fueron condenadas a muerte por un intento de golpe de Estado perpetrado en 2021. La Constitución seguía permitiendo la pena de muerte por alta traición.
La inflación al consumo, pese a haberse situado muy por debajo de la hiperinflación registrada en 2023, seguía siendo alta, y en diciembre ascendía al 23,8%. En octubre, los tenedores de bonos internacionales acordaron reducir la deuda de Ghana, de 13.000 millones de dólares estadounidenses, en un 37%. Se producían cortes frecuentes de electricidad debido a la escasez de gas.
John Dramani Mahama ganó las elecciones presidenciales celebradas en diciembre.
Libertad de expresión y de reunión
Ghana mejoró su posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 publicada por Reporteros sin Fronteras, situándose en el puesto 50 de los 180 países analizados, lo que supuso un ascenso de 12 posiciones respecto a 2023. Sin embargo, los niveles de intimidación y violencia contra periodistas seguían siendo altos.
En enero, un diputado del partido gobernante y sus partidarios agredieron físicamente a un periodista en Yendi durante las primarias parlamentarias del partido, antes de las elecciones generales previstas para diciembre. En mayo, el Colegio de Periodistas de Ghana pidió a todos los políticos que condenaran las agresiones a miembros de este gremio, después de que simpatizantes del partido gobernante agredieran físicamente a otro colega que cubría actos políticos en la ciudad de Tamale.
En julio se prohibió una protesta prevista en la capital, Acra, convocada para exigir al gobierno que tomara medidas ante la crisis del coste de la vida; la prohibición se dictó a petición de la policía, que alegó falta de personal suficiente para garantizar la seguridad. En septiembre hubo más de 50 detenciones durante las protestas en Acra contra las acusaciones de corrupción relacionadas con la minería ilegal. Todas las personas detenidas fueron puestas en libertad posteriormente pero, al terminar el año, 31 seguían enfrentándose a diversos cargos, como reunión ilegal, daños ilegales y “conducta ofensiva propiciadora de alteraciones del orden público”.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Los derechos de las mujeres y las niñas continuaban amenazados. En abril, un grupo de activistas condenó el matrimonio de una niña de 12 años con un sacerdote. La niña quedó bajo protección policial, pero no se practicó ninguna detención.
También en abril, la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa organizó un diálogo con 25 partes interesadas, autoridades gubernamentales incluidas, en el que se pidió al presidente que firmara la entrada en vigor de una ley que tipificaba como delito las acusaciones de brujería; el proyecto de ley en cuestión había obtenido la aprobación del Parlamento en 2023. Cientos de mujeres acusadas en las zonas del norte y el noreste del país permanecían en los denominados “campos de brujas”, a los que habían huido después de que sus comunidades las rechazaran.
El Proyecto de Ley de Disposiciones Positivas (Igualdad de Género) para aumentar la participación de las mujeres en la vida pública obtuvo la aprobación del Parlamento en julio; el presidente firmó su entrada en vigor en septiembre. Con la nueva ley se aspiraba a elevar la participación de las mujeres al 30% para 2026 y al 50% para 2030.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Los derechos de las personas LGTBI se vieron aún más menoscabados. En febrero, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley de Derechos Humanos Sexuales y Valores Familiares, que criminalizaba aún más a las personas LGTBI e introducía penas de prisión para cualquiera que defendiera los derechos de esa población. En marzo, el presidente declaró que esperaría a conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados contra el proyecto de ley antes de decidir si lo firmaba. En diciembre, el Tribunal Supremo rechazó los dos recursos, alegando que no podía examinar el proyecto de ley puesto que aún no tenía rango de ley. Al finalizar el año, el presidente no había firmado la entrada en vigor de la ley.
En julio, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de inconstitucionalidad relativo a la violación del derecho a la intimidad y confirmó el artículo 104 del Código Penal de 1960 (Ley 29), incluida la tipificación como delito del “trato carnal antinatural”. Se interpretaba que quedaban incluidas en él las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los precios de los alimentos seguían siendo elevados y ponían en peligro el derecho a la alimentación y a la salud. En julio, un reportaje de BBC News señaló que, para economizar, la juventud consumía menos proteínas y reducía el número de comidas. La inflación alimentaria alcanzó un máximo del 29,6% en marzo.
Se lograron avances en la lucha contra la malaria. En abril, la OMS informó de que, hasta septiembre de 2023, se había vacunado a más de 700.000 niños y niñas en siete regiones y de que la prevalencia de la malaria en menores de cinco años había pasado del 20,6% en 2016 al 8,6% en 2023. La OMS informó también de que las muertes hospitalarias por malaria habían descendido de 428 en 2018 a 155 en 2022.
En septiembre, UNICEF comunicó que Ghana había administrado un millón de dosis de la vacuna contra la malaria desde 2019, lo que había reducido significativamente los casos de malaria grave, y anunció la ampliación de la administración de la vacuna a otros 125 distritos entre 2025 y 2029.
Derecho a un medioambiente saludable
La minería y la tala ilegales tuvieron un impacto ambiental nefasto.
Según datos actualizados en 2024 por la plataforma digital Global Forest Watch, Ghana había perdido 1,64 millones de hectáreas de cubierta arbórea entre 2001 y 2023, lo que suponía una pérdida del 24% respecto al año 2000. En octubre, la plataforma registró 5.170 alertas de deforestación en una sola semana.
El precio del cacao siguió subiendo con fuerza debido a la disminución de las cosechas de las tierras que, según los productores de cacao, habían sido destruidas por la minería ilegal a pequeña escala —conocida como galamsey—, así como por el cambio climático. Sólo en marzo, los precios aumentaron un 60% o más. Además, el organismo regulador del sector del cacao de Ghana informó de que había 500.000 hectáreas infectadas por el virus del brote inflamado del cacao, un problema que podía haberse visto agravado por la deforestación y el cambio climático.
En abril, en reconocimiento de los daños causados a los medios de subsistencia, el gobierno anunció una subida del 50% del precio pagado a quienes cultivaban el cacao. Sin embargo, la comunidad agrícola protestó, alegando que el aumento era insuficiente ante el precio de ese producto en el mercado internacional.
En octubre, un grupo de activistas denunció los efectos de la minería ilegal en los ríos, después de que un informe publicado por la empresa de aguas de Ghana revelara que el 60% de los cursos de agua estaban demasiado contaminados para poder ser tratados. El grupo pidió al gobierno que suspendiera los contratos mineros y que adoptara más medidas para acabar con la minería ilegal.
Seguían llegando al país desde el extranjero prendas textiles usadas procedentes de la industria de la moda rápida, que se introducían en mercados de segunda mano —como el de Kantamanto, en Acra—, para finalmente ser desechadas por su mala calidad. Grandes volúmenes de estas prendas acababan en las playas y contaminaban ríos, lagunas y el mar.