La pandemia de COVID-19 siguió agravando la desigualdad existente en el marco de la persistente crisis económica del país. La violencia contra las mujeres y niñas y la falta de medidas eficaces para abordarla continuaron siendo motivo de honda preocupación. Hubo dificultades relacionadas con la aplicación de la ley de 2020 que legalizaba el aborto. Continuó la impunidad por las desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley.
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