Las autoridades no garantizaron acceso adecuado a servicios de salud durante la pandemia. Persistió la violencia contra las mujeres, aunque se tomaron medidas para reforzar las salvaguardias jurídicas. Las mujeres continuaron teniendo dificultades para acceder a servicios de aborto. El derecho a la vivienda no estaba suficientemente protegido. Continuó sin reformarse la legislación que restringía indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Persistió el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades no garantizaron unas condiciones de acogida adecuadas y un procedimiento de asilo justo y eficaz a las personas que llegaron de forma irregular a las islas Canarias. El gobierno aprobó un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, aunque los tribunales seguían negándoles el acceso a la justicia.
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