Introducción
América Latina fue la región más afectada por la pandemia de COVID-19. A pesar de las medidas tomadas por varios gobiernos, la región concentró hasta febrero de 2022 casi un tercio de las muertes asociadas a COVID-19 a nivel global, aunque sólo representa el 8% de la población.
En esta página puedes encontrar los principales hallazgos de la investigación “Desigual y Letal” realizada por Amnistía Internacional y el Center for Economic and Social Rights (CESR), que plantea explicaciones de por qué se perdieron tantas vidas en la región, y también puedes explorar los principales indicadores relevantes de la desigualdad y los sistemas de salud pre-pandemia, y los impactos de los mismos en distintos derechos económicos y sociales.
Aruká Juma:
Cómo ser tan desigual puede ser letal
En marzo de 2020, Aruká Juma murió en Brasil por complicaciones del COVID-19. Aruká era el último hombre del pueblo Indígena Juma. Con casi 90 años, había sobrevivido a una masacre en la década de 1960 ordenada contra su pueblo por comerciantes interesados en el caucho y las nueces de sus territorios ancestrales, pero sucumbió a la pandemia que se propagó rápidamente por las comunidades indígenas de Brasil.
El COVID-19 fue el golpe de gracia para desaparecer a un pueblo que, como tantos otros Pueblos Indígenas de Brasil y de toda América Latina y el Caribe, sufrieron históricamente exterminio y despojo, por la colonización primero y por la sistemática discriminación después.
Entre los Pueblos Indígenas de Brasil, el COVID-19 se extendió debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, no expulsaron a los invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud.
La vida y la muerte de Aruká Juma y de su pueblo es un ejemplo paradigmático de las desigualdades sistémicas de la región y del impacto letal que el COVID-19 tuvo sobre esas desigualdades. Esta investigación de Amnistía Internacional y el Center for Economic and Social Rights (Centro por los Derechos Económicos y Sociales), documenta cómo estas desigualdades llevaron a que las personas en la región hayan sufrido impactos desproporcionados en sus derechos a la vida, a la salud, a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al trabajo, no solo en comparación con países de mayores ingresos sino también con regiones de nivel de ingresos similar o inferior. Estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades.
introducción
América Latina fue la región más afectada por la pandemia de COVID-19. A pesar de las medidas tomadas por varios gobiernos, la región concentró hasta febrero de 2022 casi un tercio de las muertes asociadas a COVID-19 a nivel global, aunque sólo representa el 8% de la población.
En esta página puedes encontrar los principales hallazgos de la investigación “Desigual y Letal” realizada por Amnistía Internacional y el Center for Economic and Social Rights (CESR), que plantea explicaciones de por qué se perdieron tantas vidas en la región, y también puedes explorar los principales indicadores relevantes de la desigualdad y los sistemas de salud pre-pandemia, y los impactos de los mismos en distintos derechos económicos y sociales.
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Para que los Estados de la región invierten más y mejor en salud:
Aruká Juma:
Cómo ser tan desigual puede ser letal
En marzo de 2020, Aruká Juma murió en Brasil por complicaciones del COVID-19. Aruká era el último hombre del pueblo Indígena Juma. Con casi 90 años, había sobrevivido a una masacre en la década de 1960 ordenada contra su pueblo por comerciantes interesados en el caucho y las nueces de sus territorios ancestrales, pero sucumbió a la pandemia que se propagó rápidamente por las comunidades indígenas de Brasil.
El COVID-19 fue el golpe de gracia para desaparecer a un pueblo que, como tantos otros Pueblos Indígenas de Brasil y de toda América Latina y el Caribe, sufrieron históricamente exterminio y despojo, por la colonización primero y por la sistemática discriminación después.
Entre los Pueblos Indígenas de Brasil, el COVID-19 se extendió debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, no expulsaron a los invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud.
La vida y la muerte de Aruká Juma y de su pueblo es un ejemplo paradigmático de las desigualdades sistémicas de la región y del impacto letal que el COVID-19 tuvo sobre esas desigualdades. Esta investigación de Amnistía Internacional y el Center for Economic and Social Rights (Centro por los Derechos Económicos y Sociales), documenta cómo estas desigualdades llevaron a que las personas en la región hayan sufrido impactos desproporcionados en sus derechos a la vida, a la salud, a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al trabajo, no solo en comparación con países de mayores ingresos sino también con regiones de nivel de ingresos similar o inferior. Estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades.
