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ZIMBABUE 2020

Las autoridades hicieron uso de la normativa asociada a la COVID-19 para justificar graves restricciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Utilizaron a las fuerzas de seguridad para secuestrar, agredir y torturar a personas consideradas críticas y a miembros y dirigentes de la oposición. La policía y agentes de seguridad mataron al menos a 10 personas. Se negó a las mujeres el acceso a atención de la salud materna esencial, y la violencia contra las mujeres y niñas era generalizada.

Información general

En enero se publicó en el diario oficial una reforma constitucional que facultaba al presidente para elegir a los jueces de tribunales superiores y debilitaba la supervisión parlamentaria de los acuerdos económicos celebrados por el gobierno.

El 30 de marzo, el gobierno introdujo medidas para impedir la propagación de la COVID-19 e impuso restricciones punitivas de la circulación de personas que inicialmente eran para tres semanas, pero se prorrogaron periódicamente durante todo el año. La información sobre las normas que regulaban el toque de queda no estaba clara, y su aplicación parecía arbitraria. El 21 de julio se impuso el toque de queda en todo el país entre las 6.00 pm y las 6.00 am.

La pandemia agravó la crisis económica y las autoridades no pudieron proporcionar seguridad social a las personas vulnerables. Según la ONU, 7 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria y 4,3 millones padecían inseguridad alimentaria severa.

En julio, miembros de la oposición llamaron a la población a participar en las protestas de ámbito nacional del “31 de Julio” contra la presunta corrupción estatal y las privaciones económicas, y para exigir la renuncia del presidente. El país continuó en una situación de agitación política y, en agosto, el gobierno de Sudáfrica designó a un enviado y una enviada especiales con el mandato de visitar Zimbabue e identificar posibles soluciones para la violencia en curso ejercida por las fuerzas de seguridad contra la población.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad usaron con frecuencia fuerza excesiva para impedir o reprimir protestas pacíficas y para imponer las restricciones del confinamiento, y mataron al menos a 10 personas. También detuvieron y recluyeron arbitrariamente a manifestantes y otras personas en el contexto de la aplicación de las medidas asociadas a la COVID-19. En los primeros cuatro meses de confinamiento, 116.000 personas fueron detenidas por violar la normativa asociada a la COVID-19. Muchas fueron objeto de violencia, entre ellas un número considerable de mujeres. Dos hermanas, Nokuthula y Ntombizodwa Mpofu, fueron golpeadas brutalmente por la policía el 16 de abril en Bulawayo cuando salieron durante el toque de queda para comprar alimentos para sus hijos.

Un equipo conjunto de agentes de la policía, las fuerzas armadas, la Organización Central de Inteligencia y la Oficina del Presidente, conocido como “Equipo Hurón”, aterrorizó a críticos del gobierno, líderes de la oposición y activistas y a sus familiares. Muchas de estas personas, entre ellas varios miembros del principal partido opositor, Movimiento por el Cambio Democrático-Alianza (MDC-A), fueron secuestradas cuando estaban bajo custodia de la policía, torturadas y abandonadas lejos de sus domicilios.

En mayo, la política Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri y Netsai Marova fueron detenidas en un control de carretera de la policía en la capital, Harare, mientras encabezaban una manifestación contra la falta de protección de las personas pobres. El mismo día, las tres fueron secuestradas en la Comisaría Central de Policía de Harare por un grupo de hombres que se creía pertenecían al Equipo Hurón, que las agredieron física y sexualmente y las abandonaron a 87 kilómetros de sus domicilios en Harare tres días después. En junio, el Estado acusó a las mujeres de fingir sus secuestros y “empañar la imagen del país”. El 31 de julio, éstas fueron detenidas de nuevo en un puesto de control. Mientras estaban detenidas, un soldado azotó a Cecilia Chimbiri presuntamente por insultarlo. En diciembre, en la causa por los cargos relacionados con su secuestro en mayo, la magistrada regional de Harare ordenó que Joana Mamombe fuera juzgada por separado de Cecilia Chimbiri y Netsai Marova, aduciendo que se había declarado no apta para comparecer en juicio. Al terminar el año estaba pendiente de resolución una solicitud de revisión de esta orden presentada por sus abogados.

