Las autoridades no respondieron adecuadamente a la pandemia de COVID-19 ni protegieron el derecho a la salud. Se levantaron algunas medidas adoptadas contra las personas defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas (por ejemplo, se liberó al preso de conciencia Germain Rukuki), pero las amenazas, la intimidación y los procesamientos de motivación política continuaron. Algunas personas refugiadas retornadas sufrían intimidación. Las autoridades no respetaban ni protegían los derechos de las mujeres y vulneraban el derecho a la intimidad. Continuaron las desapariciones forzadas, los homicidios ilegítimos, la tortura, y las detenciones y reclusiones arbitrarias. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue objeto de acusaciones de parcialidad y se socavó la independencia del poder judicial.
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