Resumen

La respuesta violenta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla se saldó con muertes, tortura y expulsiones ilegítimas. Se empleó software espía contra figuras políticas catalanas y miembros de la sociedad civil. Persistía la violencia contra las mujeres. Se presentó al Parlamento un proyecto de ley para eliminar algunos obstáculos al aborto. También se presentó un proyecto de ley problemático que penalizaba algunos aspectos del trabajo sexual. El gobierno aprobó un histórico proyecto de ley sobre la autodeterminación de género. Las autoridades no protegieron adecuadamente los derechos a la salud y a la vivienda. Seguía suscitando preocupación el uso de dispositivos de electrochoque por la policía. Se usaron indebidamente delitos de formulación imprecisa para coartar la libertad de expresión y de reunión pacífica. Se promulgó nueva legislación que suponía un paso positivo en la lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las medidas para abordar la crisis climática continuaron siendo inadecuadas.