CHINA 2020
El año estuvo marcado por la dura represión ejercida contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas a las que se identificaba como disidentes, además de por la represión sistemática de las minorías étnicas. A principios de año, brotó en Wuhan la COVID-19, que segó la vida de más de 4.600 personas en China. La población exigió libertad de expresión y transparencia después de que las autoridades amonestasen a profesionales de la salud que habían advertido sobre el virus. En la ONU, China fue criticada con dureza e instada a permitir de inmediato el acceso real y sin trabas a Sinkiang. La libertad de expresión continuó sometida a estrictas restricciones. Las personas extranjeras que ejercían el periodismo en China sufrieron detenciones y expulsiones, así como retrasos sistemáticos en la renovación de sus visados, cuando no su denegación. En el extranjero, empresas de tecnología chinas y de otras nacionalidades bloqueaban el contenido que el gobierno consideraba políticamente delicado, haciendo extensivas las normas de censura al ámbito internacional. China promulgó su primer Código Civil, cuyo borrador había recibido miles de comentarios del público pidiendo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong dio lugar a represión de la libertad de expresión.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Pese a lo que estipulaba su propia Constitución y a sus compromisos y obligaciones internacionales, China siguió persiguiendo de manera implacable a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que, a lo largo de todo el año, fueron sometidos sistemáticamente a hostigamiento, intimidación, desaparición forzada, detención arbitraria y en régimen de incomunicación, y largas condenas de prisión. Estas constantes violaciones de derechos humanos se veían agravadas por la ausencia de un poder judicial independiente y de garantías procesales efectivas. Se negó el derecho a la libertad de circulación a numerosos abogados y abogadas de derechos humanos, y se les impidió reunirse con las personas acusadas, acceder al material de los casos y representarlas. Se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, y se les acusó de delitos definidos de manera muy general y expresados en términos imprecisos, como “subvertir el poder del Estado”, “incitar a la subversión del poder del Estado” y “provocar peleas y crear problemas”.
Se siguió deteniendo arbitrariamente a decenas de destacados defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que habían asistido a una reunión privada en Xiamen (provincia de Fujian) celebrada en diciembre de 2019. El 23 de marzo, expertos y expertas de la ONU en materia de derechos humanos expresaron su profunda preocupación por el exabogado de derechos humanos Ding Jiaxi y por otros defensores que —según afirmaron— habían sido sometidos a desaparición forzada. El 19 de junio, tras 6 meses de reclusión en régimen de incomunicación, los juristas Xu Zhiyong y Ding Jiaxi fueron formalmente detenidos por “incitación a la subversión del poder del Estado” y puestos bajo “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, sin acceso a sus familias ni a asistencia letrada de su elección.1,2 El 24 de febrero fue condenado a 10 años de cárcel el librero honkonés Gui Minhai, que había sido juzgado en secreto por “facilitación ilegal de información a entidades extranjeras”.3 Del 31 de agosto al 4 de septiembre se juzgó en secreto por cargos de “subversión del poder del Estado” a los activistas contra la discriminación Cheng Yuan, Liu Yongze y Wu Gejianxiong, que llevaban más de un año recluidos en régimen de incomunicación. Habían sido arbitrariamente detenidos sólo por defender los derechos de los grupos marginados y las personas en situación de riesgo.
El 17 de septiembre, por primera vez desde su detención hacía más de 4 años, se permitió por fin hablar con su madre a Huang Qi, fundador y director del sitio web de derechos humanos “64 Tianwang”, con sede en Sichuan. Según informes, su salud se había deteriorado desde que en enero de 2019 fuera condenado a 12 años de prisión, y parecía exhibir síntomas de malnutrición. El 31 de agosto, el escritor y bloguero australiano Yang Hengjun, recluido en régimen de incomunicación desde el 30 de diciembre de 2019 y acusado de espionaje, pudo por fin reunirse con un representante consular de Australia y con su abogado. Según la información recibida, había soportado más de 300 interrogatorios, pese a lo cual seguía negando todas las acusaciones en su contra.