La pandemia en América Latina y el Caribe: Crónica de un desastre anunciado
Aunque la pandemia ha afectado a todo el planeta, los países de LAC fueron especialmente azotados. A pesar de que varios gobiernos de la región adoptaron medidas ambiciosas basadas en un análisis del perfil epidemiológico de la crisis, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta febrero de 2022, la región concentraba el 28% de las muertes totales por COVID-19, teniendo apenas el 8.4% de la población mundial. Esto significa que más de 1.6 millones de personas en la región habrían perdido sus vidas a causa de COVID-19.
América Latina
concentra el…
8%
de la población mundial
PERO hasta febrero de 2022…
SUFRIó
28%
de las muertes globales por COVID-19
América Latina
concentra el…
8%
de la población mundial
PERO HASTA FEBRERO DE 2022… SUFRIÓ
28%
de las muertes globales por COVID-19
Las falencias de los Estados de la región no solamente han costado miles de vidas, sino que también han contribuido substancialmente a una mayor persistencia de la pobreza a dos años de iniciada la pandemia. De acuerdo con CEPAL, el número estimado de personas en situación de pobreza en la región el año pasado siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Esta cifra es mayor a la población entera de Bolivia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019.
Si bien varios gobiernos de la región hicieron también un uso significativo de recursos públicos de emergencia para enfrentar la crisis en relación con temas sociales, la región ha sido la más afectada en términos de actividad económica y pérdida de empleo.
En consecuencia, el análisis aislado de las medidas sanitarias y de emergencia económica de los Estados es insuficiente para explicar tanto la magnitud de los impactos, como la forma en que distintos grupos de la población dentro de los países se han visto afectados. Para tener un panorama más completo es necesario analizar otros factores claves en la evolución de la pandemia en los países de LAC. En particular, tenemos que analizar las condiciones existentes que dejaron a la región expuesta y vulnerable ante el avance de una pandemia, tales como las desigualdades socioeconómicas previas, las brechas en los determinantes sociales de la salud, la desfinanciación de los sistemas de salud, la fragmentación de los sistemas de protección social, las políticas fiscales en la región y la corrupción.
Uno de los hallazgos centrales de la presente investigación es que los países más desiguales de la región son los que sufrieron los impactos más letales. Con la evidencia recabada en esta investigación, mostramos cómo la violación de derechos humanos económicos y sociales no fue sólo producto de la pandemia como un evento catastrófico a nivel global, sino el resultado de decisiones de distintos gobiernos de la región que, durante años, han favorecido a ciertos grupos y de la población mientras excluyeron a otros.
Ofrecemos cinco claves para entender, desde una perspectiva de derechos humanos, por qué América Latina y el Caribe se convirtió en el epicentro de la pandemia, y por qué no fueron suficientes los esfuerzos de los Estados de la región para prevenir esto.
5 Claves
5 claves para entender el impacto desproporcionado de COVID-19 en América Latina y el Caribe
Clave 1
La Desigualdad y las Discriminaciones Subyacentes
La región de América Latina y el Caribe es, según muchos indicadores, la más desigual del mundo. Como puedes ver en la gráfica de abajo, el 20% de los hogares más ricos concentra la mitad de los ingresos, mientras que el más pobre sólo 5%.
Esta desigualdad económica afecta más a grupos que sufren discriminación por su identidad y que han sido históricamente marginados en el disfrute de sus derechos. Las mujeres, por ejemplo, enfrentan muchos retos para su inclusión económica, ya que ellas llevan la mayor parte de la carga en las tareas de cuidados dentro del hogar. Además, los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes tienen menores oportunidades económicas y enfrentan discriminación social. Estas desigualdades y discriminaciones son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos durante décadas, que han fallado en reducirlas.
Las desigualdades y discriminaciones existentes exacerbaron los impactos de la pandemia sobre ciertos grupos, provocando una fuerte crisis en la salud y los medios de vida de millones de hogares. Además, dificultaron una respuesta articulada y eficaz por parte de los gobiernos para proteger a las poblaciones más vulneradas.
