Los guardias de fronteras emplearon la fuerza para expulsar sin el debido procedimiento a personas refugiadas y migrantes a Bielorrusia. Las mujeres y las niñas encontraban dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Seguía sin haber ningún tipo de restricción jurídica a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los índices de apatridia continuaron siendo elevados. Algunos niños y niñas sufrían discriminación en el acceso a la educación.
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