Cinco años después de la oleada de represión sin precedentes contra activistas y abogados y abogadas de derechos humanos conocida como “Represión 709”, un elevado número de profesionales del derecho continuaban en prisión o bajo vigilancia estricta. El 17 de junio, tras 18 meses recluido en régimen de incomunicación, el abogado de derechos humanos Yu Wensheng fue juzgado en secreto y condenado a 4 años de cárcel por presunta “incitación a la subversión del poder del Estado”.4 Según su abogado, había sido torturado bajo custodia y su salud se había deteriorado drásticamente. El abogado de derechos humanos Jiang Tianyong, que había quedado en libertad en 2019 tras cumplir una condena de 2 años por “incitación a la subversión del poder del Estado”, continuaba, junto con sus progenitores, estrictamente vigilado. Tras más de 4 años en prisión por “subvertir el poder del Estado”, el abogado de derechos humanos Wang Quanzhang salió de la cárcel el 4 de abril y se reunió con su familia a finales de ese mes. Según su abogado, había sido torturado.
Regiones autónomas: Sinkiang, Tíbet y Mongolia Interior
En la Región Autónoma Uigur de Sinkiang y la Región Autónoma de Tíbet, continuaba sin remitir la severa y generalizada represión de las minorías étnicas con el pretexto del “antiseparatismo”, el “antiextremismo” y la “lucha contra el terrorismo”. En Tíbet seguían sumamente restringidas las salidas y las entradas en el territorio —sobre todo de periodistas, profesionales del ámbito académico y organizaciones de derechos humanos—, lo que dificultaba en extremo investigar y documentar la situación de los derechos humanos en la región. En Sinkiang, se calculaba que, desde 2017, un millón o más de personas uigures, kazajas y de otros pueblos predominantemente musulmanes habían sido recluidas de manera arbitraria y sin juicio y sometidas a adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada en centros de “transformación mediante la educación”. Seguía siendo imposible documentar la envergadura real de estas violaciones de derechos humanos por falta de datos públicos y por las restricciones de acceso a la región. Pese a haber negado inicialmente la existencia de los campos, más adelante las autoridades se refirieron a ellos como centros de “formación profesional”. Además, imágenes captadas por satélite revelaron la construcción de un número cada vez mayor de campos a lo largo del año.
El destacado historiador y editor uigur Iminjan Seydin, desaparecido en 2017, reapareció de repente a principios de mayo alabando al gobierno chino en un vídeo publicado por un periódico estatal en lengua inglesa. Sus palabras en el vídeo parecían obedecer a un guión concebido con el fin de desacreditar el testimonio público de su hija sobre su detención arbitraria. Ekpar Asat, empresario y filántropo uigur, desapareció en 2016 a su regreso a Sinkiang tras asistir a un programa de formación en liderazgo del Departamento de Estado de Estados Unidos. En enero, su hermana descubrió que había sido declarado culpable de “incitar al odio y la discriminación étnica” en un juicio secreto y condenado a 15 años de cárcel. No se había vuelto a ver al modelo uigur Merdan Ghappar —recluido desde enero— ni se habían recibido noticias suyas desde que, en marzo, se difundieran por las redes sociales unas imágenes y unos mensajes suyos en los que describía sus malas condiciones de reclusión. En enero, la uigur Mahira Yakub, empleada de una compañía de seguros, fue formalmente acusada de “dar apoyo material a actividades terroristas” por haber transferido dinero a sus progenitores en Australia. Según su hermana, el dinero, transferido en 2013, era para ayudarles a comprar una casa. En septiembre, el escritor kazajo Nagyz Muhammed fue condenado a cadena perpetua por cargos de “separatismo” a causa de una cena que había celebrado con amistades suyas el Día de la Independencia de Kazajistán unos 10 años atrás.
Un número cada vez mayor de uigures residentes en el extranjero pidieron a las autoridades alguna prueba que demostrara que sus familiares desaparecidos en Sinkiang continuaban con vida. Se recibieron noticias de que las oficinas diplomáticas chinas comunicaban a la población uigur residente en el extranjero que, para renovar su pasaporte chino, tenía que volver a Sinkiang. Tanto las embajadas chinas como agentes de ese país en todo el mundo hostigaban e intimidaban a uigures y a personas pertenecientes a otras comunidades minoritarias en la diáspora.5 Asimismo, según informes, para silenciar y reprimir las actividades de la población uigur residente en el extranjero, las autoridades de Sinkiang presionaban a sus familiares residentes en la región. Agentes de seguridad chinos se pusieron en contacto por aplicaciones de mensajería con numerosos uigures residentes en el extranjero para pedirles datos tales como el número del documento de identidad, su lugar de residencia, la foto del pasaporte e información de identidad de su cónyuge. También se tuvo noticia de otros a los que la policía de seguridad llamó reiteradamente para pedirles que espiaran y recabaran información sobre personas residentes en comunidades uigures en el extranjero.
