Resumen

La devastadora escalada de violencia que se produjo en el conflicto entre Israel y Palestina tuvo profundas ramificaciones en el conjunto de la región e internacionalmente. Desde octubre, las fuerzas israelíes mataron a más de 21.000 gazatíes —en su mayoría civiles—, en muchos casos ilegítimamente, mientras que Hamás mató intencionadamente a civiles en Israel y tomó a muchas personas como rehenes o cautivas. El conflicto hundía sus profundas raíces en el desplazamiento forzado y la desposesión impuestos por Israel al pueblo palestino en 1948, la ocupación militar de Gaza y Cisjordania en 1967, el persistente sistema de apartheid de Israel contra la población palestina y los 16 años de bloqueo ilegal israelí de la Franja de Gaza ocupada.

Las repercusiones de otros conflictos de larga duración en Irak, Libia, Siria y Yemen siguieron arruinando la vida de millones de personas, especialmente en el caso de las pertenecientes a comunidades marginadas —como las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes— o a minorías étnicas, a muchas de las cuales se les negaron los derechos más básicos a la alimentación, el agua, una vivienda adecuada, la atención sanitaria y la seguridad. Continuaron produciéndose impunemente ataques indiscriminados, destrucción de infraestructuras, desplazamientos forzados y abuso de poder de fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados.

Los gobiernos de la región no respondieron adecuadamente a los efectos de las fuertes subidas del coste de la vida, las crisis económicas y las catástrofes naturales y relacionadas con el cambio climático, todo lo cual tuvo consecuencias en los derechos humanos fundamentales de cientos de millones de personas. Quienes expresaban quejas sobre cuestiones políticas, sociales y económicas se enfrentaban a medidas punitivas cuyo objetivo era silenciar la disidencia. Las autoridades detenían, torturaban y procesaban injustamente a las personas que expresaban su disidencia y se mostraban críticas, castigándolas con duras condenas —incluida la pena de muerte—, la prohibición de viajar, amenazas y otras formas de hostigamiento. En su punto de mira había periodistas, comentaristas de Internet, defensores y defensoras de los derechos humanos —como participantes en campañas en favor de los derechos de las mujeres, las personas LGBTI y las comunidades marginadas— y activistas del ámbito político y sindical. En Egipto, Irán y Jordania, las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo y, a veces, letal de la fuerza, además de recurrir a desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias masivas, para reprimir protestas. Quienes perpetraban estas violaciones de derechos humanos gozaban de impunidad en su mayor parte.

En toda la región seguía estando muy extendida la discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, situación jurídica, etnia, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión y clase económica. En algunos países estaba arraigada en la legislación.

Aunque fenómenos meteorológicos extremos como la sequía y el calor intenso provocaron muerte y destrucción en algunas partes de la región, los gobiernos no tomaron las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático y la degradación medioambiental; varios de ellos, como los de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos —país anfitrión de la COP28— y Qatar, anunciaron planes para ampliar la producción de combustibles fósiles.

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