El personal sanitario no dispuso de equipos de protección individual adecuados al principio de la pandemia. El número de muertes por COVID-19 entre la población de edad avanzada fue desproporcionado. La policía puso más de un millón de multas y sancionó arbitrariamente a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia. Persistieron las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas. Aumentaron significativamente las llamadas a líneas telefónicas de ayuda de mujeres en peligro de sufrir violencia de género en el ámbito familiar. La falta de vivienda asequible y el sinhogarismo continuaron suscitando gran preocupación. Durante el confinamiento se recluyó a personas migrantes y refugiadas en centros masificados de Melilla.
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