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REPÚBLICA DEL CONGO 2020

Continuaban la intimidación, el hostigamiento y la detención arbitraria de activistas de la esfera política y miembros de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica fue objeto de restricciones, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. El derecho a la salud se vio obstaculizado debido a la falta de equipos adecuados en los servicios de la salud. Se seguía discriminando a los pueblos indígenas, y las mujeres de esas poblaciones sufrían también altos niveles de violencia por motivos de género.

Información general

El partido gobernante designó de nuevo como candidato para las elecciones presidenciales previstas para 2021 al presidente Sassou Nguesso, que ocupaba el cargo desde 1997 y lo había ejercido ya anteriormente entre 1979 y 1992.

El 30 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia, con medidas para responder a la pandemia de COVID-19 tales como toques de queda, cierres de fronteras y uso obligatorio de mascarillas. Al final del año se mantenía el toque de queda en la capital, Brazzaville, y en Pointe-Noire de once de la noche a cinco de la mañana los días laborables y de ocho de la tarde a cinco de la mañana los fines de semana. La disminución de los ingresos procedentes del petróleo durante la pandemia impulsó a las autoridades a pedir ayuda económica urgente al Fondo Monetario Internacional (FMI), pese al incumplimiento de las condiciones establecidas para obtener de ese organismo un préstamo de más de 400 millones de dólares estadounidenses en 2019.

Detención arbitraria

Se sometió a intimidación, hostigamiento y reclusión arbitraria a opositores políticos, defensores de los derechos humanos y activistas.

En marzo, Hallel Bouesse, miembro del movimiento en favor de la democracia Hartos (Ras-le-Bol), fue detenido en el Aeropuerto Internacional Maya-Maya de Brazzaville cuando se disponía a embarcar en un vuelo a Senegal para participar en un evento de formación. Tras ser interrogado por agentes de seguridad del aeropuerto acerca de los motivos de su viaje, el hombre fue trasladado a la Dirección General de Vigilancia Territorial, donde lo interrogaron de nuevo en relación con su viaje y sus vínculos con Hartos y el Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos. Quedó en libertad sin cargos el mismo día, y le confiscaron el pasaporte durante dos días.

En junio, la Fiscalía recurrió contra el fallo dictado en marzo por el Tribunal Superior de Brazzaville por el que se ponía en libertad provisional a Parfait Mabiala Hojeij, Franck Donald Saboukoulou, Guil Ossebi Miangué y Rolf Meldry Dissavouloud, simpatizantes de Encarnar la Esperanza (un movimiento opositor cuyo líder había anunciado en junio de 2019 que se presentaría a las elecciones de 2021). El recurso se presentó fuera de plazo, ya que, según el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, debía haberse interpuesto en las 24 horas siguientes al fallo. Los cuatro hombres habían sido detenidos entre noviembre y diciembre de 2019, acusados de atentar contra la seguridad del Estado. Estuvieron sometidos a detención arbitraria en Brazzaville hasta que el 4 de diciembre el Tribunal de Apelación de Brazzaville declaró inadmisible el recurso de la Fiscalía y los dejó en libertad a la espera de juicio.

En julio, Jean-Marie Michel Mokoko, de 73 años, fue evacuado a Turquía durante un mes para recibir tratamiento médico por el deterioro de su salud en la prisión de Brazzaville. Llevaba detenido desde junio de 2016, tras haberse presentado como candidato presidencial ese mismo año. Había sido condenado a 20 años de cárcel en 2018, tras ser declarado culpable de “atentado contra la seguridad interna del Estado y posesión ilegal de armas de guerra y municiones”. Ese mismo año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que consideraba arbitraria su detención.

Libertad de expresión y de reunión

Se menoscabó el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en el contexto de la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19.