En los días previos a las protestas del 31 de julio, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las personas sospechosas de apoyar la iniciativa y en algunos casos destrozaron propiedades.

El 30 de julio, Tawanda Muchehiwa fue detenido por la policía en una tienda de Bulawayo. De camino a la comisaría de policía, los agentes lo entregaron al Equipo Hurón, que lo torturó para que revelara el paradero de su tío, Mduduzi Mathuthu, redactor del periódico online ZimLive.com. Lo liberaron lejos de su casa cuatro días después.

El mismo día, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de Mduduzi Mathuthu y, al no encontrarlo, se llevaron a su hermana y a dos sobrinos que más tarde quedaron en libertad tras la intervención del Instituto para los Medios de Comunicación del África Austral.

La violencia continuó después de julio, y el 7 de agosto cuatro hombres no identificados secuestraron en la calle a Noxolo Maphosa, que fue agredida sexualmente para obligarla a revelar el paradero de su tío, Josphat Ngulube, miembro de MDC-A a quien se había acusado de distribuir mascarillas con el eslogan #ZANUPFMustGo (ZANU-PF Fuera) en referencia al partido gobernante.

El 12 de agosto, Tamuka Denhere, también miembro de MDC-A, fue sacado de su casa de la ciudad de Gweru y torturado durante varias horas por hombres no identificados que después lo entregaron a la Comisaría Central de Policía de Harare. La policía detuvo a su esposa tras denunciar ésta su secuestro.

Homicidios ilegítimos

La policía y agentes de seguridad del Estado cometieron homicidios ilegítimos de los que fueron víctimas al menos 10 personas. No se llevaron a cabo investigaciones dignas de mención sobre estos crímenes.

El 15 de marzo, la policía entró en el domicilio de Bhekani Moyo en la localidad de Silobela en relación con denuncias de agresión y lo mató a tiros. El 30 de marzo, Levison Moyo fue golpeado por la policía en Bulawayo por violar presuntamente las restricciones del confinamiento; murió cuatro días después de una hemorragia cerebral. En mayo, unos policías que viajaban en un vehículo sin identificación dispararon y mataron a Paul Munakopa en Hillside (Bulawayo).

Al menos dos activistas de la oposición fueron víctimas de homicidios ilegítimos. En julio, Mazwi Ndlovu, de Bulilima, murió por disparos de agentes presuntamente vinculados a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) tras expresar preocupación por la manera en que se distribuían los alimentos a las personas necesitadas. Un hombre sospechoso de su homicidio fue detenido más tarde, pero quedó en libertad sin comparecer ante un tribunal ni solicitar la libertad bajo fianza. También en julio, unos agentes de seguridad del Estado secuestraron en Hurungwe y asesinaron a Lavender Chiwaya, concejal de MDC-A, y abandonaron su cuerpo desnudo cerca de su casa.

Libertad de expresión

Las autoridades usaron las restricciones asociadas a la COVID-19 como pretexto para limitar el espacio de la sociedad civil y restringir los derechos humanos. La sección 14 del Instrumento Legislativo 83 de 2020, sobre Salud Pública (Prevención, Contención y Tratamiento de la COVID-19), sancionaba la “difusión de noticias falsas” sobre la COVID-19 e imponía penas de 20 años de cárcel y/o cuantiosas multas. Lovemore Zvokusekwa, de la ciudad de Chitungwiza (a las afueras de Harare), fue detenido en abril y acusado de distribuir una declaración de prensa falsa, supuestamente del presidente, en la que se anunciaba una prórroga del confinamiento. Ese mismo mes, el presidente afirmó que el hombre debía ser condenado a 20 años de cárcel para que sirviera de “ejemplo” a otros. El 30 de abril, éste quedó en libertad de la detención preventiva, aunque podría ser juzgado en función de posibles investigaciones adicionales del ministerio público. Las autoridades usaron disposiciones adicionales que estipulaban sanciones únicamente por ejercer el derecho a la libertad de expresión, lo que incluía “menoscabar la autoridad del presidente” o “insultarlo”, para disuadir de críticas en las redes sociales.

