Las personas refugiadas necesitan un cambio significativo
El Pacto Mundial sobre los Refugiados, auspiciado por la Asamblea General de la ONU, no ha traído ningún cambio significativo para 25 millones de personas refugiadas. En julio, tras 18 meses de consultas, el texto final del Pacto, cuyo objetivo es mejorar la respuesta de la comunidad internacional al desplazamiento forzado masivo, adolecía de una notable falta de ambición: un vergonzoso modelo de elusión de responsabilidades.
El Pacto no cambiará la situación de la población refugiada rohingya recién llegada a Bangladesh, ni la de toda una generación de jóvenes somalíes nacida en los campos de refugiados de Kenia, ni la de las personas atrapadas desde hace cinco años en una situación incierta, ilegal y devastadora en la isla de Nauru. No supondrá ningún alivio para el África subsahariana, que acoge ya al 31% de la población refugiada del mundo.
Se ignora la voz de las personas refugiadas
Pocas personas refugiadas del mundo habrán oído hablar del Pacto Mundial. Tampoco se les habrá consultado sobre su proceso o el contenido ni habrán participado en las negociaciones. El Pacto se proponía ser un conjunto completo e integral de buenas prácticas, pero todo impulso hacia compromisos concretos, requisitos obligatorios o medidas audaces quedó hecho añicos en las primeras rondas de debate. Las obligaciones legales en materia de derechos humanos y de protección de las personas refugiadas estaban en gran medida ausentes del borrador “cero”. Se omitieron incluso aspectos fundamentales como el principio de no devolución (non- refoulement) y el derecho a buscar asilo. También se suprimió el cambio climático como causa de desplazamiento forzado y apenas se dejó margen para institucionalizar las voces de las personas refugiadas en algún mecanismo. Lo que quedó fue una fuerte tendencia favorable a los intereses de los Estados más que a los derechos de la población refugiada.
Los Estados hacen drásticos recortes en las cuotas de reasentamiento
Sin embargo, mucho más indignantes fueron ciertas iniciativas que tomaron los Estados fuera del marco de las negociaciones del Pacto. Este año, las acciones de los Estados ya han demostrado la escasa probabilidad de que se vayan a respetar siquiera las endebles ambiciones recomendadas en el Pacto. Antes de la finalización del texto, el ACNUR —la agencia de la ONU para la población refugiada— informó de una disminución del 54% en las plazas de reasentamiento: 75.188 frente a las 163.206 del año anterior, debido a la reducción de las cuotas de reasentamiento ofrecidas por los Estados. Esta cifra es muy inferior a los 1,2 millones de plazas que, según el ACNUR, hacen falta.
El gobierno de Estados Unidos redujo su cuota de admisión de personas refugiadas a 45.000, la más baja desde que se promulgó la Ley sobre Refugiados en 1980 y, aparentemente, prevé reducirla a 30.000 en 2019. Mientras tanto, Amnistía Internacional documentó el daño catastrófico e irreparable que han causado las políticas fronterizas y migratorias de la administración Trump a miles de solicitantes de asilo, medidas que, como la separación y detención de menores de edad y de familias, violaban tanto las leyes estadounidenses como el derecho internacional.
Devoluciones
En Europa, a pesar del deterioro de la situación de seguridad en Afganistán y de los informes de la ONU sobre cifras récord de muertes de civiles, varios Estados devolvieron a un número creciente de personas afganas que no habían obtenido la condición de refugiado u otra forma de protección internacional. Amnistía Internacional documentó el riesgo que representan las violaciones graves de derechos humanos y la violencia generalizada para las personas refugiadas devueltas a Afganistán. Sin embargo, durante 2018, Finlandia deportó a 75 personas, Alemania devolvió a 366, Países Bajos a alrededor de 28, y Noruega a 15. Esto se suma a las casi 10.000 personas afganas deportadas desde Europa entre 2015 y 2016.
Eludir la responsabilidad
Los gobiernos europeos tampoco reformaron las normas sobre asilo ni acordaron un sistema común de responsabilidad compartida y cooperación para proteger y ayudar a la población refugiada dentro de Europa. Como consecuencia, los Estados que están en primera línea siguieron asumiendo una responsabilidad desproporcionada en la tramitación de las solicitudes de asilo. A pesar de la considerable disminución del número de personas que llegan a Europa, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros continuaron promoviendo prácticas de externalización encaminadas a mantener a la población en movimiento bien lejos de las fronteras europeas, desplazando la responsabilidad a gobiernos de África y otros lugares.
