Los defensores y defensoras de los derechos humanos desafían la represión entre señales de esperanza en Asia Meridional

El año empezó con la muerte de la abogada y activista paquistaní Asma Jahangir, una de las más conocidas defensoras de las personas desposeídas de la región, que durante decenios había encarnado la lucha de millones de personas en Asia Meridional. Desafió en la calle la represión política, pidió el fin de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales y fue golpeada y detenida por protestar en defensa de los derechos de las mujeres. Con valentía, hizo frente ante los tribunales a las amenazas que recibía por su trabajo de representación de otras personas: mujeres que trataban de escapar de sus violentos esposos, mano de obra cautiva que intentaba liberarse de “amos” opresores, o minorías religiosas que necesitaban refugio tras haber sido agredidas por turbas extremistas.

Shahidul Alam, fotoperiodista bangladeshí

La membresía de Amnistía ha desempeñado un papel crucial para facilitar esto y para generar la presión que condujo a mi liberación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La pérdida de Asma Jahangir causó un profundo impacto en los defensores y defensoras de los derechos humanos de Pakistán. Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a vigilancia injustificada o a desapariciones forzadas, intimidadas o enjuiciadas en aplicación de nuevas y draconianas leyes que penalizan la libertad de expresión dentro y fuera de Internet. Se produjeron ciberataques, en los que se utilizaron perfiles falsos para extender programas maliciosos, que infectaban de manera subrepticia los equipos de activistas. Se presentaron cargos de sedición contra integrantes del Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún, de carácter no violento, que pedían el fin de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales, y se detuvo a integrantes de este movimiento por comentarios que habían publicado en Internet.

Pero también hubo buenas noticias. Los activistas Raza Khan y Sagheer Baloch quedaron en libertad en Pakistán tras haber pasado nueve meses sometidos a desaparición forzada. En septiembre, Hayat Khan Preghal, miembro del Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún, quedó en libertad bajo fianza tras haber sido detenido por unos comentarios críticos que había publicado en las redes sociales.

Al otro lado de la frontera, en India, también se demonizó y criminalizó reiteradamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Un total de 10 destacados activistas —entre ellos, Sudha Bharadwaj, Shoma Sen y Arun Ferreira— fueron detenidos en Bhima Koregaon (estado de Maharashtra) en aplicación de la draconiana legislación antiterrorista. El activista dalit Chandrashekar Azad “Ravan” permaneció 10 meses recluido en detención administrativa, sin cargos ni juicio.

A lo largo del año, las defensoras de los derechos humanos —que sufren represalias por su trabajo de derechos humanos y discriminación por motivos de género— tuvieron que enfrentarse a innumerables actos de violencia y abusos en Internet. La periodista Rana Ayyub y la activista Gurmehar Kaur recibieron amenazas de violencia sexual por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Fuera de Internet, el espacio civil siguió reduciéndose, mientras el gobierno central utilizaba la controvertida Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras de 2010 como herramienta política para hostigar a organizaciones críticas con sus opiniones y acciones.

En Bangladesh, el gobierno prometió derogar la tristemente célebre Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que había permitido acusar y enjuiciar a cientos de personas por lo que habían dicho o escrito, pero continuó utilizando la ley para silenciar a quienes lo criticaban. El conocido fotógrafo Shahidul Alam fue acusado formalmente en aplicación del artículo 57 de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación por unos comentarios que había publicado en Facebook y una entrevista que había concedido. Tras su detención, una sombra de temor se extendió por el país, al quedar sometidos a cibervigilancia estudiantes y otros activistas. En septiembre, se aprobó la Ley de Seguridad Digital, que ampliaba la de Tecnologías de la Información y la Comunicación, reteniendo sus disposiciones más draconianas.

Continúa la crisis de refugiados

Bangladesh siguió acogiendo, en condiciones de masificación, a casi un millón de personas rohingyas refugiadas. Ante la remota perspectiva de un retorno en condiciones de seguridad y dignidad a Myanmar, la ayuda internacional se fue recortando y el gobierno de Bangladesh anunció el traslado de hasta 100.000 refugiados y refugiadas rohingyas a una apartada isla cenagosa frente a la costa, en la que, según expertos, está expuesta a inundaciones y ciclones. Pese a sus deficiencias, la actitud de Bangladesh con la población refugiada contrasta radicalmente con la cruel indiferencia de Europa. En 2018, países de toda Europa siguieron devolviendo a miles de solicitantes de asilo afganos, pese a que la cifra de víctimas civiles continuaba en niveles máximos.

