GHANA 2020
Se indultó a más de 1.000 personas presas y se conmutaron algunas condenas a muerte por cadena perpetua. Continuó el grave hacinamiento en las cárceles, y las condiciones de reclusión eran deplorables. Las mujeres sufrían discriminación y violencia por motivos de género. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales seguían sufriendo discriminación. El personal sanitario estaba especialmente expuesto a la infección de COVID-19.
Información general
En diciembre, el presidente fue reelegido para un segundo mandato.
El año se caracterizó por la restricción de los derechos humanos y la imposición de medidas punitivas en el marco de la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19. Con el fin de controlar la propagación de la COVID-19, el gobierno presentó el proyecto de Ley de Imposición de Restricciones, que fue aprobado el 21 de marzo y estableció medidas que suponían importantes restricciones del derecho a la libertad de circulación y de reunión pacífica. En virtud de un instrumento ejecutivo (conocido como EI 164) adoptado en junio, toda persona que no llevase mascarilla en lugares públicos podía ser multada con un máximo de 60.000 cedis (alrededor de 10.000 dólares estadounidenses) y/o condenada a entre 4 y 10 años de prisión.
Derechos de las mujeres
Discriminación
No se cumplió la promesa del presidente de garantizar la entrada en vigor del proyecto de Ley de Disposiciones Positivas, que tenía por objeto aumentar la participación política de las mujeres.
Violencia contra las mujeres
El 23 de julio, una muchedumbre mató a golpes a Akua Denteh —de 90 años— en Kafaba, una localidad del distrito de East Gonja (región de Savannah), por presunta brujería. Entre julio y agosto, la policía detuvo a varias personas presuntamente implicadas en el homicidio. En agosto, la ministra de Género, Infancia y Protección Social prometió ayudar a las mujeres de los campos para “brujas” con medidas como inscribirlas en el programa Mejora de los Medios de Subsistencia para Luchar contra la Pobreza (LEAP). Los medios de comunicación informaron de que, el 29 de agosto, otra mujer también acusada de brujería había sido atacada y herida de gravedad en la región de Savanah.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación. Las relaciones homosexuales consentidas entre varones seguían estando penalizadas. Los líderes religiosos y políticos y los medios de comunicación usaban discursos de odio que contribuían a crear un clima de miedo, hostilidad e intolerancia hacia el colectivo LGBTI.
Derecho a la salud
Personal sanitario
La limitada disponibilidad de equipos de protección individual para el personal sanitario y las deficiencias de los servicios de salud debido a la insuficiente inversión en ellos obstaculizaron los esfuerzos por combatir la pandemia de COVID-19. En abril, el Hospital Regional de Gran Accra de la capital, que había sido designado principal centro de salud para el tratamiento de pacientes de COVID-19, tenía sólo cuatro camas destinadas específicamente a ellos. En agosto se estableció con fondos privados en el hospital de Ga Este de Accra el Centro de Aislamiento y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, que tenía 100 camas. Hasta julio, según el director general del Servicio de Salud de Ghana, unos 2.065 profesionales de la salud se habían infectado con coronavirus y 6 habían muerto debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19.
Condiciones de reclusión
En marzo y en junio, el presidente indultó a cientos de personas presas en un intento de mitigar los peligros para la salud causados por el hacinamiento, sobre todo en vista de los riesgos que planteaba la pandemia de COVID-19. Se beneficiaron de esta medida 1.555 personas encarceladas por primera vez por la comisión de un delito y que habían cumplido ya la mitad de sus penas, así como 15 reclusos gravemente enfermos y 19 de edad avanzada. Se conmutaron por cadena perpetua las condenas a muerte de 9 presos, y por 20 años de prisión las de cadena perpetua de otros 4. No obstante, continuó el hacinamiento crónico en las cárceles, y las condiciones de reclusión eran deficientes. Según la base de datos World Prison Brief, en noviembre había 13.333 personas presas; y, según estadísticas de la Administración Penitenciaria, éstas se hallaban recluidas en 44 prisiones con capacidad conjunta para sólo 9.945. La población reclusa recibía una alimentación insuficiente y de mala calidad, y los niveles de atención médica e higiene eran manifiestamente inadecuados.
Desalojos forzosos
En abril, durante el confinamiento decretado en el periodo de mayor incidencia de la pandemia de COVID-19, la Asamblea Metropolitana de Accra supervisó demoliciones de viviendas en el barrio marginal de Old Fadama de Accra. Se calculaba que 1.000 residentes se quedaron sin hogar y, por tanto, más expuestos a contraer la COVID-19 al no adoptar el gobierno medida alguna para proporcionarles una vivienda alternativa.
Degradación medioambiental
En enero, varias ONG y activistas ambientales presentaron una notificación de demanda civil contra el gobierno por violar el derecho constitucional a la vida y la dignidad —que consideraban que abarcaba el derecho al disfrute de un medioambiente seguro y saludable— como consecuencia de una propuesta de proyecto minero para la Reserva Forestal de la Sierra de Atewa, en la Región Oriental. Previamente, el gobierno había firmado un memorándum de entendimiento con China que permitiría el acceso de este país a los yacimientos de bauxita a cambio de la financiación de proyectos de infraestructuras como carreteras y puentes. Según los demandantes, el proyecto minero tendría un impacto negativo en el suministro de agua, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. En noviembre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó una resolución en la que se instaba al gobierno a detener todas las operaciones relacionadas con la minería y otras actividades destructivas en la Reserva Forestal de la Sierra de Atewa y a declarar ésta parque nacional para garantizar su conservación.