En junio, 50 expertos y expertas independientes de la ONU en materia de derechos humanos criticaron duramente a China por la represión de las minorías religiosas y étnicas de Sinkiang y de Tíbet, entre otros grupos. El 6 de octubre, 39 Estados miembros de la ONU emitieron una declaración conjunta en la que manifestaban su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Sinkiang, Hong Kong y otras regiones, e instaban a China a permitir de inmediato el acceso real y sin trabas a Sinkiang de observadores independientes, entre ellos la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y los titulares de los mandatos de los correspondientes procedimientos especiales de la ONU. Aprovechando su creciente influencia política y económica, y su mayor protagonismo dentro de la ONU, China siguió buscando formas de desafiar a los mecanismos establecidos de derechos humanos.6
En toda la región de Mongolia Interior se desataron protestas en respuesta a una nueva “política de educación bilingüe” que cambiaría gradualmente la lengua vehicular de ciertas asignaturas del mongol al chino mandarín durante los nueve años de escolarización obligatoria. Según la información de los medios de comunicación, cientos de personas —entre ellas, estudiantes, padres, madres, docentes, e incluso mujeres embarazadas, niños y niñas— fueron detenidas por “provocar peleas y crear problemas” sólo por haber participado en protestas pacíficas o compartido información en Internet sobre actos de protesta. Según informes, el abogado de derechos humanos Hu Baolong fue formalmente detenido por cargos de “filtración de secretos de Estado al extranjero”.
Derecho a la salud
La censura del gobierno obstaculizó la circulación de información vital durante las primeras semanas del brote de COVID-19 en Wuhan. En las primeras fases de la epidemia, se impidió informar sobre el brote a periodistas —tanto profesionales como ciudadanos— y al personal de salud. Posteriormente, las autoridades locales admitieron haber retenido información, impidiendo así a la población acceder a datos necesarios sobre el virus en su debido momento. El 21 de febrero, había ya más de 5.511 investigaciones penales abiertas contra personas que habían publicado información sobre el brote de COVID-19, a las que el Ministerio de Seguridad Pública acusaba de “inventar y difundir, a sabiendas, información falsa y perjudicial”. Aunque a finales de diciembre de 2019 varios profesionales de la salud habían hecho sonar las alarmas con respecto al virus, la ausencia de una reacción inmediata por parte del gobierno y los ataques de éste contra quienes alzaban la voz retrasaron la puesta en marcha de una respuesta coordinada.7
La amplia vigilancia, tanto personal como tecnológica, ejercida en nombre de la salud y la seguridad públicas vino a reforzar aún más el control del Estado sobre la sociedad.8 De conformidad con el “sistema de gestión de redes” implantado para hacer cumplir los confinamientos, cada gobierno provincial designó a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras comunitarios a quienes encomendó la vigilancia de sus respectivos vecindarios. En numerosos casos, se negó la entrada en sus propios hogares a residentes que no podían mostrar la documentación necesaria o que habían salido hacía poco de su localidad. En abril se expulsó de sus domicilios y hoteles y se prohibió la entrada en restaurantes a personas africanas residentes en Guangzhou y en otros lugares, que fueron así discriminadas con motivo de la pandemia de COVID-19.
Libertad de expresión
Continuaba la censura en Internet, que obedecía, en parte, al deseo de ocultar información sobre la COVID-19 y sobre las medidas extremas de confinamiento. En Wuhan, epicentro de la pandemia, las autoridades hostigaron a profesionales médicos y activistas por “hacer comentarios falsos” y “perturbar gravemente el orden social”. El doctor Li Wenliang —una de las ocho personas que habían intentado dar la voz de alarma antes de que se comunicara el brote— fue amonestado por la policía local cuatro días después de haber enviado, a través de un grupo de chat, un mensaje de advertencia a otros colegas para que utilizaran equipos de protección individual a fin de evitar los contagios. Su posterior muerte por COVID-19 desató una oleada nacional de indignación y dolor en Internet, donde se multiplicaron las voces que exigían libertad de expresión y el fin de la censura. Las autoridades bloquearon cientos de combinaciones de palabras clave en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería. Los mensajes con opiniones disidentes, las etiquetas delicadas relacionadas con el brote y las demandas de libertad de expresión fueron rápidamente borradas. Se filtraron avisos en los que se informaba de que las autoridades habían ordenado a personas acusadas de “difundir rumores” borrar sus cuentas y mensajes en las redes sociales.