En marzo, el comandante en jefe del Ejército Nacional de Zimbabue declaró que las redes sociales eran una amenaza para la seguridad nacional y que las fuerzas armadas someterían las comunicaciones electrónicas privadas a vigilancia para “proteger contra la subversión”. Christian Rambu fue detenido en abril en la ciudad de Chipinge por distribuir un mensaje de WhatsApp en el que se acusaba de incompetencia al presidente. Rujeko Hither Mpambwa, de Kariba, fue detenida en agosto por criticar en las redes sociales la alocución del presidente a la nación.

Periodistas

Los agentes de policía y militares usaron las restricciones asociadas a la COVID-19 como pretexto para justificar el hostigamiento y la intimidación de periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, al menos 25 de los cuales fueron agredidos, detenidos y recluidos arbitrariamente mientras trabajaban, de camino al trabajo o al regresar de ejercer su profesión. Se acusó a estas personas de violación de las restricciones del confinamiento, alteración del orden público o uso de documentos de acreditación caducados que en virtud de la normativa sobre la COVID-19 deberían haberse considerado válidos durante el confinamiento. Con frecuencia se ordenó a periodistas que borraran sus vídeos o fotografías sin un motivo válido.

Libertad de reunión

Las autoridades usaron la sección 14 del instrumento legislativo 83 de 2020, sobre Salud Pública, para prohibir manifestaciones durante el confinamiento.

Entre marzo y agosto, las fuerzas de seguridad cerraron vías públicas que comunicaban con el distrito comercial central de Harare para impedir las protestas en apoyo de destacados activistas sometidos a juicio.

En algunos barrios de Harare, los agentes cometieron robos a punta de pistola y exigieron sobornos a sus víctimas o las golpearon brutalmente por infringir la normativa del confinamiento.

Se detuvo a decenas de personas por organizar manifestaciones pacíficas o participar en ellas, incluidas las activistas Namatai Kwekweza y Vongai Zimudzi que fueron arrestadas en junio por manifestarse contra las enmiendas constitucionales.

En julio, al menos 17 profesionales de la enfermería fueron procesados por violar la normativa del confinamiento tras protestar por los bajos salarios y las deficientes condiciones de trabajo en el hospital central Sally Mugabe de Harare. Fueron absueltos de todos los cargos.

El mismo mes, las autoridades emprendieron una brutal campaña represiva contra líderes opositores involucrados en la organización de las protestas del 31 de julio (véase supra, “Uso excesivo de la fuerza”) y contra sindicalistas que habían convocado una huelga. Durante el mes de julio, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 60 personas.

El 12 de julio, unos hombres no identificados trataron de secuestrar al hermano y al sobrino de Peter Mutasa, líder del Congreso Sindical de Zimbabue, en casa de éste. El 16 de julio, un grupo de hombres irrumpió de madrugada en la casa de Obert Masaraure, presidente del Sindicato Unificado de Docentes Rurales de Zimbabue (ARTUZ) y se llevó a su esposa, a la que mantuvo bajo custodia durante varias horas para tratar de obligarla a revelar el paradero de su marido. Tres días antes, el sindicato había organizado una manifestación para protestar por los bajos salarios.

El 21 de julio se impuso un toque de queda nocturno, supuestamente para impedir la propagación de la infección de COVID-19 pero que personas críticas interpretaron como una medida para reprimir las protestas. El 27 de julio, un portavoz de ZANU-PF pidió a sus simpatizantes que usaran todos los medios necesarios para defenderse ante las manifestaciones de ámbito nacional del 31 de julio. Cuando las protestas siguieron adelante, la policía detuvo al menos a 20 personas que fueron acusadas de diversos delitos, como “escándalo en la vía pública”, “intención de incitar a violencia pública” y violación de la normativa sobre la COVID-19. Estas personas quedaron en libertad bajo fianza más tarde. El 4 de agosto, el presidente afirmó que quienes apoyaban las protestas eran “manzanas podridas” que serían “apartadas”.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Miembros de la oposición y de la sociedad civil, activistas y profesionales de la abogacía acusaron a las autoridades de utilizar el sistema judicial para hostigar y sancionar a opositores o a supuestos críticos del gobierno.