Las personas refugiadas y migrantes atrapadas en Libia sufrieron la peor parte de las políticas europeas, políticas que apoyaban a las autoridades libias en la prevención de salidas y la interceptación de personas que arriesgaban su vida para alcanzar la seguridad y una vida mejor en Europa. Según los informes, más de 1.200 personas murieron o desaparecieron en las aguas del Mediterráneo central durante el verano. Miles de personas fueron interceptadas y devueltas a Libia, donde estaban expuestas a la detención arbitraria, la violencia, los abusos y la explotación.
El acuerdo UE-Turquía, un referente de la elusión de responsabilidad, hizo que miles de personas refugiadas y migrantes fueran confinadas en campos masificados y precarios auspiciados por la UE en las islas griegas, donde las mujeres y niñas corrían un riesgo especial de sufrir acoso, violencia sexual y otros abusos.
En Israel, el gobierno empezó 2018 publicando su Procedimiento de Expulsión a Terceros Países, en virtud del cual los varones sudaneses y eritreos solteros que no hubieran solicitado asilo antes del final de 2017 o cuya solicitud fuera denegada recibirían una orden de expulsión a su país de origen o a dos “terceros países” no especificados, aunque se entendía que eran Uganda y Ruanda. Los que se nieguen a marcharse serán detenidos hasta que accedan a hacerlo o trasladados a la fuerza. Las actuaciones judiciales paralizaron su implementación, pero no impidieron los intentos israelíes de trasladar su responsabilidad respecto de estos refugiados y solicitantes de asilo a Uganda, cuya población refugiada es ya de 1,3 millones de personas, la mayor de África y una de las cinco primeras del mundo. El procedimiento incumple la obligación legal de Israel de respetar el principio de no devolución.
Activismo ciudadano en busca de soluciones
Mientras los gobiernos hacían dejación de sus responsabilidades, aumentaba el activismo y el trabajo de incidencia de la ciudadanía. Pero, en todo el mundo, los gobiernos están usando una diversidad cada vez mayor de métodos para dificultar el trabajo de las personas y organizaciones que ayudan a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Entre otras medidas, se utilizan leyes administrativas, penales y de otra índole para disuadir, imponer restricciones, enjuiciar y castigar a quienes prestan ayuda. Desde la incautación de embarcaciones de búsqueda y salvamento de ONG en el Mediterráneo a la detención de un periodista que investigaba los abusos del gobierno australiano contra personas refugiadas en Nauru, el activismo en favor de los derechos de las personas refugiadas y migrantes se ha convertido en un asunto inestable y potencialmente delictivo.
Sin embargo, el borrador final del Pacto Mundial menciona vías complementarias para que las personas refugiadas alcancen la seguridad en terceros países, y recomienda que los Estados establezcan “programas de patrocinio privado o comunitario adicionales al reasentamiento regular, como los programas comunitarios”, algo que Amnistía Internacional viene propugnando desde hace tiempo.
Algunos países empezaron este año. En julio, Canadá, Reino Unido, España, Argentina, Irlanda y Nueva Zelanda anunciaron su respaldo al concepto de patrocinio comunitario de personas refugiadas, en virtud del cual individuos y comunidades desempeñan un papel central en lo relativo a organizar la llegada, la acogida y la integración de familias refugiadas en terceros países. Mientras tanto, Nueva Zelanda anunció el compromiso de aumentar su cuota de personas refugiadas de 1.000 a 1.500 plazas.
En un mundo cada vez más hostil, la solidaridad y la acción directa de comunidades e individuos podría ser el camino para reforzar el derecho de todas las personas a buscar asilo y vivir en dignidad. Los gobiernos deberían celebrar y seguir el ejemplo de su ciudadanía en lugar de amenazarla y acosarla. Ahora que han concluido las negociaciones, esperemos que sean más los gobiernos que entiendan el Pacto Mundial como un punto de partida para el cambio positivo y no como su final.