Rocil Otouna, presentador de noticias de Télé Congo (un canal público de televisión de ámbito nacional) supo por su jefe que había sido suspendido de empleo luego de haber presentado un debate sobre el discurso del presidente sobre la pandemia de COVID-19 el 30 de abril. Durante el debate, había preguntado al ministro de Justicia y a un médico (miembro del comité de expertos del Comité Nacional de Lucha contra la COVID-19) acerca de la falta de información disponible sobre el número de personas que estaban infectadas con el coronavirus o se habían recuperado de la enfermedad, y acerca de las consecuencias sociales de las medidas restrictivas del gobierno. Según Reporteros sin Fronteras, el Ministerio de Comunicación desmintió el 3 de mayo que Rocil Otouna hubiera sido suspendido. Al mismo tiempo, el presentador fue despedido de su cargo de secretario de prensa de dicho ministerio. El 12 de mayo, el Consejo Superior para la Libertad de Comunicación (organismo regulador de los medios de comunicación) confirmó la suspensión de Rocil Otouna en Télé Congo y pidió su restitución.

En julio, el secretario general del departamento de Brazzaville prohibió una manifestación de apoyo a la evacuación de Jean-Marie Michel Mokoko para recibir tratamiento médico, aduciendo que lo hacía para limitar los riesgos asociados a la COVID-19.

Derecho a la salud

Los centros que prestaban servicios básicos de salud carecían de equipos adecuados, lo que impedía a la población el pleno disfrute de su derecho a la salud.

Personal sanitario

El personal sanitario se quejó de la falta de equipos de protección individual contra la COVID-19.

En enero, los sindicatos denunciaron las condiciones en el Hospital Universitario de Brazzaville, que incluían cortes de agua, cierre de algunos servicios especializados, pabellones no estériles, una farmacia vacía y equipos radiológicos inservibles.

El 3 de abril, al comienzo del brote de COVID-19, una sección sindical que representaba al personal del Hospital Edith Lucie Bongo Ondimba, en Oyo, envió al subprefecto de esa ciudad una lista de reclamaciones en la que se planteaban preocupaciones relativas sobre todo al estado inservible de los quirófanos de emergencia y el equipo radiológico y a la falta de suministros farmacéuticos y tanques de oxígeno. También se exigía el pago parcial de los salarios sin percibir.

El 30 de julio, el personal sanitario del Hospital General Adolphe Sicé de Pointe-Noire celebró una asamblea general extraordinaria en la que denunció que los equipos técnicos del centro estaban obsoletos y eran inadecuados y que no había de equipos de protección individual suficientes, por lo que tanto profesionales como pacientes corrían mayor riesgo de contraer COVID-19. También alertó del aumento del número de casos de trabajadores hospitalarios infectados con COVID-19 (más de 12 en el momento de la asamblea general) y de la reducción de la capacidad para atender a los pacientes. Asimismo, denunció que no se pagaban los salarios desde hacía ocho meses y reclamó el abono de tres meses de retribuciones atrasadas.

En septiembre, los profesionales de la salud que trataban a pacientes de COVID-19 en la clínica municipal Albert Leyono de Brazzaville pidieron al presidente que asumiera la responsabilidad de la salud de quienes trabajaban en primera línea. Según los medios de comunicación, la clínica llevaba seis meses sin lavandería, lo que impedía garantizar unos niveles suficientes de higiene.

Pueblos indígenas

Según un informe del relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas publicado en julio, a pesar de los progresos legislativos realizados en los últimos años —especialmente la aprobación en 2011 de una ley para promover los derechos de los pueblos indígenas—, las comunidades seguían adoleciendo de altos niveles de discriminación tanto en entornos urbanos como rurales y no se había observado avance alguno en materia de demarcación y concesión de títulos de propiedad de las tierras. El analfabetismo seguía siendo un problema muy extendido, y el acceso a la justicia y a empleo con salarios dignos era todavía especialmente reducido. Las mujeres indígenas afirmaban que su acceso a atención de la salud sexual y reproductiva era limitado, sufrían violencia de género —incluidos violación y matrimonio a edad temprana—, presentaban tasas altas de mortalidad materna e infantil y padecían inseguridad alimentaria.