No es de extrañar, entonces, que existe una correlación entre la desigualdad y la mortalidad asociada al COVID-19 en la región. En la siguiente gráfica, puedes observar que, con excepción de los países de menor extensión geográfica en Centroamérica y el Caribe (cuyo tamaño y aislamiento relativo pudo estar asociado a un menor impacto del virus), en general los países más desiguales de la región (como Perú, México, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) han sufrido más en cuanto al número de muertos por COVID – considerando el tamaño de la población. Estos hallazgos son consistentes si se observa lo sucedido con el indicador de exceso de muertes por cien mil habitantes, como se ilustra en la gráfica posterior.
Las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos han sido insuficientes para cumplir con su deber de erradicar la discriminación y promover la igualdad sustantiva en el disfrute de los derechos humanos.
Clave 2
Brechas en los Determinantes Sociales de la Salud
El derecho a la salud depende del cumplimiento de muchos otros derechos, ya que, para poder tener una buena salud, no se requieren solamente hospitales y servicios médicos adecuados, sino un ambiente que propicie menores riesgos y un estado físico y mental adecuado. Algunos de estos elementos son el acceso a agua potable limpia y a la alimentación, espacios adecuados de la vivienda y condiciones dignas en el trabajo, incluyendo prestaciones y seguridad sanitaria. El acceso equitativo a estos factores determinantes de la salud son claves para el disfrute de este derecho de manera integral. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, existen brechas abismales en cuanto al acceso a estos determinantes para la salud.
En la Gráfica de abajo, puedes explorar en mayor profundidad algunos de estos factores complementarios de salud y los retos que enfrentan distintos grupos en la región para accederlos.
Estos factores, consecuencia de años de inversión y desempeño insuficientes en materia de derechos económicos y sociales en la región, contribuyeron a una mayor mortalidad del COVID-19 e impactos más agudos en materia laboral. Por ejemplo, la desigualdad en el acceso a alimentos nutritivos y los altos índices de obesidad en la región han sido un factor clave en el crecimiento de la prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) (principalmente cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y pulmonares crónicas), las cuales han desplazado gradualmente a las enfermedades por patógenos transmisibles en términos de prevalencia en buena parte de los países de la región. A su vez, estas enfermedades han tenido una relación letal con el COVID-19.
Por otro lado, las brechas en el acceso a agua potable y viviendas adecuadas implicaron que muchos hogares en la región no contaran con las condiciones básicas para adoptar las medidas establecidas para la contención del contagio por el COVID-19, un virus que se propaga rápidamente en espacios hacinados y poco higiénicos.
Finalmente, los altos índices de personas con empleos precarios hicieron que muchas personas no tuvieran otra opción que seguir llevando a cabo sus actividades laborales en plena pandemia: la OPS estima que solo el 25% de la población trabajadora en la región tiene la posibilidad de implementar el teletrabajo. Ante la falta de alternativas, estas personas se vieron obligadas a arriesgar su vida y la de su familia para poder tener ingresos. Además, estas brechas en las condiciones laborales llevaron a un impacto desproporcionado de la pandemia sobre los medios de vida de las personas de menores ingresos: la CEPAL estima que, para el 20% más pobre de la población en la región el ingreso laboral promedio habría caído un 40% en 2020, mientras que entre el 20% más rico la caída habría sido del 5%.
Clave 3
Medidas Parciales de Protección Social
La pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, así también las consecuencias catastróficas de la ausencia de sistemas verdaderamente universales, integrales y sostenibles. Si bien los países de la región habían logrado importantes reducciones en los niveles de pobreza, la gran mayoría de la población permanecía en una situación de alta vulnerabilidad frente a posibles cambios en la situación macroeconómica. Ello se explica por tres factores:
Por lo tanto, cuando llegó la pandemia, aunque los países analizados implementaron 430 medidas de protección social de emergencia para ayudar a las familias afectadas, estas fueron en su mayoría insuficientes y sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados: ahora existe 16 millones más de personas en la región viviendo en pobreza extrema, en comparación con 2019.
Esto se debe, en gran medida, a una deficiencia clave de las medidas de emergencia frente a sistemas consolidados verdaderamente universales, integrales y sostenibles: la dificultad de aumentar la cobertura y focalizarlas a los sectores que más atención requieren.
Entonces, pese a los esfuerzos en aumento de la cobertura de los programas existentes, o a la creación de otros nuevos, en la mayoría de los países de la región, con excepción de Bolivia y El Salvador, el conjunto acciones y programas cubrían a menos de dos tercios de la población. Además, con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global.