Las autoridades detenían o infligían otros castigos a quienes revelaban información sobre el brote de COVID-19. Según informes, un elevado número de periodistas y activistas fueron víctimas de actos de hostigamiento y prolongadas detenciones en régimen de incomunicación sólo por haber compartido información sobre la COVID-19 en las redes sociales. El 19 de abril, el defensor de los derechos humanos Chen Mei y otras dos personas que participaban, como él, en el proyecto de colaboración masiva Terminus2049 fueron detenidos en Pekín e incomunicados de sus familias sólo por haber recopilado y archivado información pública acerca de la pandemia. A principios de febrero desaparecieron Chen Qiushi —abogado y periodista ciudadano crítico— y Fang Bin, residente en Wuhan, tras haber informado sobre el brote y publicado en Internet imágenes de vídeo grabadas en hospitales de Wuhan. Seguía sin conocerse su paradero exacto. El 28 de diciembre, la periodista ciudadana Zhang Zhan fue condenada a cuatro años de cárcel por informar sobre la COVID-19 en Wuhan. Pasó más de tres meses con grilletes las 24 horas del día y, según la información recibida, fue torturada y alimentada a la fuerza tras haberse declarado en huelga de hambre.
A lo largo del año, se expulsó a algunos periodistas de otros países y otros soportaron retrasos en la renovación de sus visados, cuando no su denegación. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino revocó la acreditación y expulsó a periodistas estadounidenses de diversos grupos de comunicación de ese país. En agosto, la periodista australiana Cheng Lei fue puesta “bajo vigilancia domiciliaria en un lugar designado” como sospechosa de “poner en peligro la seguridad nacional”. Otros dos periodistas australianos abandonaron el país después de que, en un primer momento, se les hubiera prohibido hacerlo y hubieran sido interrogados por agentes de seguridad.
En abril, las autoridades impusieron nuevas y estrictas restricciones a los documentos académicos sobre los orígenes de la COVID-19 que, en lo sucesivo, debían ser sometidos a la aprobación de un grupo de trabajo designado por el Consejo de Estado. El 13 de julio, tras seis días de reclusión, quedó en libertad el profesor de derecho Xu Zhangrun, que había publicado opiniones críticas sobre la respuesta del gobierno al brote de COVID-19. Según la información recibida, al día siguiente fue despedido de su puesto en la Universidad de Tsinghua. El 19 de agosto, la Universidad de Pekín comunicó una nueva serie de normas para la asistencia a seminarios web y conferencias online organizados por entidades extranjeras o de Hong Kong y Macao. Según dichas normas, quienes desearan participar en tales actos tenían que solicitar aprobación 15 días antes su celebración.
A lo largo del año, la censura y la vigilancia de China traspasaron las fronteras. En cumplimiento de las estrictas normas nacionales de censura, las empresas chinas de tecnología que operaban fuera del país bloquearon y censuraron contenidos considerados “políticamente delicados”, entre ellos los relacionados con las minorías étnicas y con la agitación política, así como las críticas al gobierno chino. El 12 de junio, la empresa de teleconferencias Zoom reveló que, a petición del gobierno chino, había suspendido las cuentas de varios activistas de derechos humanos radicados fuera de China e insinuó que bloquearía cualquier reunión que el gobierno considerara “ilegal”.9 La aplicación TikTok, para compartir vídeos, eliminó numerosos vídeos en los que uigures residentes en el extranjero llamaban la atención con respecto a familiares desaparecidos. Documentos internos filtrados revelaron que la plataforma había ordenado a sus moderadores censurar los vídeos sobre temas “políticamente delicados”, como Falun Gong o la represión de 1989 en la plaza de Tiananmén.
Libertad de religión o de creencias
Una normativa que entró en vigor el 1 de febrero estipulaba que los grupos religiosos debían “seguir el liderazgo del Partido Comunista Chino […], continuar en dirección a la chinización de la religión y practicar los valores fundamentales del socialismo”. El gobierno trató de alinear las enseñanzas y prácticas religiosas con la ideología del Estado y de fortalecer, de manera integral, su control sobre los grupos religiosos, tanto aprobados por el Estado como no registrados. Se recibieron informes que documentaban la destrucción de miles de centros culturales y religiosos, sobre todo en el noroeste de China. En Sinkiang y Tíbet, el Estado siguió reprimiendo con fuerza la religión. Se detuvo arbitrariamente a personas por prácticas religiosas ordinarias que las autoridades consideraban “señales de extremismo” en virtud de la “Normativa de Desradicalización”.