Atentados en Afganistán

La peligrosa situación en Afganistán quedó de manifiesto en los letales atentados de grupos armados que se cobraron la vida de niños y niñas, personal de ayuda humanitaria, minorías religiosas, periodistas y otras muchas personas. En agosto, al menos 34 personas perdieron la vida, muchas de ellas menores de edad, en un atentado contra un distrito chií de la capital, Kabul. En abril, un segundo dispositivo mató a 10 periodistas en el lugar donde, previamente, había estallado una bomba. Dos periodistas más murieron en septiembre en circunstancias similares. Éste ha sido el año más mortífero para los periodistas en Afganistán desde que estalló el conflicto en 2001. En septiembre, Amnistía Internacional inauguró un mural dedicado a su memoria en el centro de Kabul.

Novedades jurídicas

En mayo, el Parlamento de Pakistán aprobó una de las leyes más progresistas del mundo sobre los derechos de las personas transgénero, convirtiéndose así Pakistán en el primer país de Asia en reconocer la identidad de género de las personas que se consideran transgénero. En India, en una serie de sentencias históricas, el Tribunal Supremo liquidó el artículo 377 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, el artículo 497, que penalizaba el “adulterio”, y una sentencia que prohibía la entrada en el templo Sabarimala de Kerala a las mujeres en “edad de menstruación”.

En Sri Lanka, Sandhya Eknaligoda, destacada activista por la justicia para las familias de las personas desaparecidas, se alzó con una importante victoria ante los tribunales tras años de hostilidad y campañas de desprestigio, al ser condenado a seis meses de prisión el monje budista radical que la había amenazado. En septiembre, el presidente Maithripala Sirisena ordenó la detención de un oficial del ejército por la desaparición forzada de Prageeth Eknaligoda, esposo de Sandhya, ocurrida en 2010. Asimismo, se produjeron en el país otros acontecimientos positivos, entre ellos el establecimiento de la largamente aplazada Oficina de Personas Desaparecidas, la aprobación de una ley para crear una Oficina de Reparaciones y la restitución de parte de las tierras de propiedad privada que el ejército había confiscado en el norte.

En Sri Lanka y Nepal, se avanzó con dificultad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a verdad, justicia y reparaciones por las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. Ambos gobiernos trataron de imponer nuevas restricciones a las ONG, pero se retractaron ante las objeciones de grupos de la sociedad civil. En Nepal, el Parlamento aprobó a toda prisa un elevado número de leyes sobre derechos humanos, lo que provocó indignación entre los grupos de víctimas, que no habían sido consultados. En Sri Lanka, el inesperado nombramiento de Mahinda Rajapaksa como primer ministro en octubre y la subsiguiente crisis constitucional puso de manifiesto que los derechos humanos y las garantías de la justicia transicional pueden estar en peligro en el futuro.

En Pakistán hubo un cambio de gobierno al hacerse con el poder, en julio, Imran Khan, antigua leyenda del críquet dedicada en la actualidad a la política. El nuevo gobierno formuló una serie de esperanzadoras promesas en materia de derechos humanos, pero pronto empezó a dar marcha atrás en su compromiso de conceder la ciudadanía a la población refugiada afgana y bengalí. Ante la resistencia de extremistas religiosos, el gobierno capituló y revocó la designación como asesor de Atif Mian, eminente economista perteneciente a la largamente perseguida secta ahmadí.

De igual modo, en marzo, el fanatismo religioso se hizo presente en Sri Lanka, cuando monjes budistas de tendencia radical incitaron a la violencia contra la población musulmana en la ciudad de Kandy, situada en la cordillera central del país, y en Ampara, al este. Como resultado, se incendiaron viviendas y negocios de musulmanes. El gobierno impuso el estado de excepción y cerró páginas de las redes sociales que se habían utilizado como plataforma para atizar los disturbios. En julio, el presidente Sirisena afirmó su intención de reinstaurar la pena de muerte para traficantes de drogas, más de 40 años después de la última ejecución consumada en Sri Lanka. En Bangladesh, el gobierno lanzó su propia “guerra contra las drogas”, que dio origen a una oleada de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en la que paramilitares mataron a tiros a más de 200 personas que, supuestamente, habían cometido delitos de drogas.

Nuevas esperanzas en Maldivas

Cuando el año entraba en su recta final, en Maldivas renació la esperanza, al llegar a término los largos años de gobierno represor de Abdulla Yameen, que fue claramente derrotado en las elecciones presidenciales de septiembre. Con anterioridad, el presidente Yameen había intentado aferrarse al poder, imponiendo el estado de excepción y deteniendo al presidente del Tribunal Supremo, a otro magistrado del Tribunal Supremo, a un expresidente del país y a más de 200 manifestantes. Días después de las elecciones, fue liberado Ahmed Mahlouf, preso de conciencia que se enfrentaba a 20 años de prisión por cargos falsos. Se esperan otras liberaciones, ya que el presidente Ibrahim Solih ha prometido no repetir los ataques contra los derechos humanos de su predecesor.