En el mapa a continuación, puedes leer más sobre cómo estos problemas se manifestaron en 3 países específicos de la región:
Clave 4
Sistemas de Salud con bajo financiamiento y gasto deficiente
Para que las personas puedan disfrutar plenamente el derecho a la salud, es necesario que los sistemas de salud cumplan con los requisitos de accesibilidad, disponibilidad, calidad y pertenencia cultura que establece el derecho a la salud:
Sin embargo, la realidad de los sistemas sanitarios en América Latina y el Caribe dista mucho de estos estándares y, en consecuencia, millones de personas en la región no gozan de servicios de salud adecuados. Ello se debe a que los sistemas de salud en la región tienen pocos recursos, poca infraestructura y mucha corrupción. Exploramos cada una de estas debilidades en esta sección.
El reconocimiento de la salud como un derecho debe venir acompañado con el reconocimiento de que es un bien o servicio público, lo cual implica una asignación prioritaria de recursos públicos. Sin embargo, a excepción de Argentina y Uruguay, los países que analizamos, y que han firmado el PIDESC, gastan menos del 6% de su PIB (Producto Interno Bruto) en salud pública. Este porcentaje es el estándar mínimo establecido por la Organización Panamericana de la Salud para comenzar a construir un sistema de salud universal, que es el fundamento de un sistema de salud equitativo. Como puedes ver en el gráfico de abajo, muchos países de la región ni siquiera llegan a la mitad del mínimo establecido por la OPS.
A excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, la mayoría de los sistemas de salud analizados mostraban, previo a la pandemia (2019), deficiencias en términos de infraestructura y recursos humanos. Aunque casi ningún país del mundo parecía estar preparado para la pandemia, lo cierto es que, desde casi el inicio, los países que analizamos habían llegado a los límites de capacidad de atención de sus servicios públicos de hospitalización y unidades de cuidado intensivo (UCI). De esta manera, la saturación de los sistemas y la falta de equipo y personal fueron pronunciados para casi todos los países analizados.
En las Gráficas a continuación, puedes encontrar el número de camas, unidades de cuidado intensivo, médicos y enfermeras en distintos países de la región, así también compararlos con el promedio de los países del OCDE.
La corrupción es un problema histórico en casi todos los países de la región y en varios ámbitos de nuestro día a día. Al reducir la calidad del gasto público, obstruir la rendición de cuentas y erosionar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos, la corrupción debilita la capacidad de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, no sorprende que también esté vinculada con las injusticias que viven muchos pacientes que utilizan los servicios públicos de salud y que frecuentemente terminan afectando a las personas más vulnerables. Una manifestación de este problema son los niveles de sobornos en hospitales, los cuales puedes observar en la gráfica para algunos países que cuentan con dicha información.
Estas deficiencias han tenido consecuencias en el aumento en pobreza y la mortalidad asociada con la pandemia. En promedio, uno de cada tres dólares que se gastan en salud en LAC proviene de los bolsillos de las familias que viven en la región, adicionalmente a los impuestos y cuotas que pagan. Esto implica que millones de hogares en la región tienen que utilizar sus recursos privados- el llamado gasto de bolsillo- para financiar el costo de los servicios los tratamientos y las medicinas. Esto afecta de manera desproporcionada a la población más vulnerable, que tiene que hacer uso de sus ya precarios ingresos, ahorros o activos del hogar para financiar eventos catastróficos. Esto puede tener como consecuencia un aumento en la pobreza: se estima que en LAC “cerca de 95 millones de personas incurren en gastos catastróficos en salud y casi 12 millones se empobrecen debido a estos gastos” (CEPAL, 2021).
La siguiente Gráfica muestra la relación entre el gasto de bolsillo por país (es decir, cuánto de todo lo que se gasta en salud proviene directamente de los ingresos de los hogares) y el gasto público en salud. Puedes observar una correlación clave que encontramos en esta investigación: los países que gastan más en salud tienen un menor gasto de bolsillo, y viceversa.