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
El 13 de agosto, en consonancia con la reducción constante del espacio de los colectivos LGBTI, el Orgullo de Shangái —la mayor y más antigua celebración LGBTI de China— anunció la cancelación de todas sus actividades futuras. Quienes se dedicaban al activismo y alzaban la voz contra la discriminación y la homofobia sufrían hostigamiento. Plataformas online, incluidos microblogs y revistas, bloquearon y eliminaron contenidos y etiquetas de temática LGBTI. Pese a los distintos impedimentos y a la creciente presión, los grupos LGBTI siguieron luchando por sus derechos. Según informes, una estudiante universitaria denunció formalmente ante los tribunales un libro de texto aprobado por el gobierno en el que se aseguraba que gays y lesbianas sufrían un “trastorno psicosexual común”. En agosto, el tribunal desestimó la causa pese a que China había dejado de clasificar la homosexualidad como trastorno mental en 2001. El 28 de mayo, la Asamblea Nacional Popular adoptó su primer Código Civil, cuyo borrador había recibido 213.634 comentarios públicos en referencia al apartado sobre el matrimonio. Aunque un portavoz de la Asamblea reconoció que se habían recibido numerosas peticiones de que se aprobase el matrimonio entre personas del mismo sexo, éste siguió sin ser legalizado en el Código Civil, que entró en vigor el 1 de enero de 2021.
Región Administrativa Especial de Hong Kong
El máximo órgano legislativo chino aprobó la Ley de la República Popular China sobre la Salvaguarda de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (Ley de Seguridad Nacional), redactada en términos muy amplios. Por su parte, el gobierno local intensificó la represión de activistas prodemocracia y líderes de oposición e invocó la seguridad nacional como pretexto para injerirse en los medios de comunicación y en el sector educativo. El derecho a la libertad de reunión pacífica se vio más recortado aún debido a la aplicación, aparentemente arbitraria, de las normas de distanciamiento físico impuestas con motivo de la pandemia de COVID-19.
Libertad de reunión y de asociación
Persistía la represión del derecho de reunión pacífica tras las protestas de 2019.10 El día de Año Nuevo, a las tres horas del comienzo de una manifestación autorizada, la policía la declaró “ilegal” y dio al equipo organizador y a las decenas de miles de manifestantes, mayoritariamente pacíficos, 30 minutos para dispersarse. A continuación, la policía empezó a disparar gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes y detuvo a 287 personas, incluidas 3 que realizaban labores de observación de los derechos humanos.
El 18 de abril, las autoridades detuvieron a 15 destacados líderes, lideresas y activistas prodemocracia por infringir la Ordenanza de Orden Público, ley frecuentemente utilizada para prohibir y disolver manifestaciones en general pacíficas. Se los acusó de haber organizado unas “reuniones no autorizadas” que habían tenido lugar más de 6 meses antes de la detención y de haber participado en ellas.
El derecho a la libertad de reunión quedó aún más limitado con las normas de distanciamiento físico impuestas por las autoridades en respuesta a la pandemia de COVID-19. En marzo, el gobierno aprobó la Normativa de Prevención y Control de la Enfermedad (Prohibición de Reuniones), que prohibía las reuniones públicas de más de cuatro personas. Esta prohibición se revisó en varias ocasiones y, al concluir el año, se aplicaba a las reuniones de más de dos personas.
Posteriormente, invocando la pandemia de COVID-19, las autoridades prohibieron al menos 14 protestas. Así, prohibieron por completo la vigilia anual del 4 de junio en conmemoración de los sucesos de Tiananmén y la marcha del 1 de julio de Hong Kong pese a que los equipos organizadores de ambos actos habían prometido que se mantendría la distancia física y habían facilitado a las autoridades información detallada sobre medidas de prevención. Era la primera vez que el gobierno prohibía una de estas 2 protestas anuales. Pese a la prohibición, miles de personas se reunieron en el lugar habitual del acto para celebrar el 4 de junio, a consecuencia de lo cual 26 activistas que participaron en la vigilia fueron acusados de “reunión no autorizada”.