Se usaron instrumentos legislativos para suspender los derechos constitucionales. Por ejemplo, debido a las restricciones asociadas a la COVID-19, los tribunales tenían que cerrar más temprano, supuestamente para que el personal pudiera llegar a sus domicilios antes del toque de queda. En consecuencia, las vistas se aplazaron reiteradamente, y hubo personas críticas y activistas que no pudieron obtener la libertad bajo fianza y permanecieron en detención prolongada en espera de juicio. El político Jacob Ngarivhume, detenido en relación con las protestas del 31 de julio, y Hopewell Chin’ono, periodista detenido por difundir denuncias de corrupción entre autoridades gubernamentales, estuvieron seis semanas en detención en espera de juicio tras habérseles denegado la libertad bajo fianza en tres ocasiones. Godfrey Kurauone, concejal de MDC-A en Masvingo, pasó más de cinco semanas en la cárcel por “insultar” al presidente.

Al menos 10 profesionales de la abogacía sufrieron hostigamiento en relación con casos que tenían a su cargo, y algunos se enfrentaban a enjuiciamiento por cargos falsos. En junio, Thabani Mpofu fue detenido y puesto en libertad bajo fianza, presuntamente por obstrucción de la justicia, por presentar una declaración jurada de una persona ficticia en una causa que cuestionaba el nombramiento del fiscal general. El autor de la declaración jurada se presentó después a la policía, pero la causa incoada contra Thabani Mpofu seguía en curso al terminar el año.

En julio, el presidente del Tribunal Supremo y de la judicatura ordenó que todas las sentencias de tribunales debían ser “aprobadas” por el jefe de tribunal o de división antes de ser dictadas. La disposición fue retirada tras las firmes objeciones de profesionales de la abogacía y activistas de la sociedad civil.

En agosto, un magistrado prohibió a la abogada de derechos humanos Beatrice Mtetwa representar a su cliente y recomendó que se anulara su licencia después de que se la acusara falsamente de tener una página en Facebook en la que se vertían críticas contra el sistema de justicia.

Derecho a la salud

Entre marzo y junio se tuvo constancia de un total de 106 muertes maternas, debido en gran medida a las restricciones de la libertad de circulación que impedían el acceso de muchas mujeres embarazadas a los servicios pertinentes. En julio, una mujer de Chitungwiza tuvo que pagar un soborno para franquear un control de carretera a fin de llegar al hospital cuando se puso de parto.

El gobierno no publicó información sobre el número de profesionales sanitarios que habían dado positivo en las pruebas de COVID-19 hasta agosto, cuando anunció que había más de 480 casos. En septiembre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó de una disminución del acceso a centros de atención médica esencial como consecuencia de la infección de COVID-19 entre el personal sanitario y la falta de equipos de protección individual, entre otras cosas. No se atendieron las peticiones del personal sanitario en materia de equipos de protección individual adecuados y medicamentos esenciales y, en abril, la Asociación de Médicos pro Derechos Humanos de Zimbabue interpuso una demanda ante el Tribunal Superior que ordenó al gobierno, entre otras cosas, que proporcionara equipos de protección individual a los profesionales que trabajaban en primera línea.

Violencia contra mujeres y niñas

En los primeros 11 días de confinamiento se registraron 764 casos de violencia contra mujeres y niñas, cifra que se había elevado a 2.768 a mediados de junio. Las autoridades no concedieron prioridad a los servicios para proteger a las mujeres y las niñas de este tipo de ataques. Al mismo tiempo, se negó a las víctimas el acceso sin demora a la justicia.