Además, existe una asociación importante entre el gasto en salud y la infraestructura de salud, y los indicadores de mortalidad de la pandemia. Puedes observar estas asociaciones en las siguientes gráficas:
Clave 5
Política Fiscal Inefectiva para el Combate de la Desigualdad
Para poder respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos, se necesitan recursos. Por eso, el derecho internacional contiene una obligación para los Estados de procurar hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos y sociales. La política fiscal debe permitir entonces que haya recursos suficientes para garantizar el derecho a la salud, para financiar derechos que son determinantes de esta última (agua, alimentación, vivienda), y como mecanismo para reducir la desigualdad. Sin embargo, en gran medida las políticas fiscales en la región, tanto antes como durante la pandemia, no han podido cumplir con esta función., Esto se debe a tres factores clave.
Primero, los países de la región se caracterizan por una baja recaudación tributaria como porcentaje del PIB, dados sus niveles de desarrollo humano. En promedio, la región sólo recauda el 18% del PIB en impuestos, frente al promedio de 33% de la OCDE. Como puedes ver en la gráfica de abajo, que muestra la relación entre la recaudación tributaria como porcentaje del PIB y el nivel de desarrollo humano, en general, la evidencia de estudios internacionales muestra que los países con mejores niveles de vida y desarrollo suelen recaudar más impuestos. Ello proviene de la idea de que existe un acuerdo social amplio donde las personas deciden pagar impuestos a cambio de recursos públicos de calidad.
Otro aspecto importante para observar en esta gráfica es que hay otros países en el mundo con niveles iguales de desarrollo a los de LAC, o hasta incluso más bajos, que logran recaudar más impuestos como porcentaje de su PIB.
Además de recaudar relativamente poco, la política fiscal en la región no ayuda a corregir las desigualdades socioeconómicas. Un porcentaje muy alto de la recaudación viene de impuestos al consumo de mercancías (impuestos indirectos), que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres y otros grupos sobrerrepresentados entre la población más pobre, mientras que los impuestos directos con un mayor potencial redistributivo – como los impuestos a la riqueza y a la renta personal – son relativamente bajos.
En la gráfica de abajo puedes observar cómo muchos otros países del mundo tienen una desigualdad inicial (antes de impuestos y transferencias) muy alta, ilustrado por las barras en la gráfica. Sin embargo, cuentan con Estados que usan instrumentos que reduzcan estas inequidades de manera mucho más efectiva. Como consecuencia, el nivel de desigualdad en estos países se reduce sustancialmente después de la aplicación de los impuestos y transferencias aplicados por los Estados. Por esta razón, puedes observar que el nivel de desigualdad después de impuestos y transferencias, representado por la línea en la gráfica, se reduce sustancialmente después de la aplicación de estos instrumentos.
Por otro lado, en los países de América Latina y el Caribe (representados por las barras amarillas en la gráfica) la desigualdad antes de impuestos es casi igual a la desigualdad después de que el gobierno recauda impuestos y ejerce el gasto público. Por esto, el espacio entre las barras y la línea en esa parte de la gráfica es mucho más angosto en comparación con el resto de la gráfica con los datos de los demás países del mundo.
Finalmente, las respuestas tributarias a la pandemia muestran que en LAC fueron más recurrentes los alivios tributarios a empresas que a las personas, en comparación con lo sucedido en los países de la OCDE y de la región Asia-Pacífico (salvo para el caso de las reducciones de IVA). Las modificaciones a impuestos directos como el impuesto a la renta personal, mediante los cuales podrían mejorarse la progresividad del sistema tributario, también fueron mucho menos recurrentes en la región. Estas diferencias las puedes ver en la siguiente gráfica, lo cual muestra que, en general, América Latina hizo un menor uso de medidas tributarias igualadoras para mitigar el impacto de la pandemia sobre los grupos más afectados.
En síntesis, además de tener economías que generan altos niveles de desigualdad, los países de América Latina y el Caribe han desaprovechado el potencial de las políticas fiscales para corregir esas desigualdades y construir sociedades más equitativas. Por consiguiente, la mayoría de los Estados no tenían los recursos ni la solidez fiscal para afrontar correctamente la crisis de la pandemia y con ello contrarrestar el incremento de la pobreza, la desigualdad y el impacto negativo sobre los derechos económicos y sociales en muchos países.
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Conclusiones
Las lecciones de la pandemia
Los aprendizajes de la pandemia en esta región del mundo han sido dolorosos. Más de un tercio de las muertes por COVID-19 a nivel global se dieron en esta región. Las graves crisis de derechos humanos que atravesaba América Latina y el Caribe, facilitadas en gran parte por las desigualdades y discriminaciones estructurales, crearon tierra fértil para que eventualmente se convirtiera en el epicentro del nuevo coronavirus.
