Resumen

Las autoridades siguieron reprimiendo las libertades de reunión pacífica y de expresión. Entre las personas que fueron llevadas a juicio o se enfrentaron a cargos penales por participar en protestas pacíficas figuraban cientos de menores de edad. También se hostigó por vía judicial y de otras formas a defensores y defensoras de los derechos humanos. Una nueva ley tipificó como delitos la tortura y la desaparición forzada, pero en la práctica la rendición de cuentas siguió siendo difícil de lograr, como en el caso de la desaparición de un defensor de los derechos indígenas en 2014. Se estableció un nuevo mecanismo de análisis de casos de personas refugiadas y solicitantes de asilo, pero muchas de ellas permanecían recluidas por tiempo indefinido en condiciones deficientes, lo que provocó la muerte de dos uigures.