A fecha de 4 de diciembre, la policía de Hong Kong había expedido al menos 7.164 sanciones automáticas en aplicación de la prohibición de las reuniones. Esta nueva prohibición era esgrimida con frecuencia para actuar contra manifestantes pacíficos aunque hubieran observado las medidas de distancia física. Asimismo, se multó a periodistas que cubrían actos de protesta pese a que la propia normativa eximía de su cumplimiento a quienes asistieran a las protestas por motivos laborales.
En febrero, aproximadamente 9.000 trabajadores y trabajadoras de la salud hospitalarios se declararon en huelga en protesta por la tardanza del gobierno en imponer controles fronterizos para combatir la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la Dirección de Hospitales pidió a los huelguistas explicaciones por haberse “ausentado del trabajo” y amenazó con tomar represalias, enviando así un mensaje disuasorio a los profesionales médicos que pretendieran organizarse y declararse en huelga.
Libertad de expresión
Se esgrimió la seguridad nacional como pretexto para restringir la libertad de expresión. Según las disposiciones extremadamente imprecisas de la Ley de Seguridad Nacional —que se aprobó el 30 de junio sin consulta significativa previa y entró en vigor al día siguiente— casi cualquier cosa podía ser calificada de amenaza a la “seguridad nacional”. Al dar a las autoridades nuevos fundamentos jurídicos para procesar a activistas pacíficos, la ley tuvo un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.11 Al término del año, las autoridades habían detenido a 34 personas por exhibir eslóganes políticos, establecer organizaciones en el extranjero para luchar por la independencia de Hong Kong o apoyar a diversos grupos políticos. Asimismo, las autoridades invocaron la disposición extraterritorial de la ley para dictar órdenes de arresto contra 8 activistas residentes fuera de Hong Kong.
El 10 de agosto fue detenido por “connivencia con un país extranjero o elementos externos” Jimmy Lai, propietario del periódico prodemocrático Apple Daily. La policía irrumpió en la sede del periódico y registró su documentación mostrando evidente desprecio por el secreto profesional periodístico. Lai continuaba recluido tras haber recurrido la Fiscalía la libertad bajo fianza que le había sido concedida inicialmente.
El 6 de octubre, las autoridades inhabilitaron para la enseñanza a un maestro de primaria tras acusarlo de “difundir la idea de la independencia de Hong Kong” debido, según informes, a que había entregado a su alumnado una hoja de trabajo con preguntas del tipo “¿qué es la libertad de expresión?” o “¿qué razón hay para propugnar la independencia de Hong Kong?”.
Derechos LGBTI
El 4 de marzo, el Tribunal Superior resolvió en primera instancia que las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero tenían los mismos derechos que el resto a la hora de solicitar viviendas públicas de alquiler. El 18 de septiembre, el Tribunal Superior concedió a las parejas del mismo sexo igualdad de derechos en materia de herencia y sucesión si uno de los cónyuges moría sin testamento. Sin embargo, en otra sentencia dictada ese mismo día, el tribunal resolvió que era constitucional negar a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio en Hong Kong.
- China: Destacado jurista, en detención incomunicada: Xu Zhiyong (ASA 17/2738/2020)
- China: Más información: Abogado acusado de “incitar a la subversión”: Ding Jiaxi (ASA 17/2645/2020)
- China: Debe quedar en libertad el librero condenado a una indignante pena de 10 años (noticia, 25 de febrero)
- China: Wife of detained lawyer Yu Wensheng tells of ongoing fight for justice (blog, 9 de julio)
- China: Nowhere feels safe: Uyghurs tell of China-led intimidation campaign abroad (especial web, febrero)
- China: Joint NGO statement on Item 10 and Draft Resolution on “Mutually Beneficial Cooperation” delivered during Item 10 General Debate at HRC43 (IOR 40/2563/2020)
- Documento explicativo: Siete maneras en que el coronavirus afecta a los derechos humanos (noticia, 5 de febrero)
- Cómo ha empleado China la tecnología para luchar contra la COVID-19 y afianzar su control sobre la ciudadanía (noticia, 17 de abril)
- China: Zoom no debe convertirse en instrumento de censura auspiciada por el Estado (noticia, 12 de junio)
- Hong Kong: Missing truth, missing justice (ASA 17/1868/2020)
- La ley de seguridad nacional de Hong Kong: 10 cosas que hay que saber (noticia, 17 de julio)