Estas desigualdades, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el COVID-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva.
Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder. Los arreglos institucionales que crean y sostienen la desigualdad económica y social, generan a la vez diferencias significativas y relevantes en las oportunidades que esas personas tienen de gozar de sus derechos y en el poder político que tienen para cambiar estas instituciones. Son procesos de largo plazo, que incluyen, pero no se limitan, a las decisiones sobre el uso de los recursos públicos para garantizar derechos. Un motor primordial de las desigualdades en América Latina y el Caribe es el legado del colonialismo, que nace de una herencia de jerarquías y sistemas de conocimiento centrados en Europa que han fomentado la discriminación social y racista.
Estos graves problemas de desigualdades estructurales de la región deben ser abordados con urgencia para salir de las crisis de derechos humanos ocasionada por el COVID-19. Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de cumplir un rol igualador para corregir los resultados desiguales que genera el funcionamiento de los mercados y de estas estructuras sociales profundamente desiguales, en temas centrales que son determinantes para el goce del derecho a la salud y otros derechos humanos.
Pero en América Latina y el Caribe, por diseño, los sistemas de salud, protección social y de provisión de bienes y servicios públicos de la región no solo no corrigen estas desventajas, sino que las profundizan. Esto significa que el nivel de ingresos puede determinar también diferencias considerables en el acceso a bienes y servicios básicos, con lo cual la acción del Estado puede terminar amplificando – en vez de corregir – las desigualdades.
Por lo tanto, es muy importante generar consciencia sobre la necesidad de exigir cuentas a los gobiernos por su actuación en la pandemia. La grave crisis de salud y económica tendrá efectos de largo plazo en muchos hogares. Aunque los gobiernos decidieron implementar medidas de corto plazo, las cosas no cambiarán si no se atienden las raíces de fondo del problema que tienen que ver con repensar el rol del Estado en la salud y la protección social y cómo poder financiar servicios públicos que beneficien a todos sin importar su sexo, edad, estrato económico, raza, etnia, etc.
La perspectiva de derechos humanos ofrece también claves para modificar estas estructuras y permitir una recuperación justa, así como para evitar que subsiguientes crisis afecten nuestra región de una manera tan desigual y letal, recayendo desproporcionadamente sobre las mismas personas y colectivos que han sido históricamente marginalizados por estas decisiones estatales, muchas veces influenciadas por los grupos informales de poder.
En este contexto, el CESR y Amnistía Internacional consideran que los Estados de la región deben, como mínimo, cumplir con su deber de garantizar un gasto público en salud suficiente de acuerdo con el estándar de por lo menos un 6% del PIB establecido por la Organización Panamericana de Salud. Para esto deben organizar su política fiscal, tanto de recaudación como de gasto, de una manera progresiva que reduzca significativamente la desigualdad socioeconómica y la discriminación en el acceso al derecho a la protección social, así como a otros derechos humanos que son determinantes sociales de la salud.
“Así como el espacio democrático es una condición previa necesaria para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, el espacio fiscal es esencial para que los Estados creen las condiciones materiales en las que las personas puedan vivir con dignidad, mediante el pleno goce de sus derechos económicos y sociales” (CESR, 2021). En este sentido, Las normas internacionales de derechos humanos contienen varios deberes para los Estados en materia de política fiscal, los cuales resumimos en la siguiente gráfica:
La adopción de medidas para reformar la arquitectura financiera y tributaria a nivel global debería ser un imperativo de derechos humanos por parte de la comunidad internacional; pero los Estados latinoamericanos deben también avanzar de forma decidida en reformas domésticas para movilizar el máximo de los recursos disponibles para la garantía de los derechos humanos.
Los países de la región tienen un amplio margen de maniobra para movilizar más recursos para la garantía plena de los derechos. Podrían:
Llamados
¿Qué sigue? Hacia una recuperación justa
Hacemos un llamado para que todos los Estados de América Latina y el Caribe afronten de manera urgente y decidida las desigualdades estructurales como un imperativo prioritario de derechos humanos, implementando las siguientes cinco recomendaciones. Estas recomendaciones pueden utilizarse como una hoja de ruta para una recuperación justa.
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Para que los Estados de la región invierten más y mejor en salud:
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