Las mujeres sufren las peores consecuencias de la desigualdad

El pasado mes de enero, el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que 2018 fuera “el año en que las mujeres prosperen”, e instó a los gobiernos a incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo hasta igualarla con la de los hombres.

No obstante, dos meses antes, en noviembre de 2017, la organización había declarado que se necesitarían 217 años para cerrar la brecha económica de género.

Anteriormente, en 2015, tras una campaña coordinada de grupos de mujeres y organizaciones de desarrollo y derechos humanos, los gobiernos habían adquirido el compromiso político de lograr la igualdad de género para 2030, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Es evidente el desajuste entre el compromiso de lograr la igualdad de género en 12 años —entre otras cosas, mediante de la igualdad de derechos a los recursos económicos para las mujeres— y la perspectiva de que, en realidad, llevará más de dos siglos conseguirla.

Obstáculos para los derechos económicos y sociales de las mujeres

Los obstáculos para que las mujeres ejerzan sus derechos económicos y sociales están bien documentados. La ONU sostiene que las mujeres poseen sólo el 12,8% de las tierras de cultivo del mundo. La falta de seguridad de tenencia es un importante obstáculo para el derecho de las mujeres a la alimentación, el trabajo y la vivienda en zonas rurales y urbanas. Las prácticas discriminatorias en materia de herencia y las leyes relativas al estatuto personal y a la propiedad a menudo dificultan la capacidad de las mujeres de alquilar, poseer o registrar tierras o propiedades. El informe sobre Eswatini (antigua Suazilandia) publicado por Amnistía Internacional en 2018 demostró que el sistema tradicional de distribución de tierras (kukhonta) —realizado por jefes que asignan siempre las tierras a los hombres— con frecuencia perjudica a las mujeres. Una mujer desalojada a la fuerza de su vivienda, demolida por las autoridades, nos contó: “Como mujer, la kukhonta es muy difícil. Necesitas un varón. De lo contrario, no podrás conseguir tierras, ni que se te escuche”.

Durante más de un decenio, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que garanticen a todas las personas un mínimo de seguridad de tenencia, que debe incluir protección frente a los desalojos forzosos, el hostigamiento y otras amenazas. Sin embargo, los gobiernos siguen llevando a cabo adquisiciones de tierras para grandes proyectos comerciales o remodelaciones de espacios urbanos de maneras que vulneran flagrantemente el derecho internacional y dan lugar a desalojos forzosos.

Los impactos están profundamente relacionados con el género, debido al difícil acceso de las mujeres a los derechos de tierras y de propiedad, y empujan a las mujeres a la pobreza o las sumen todavía más en ella. Por ejemplo, mujeres de la comunidad indígena sengwer describieron a Amnistía Internacional cómo los desalojos forzosos del bosque de Embobut, en Kenia, destruyeron su autonomía económica, porque perdieron el acceso al bosque, la tierra y el ganado del que dependían su medio de vida y su identidad cultural. Una mujer sengwer, que no recibió indemnización alguna, dijo: “Estoy albergada [en casa de otra persona], no tengo tierra, no tengo cama, apenas tengo comida. Trabajo ocasionalmente como jornalera en fincas de otras personas. Vivo en la indigencia”.

Protección totalmente inadecuada de los derechos de la mujer al trabajo y en el trabajo

Según el Banco Mundial, Brasil, Egipto, Francia, India, Rusia y otros 99 países siguen teniendo leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos. Por consiguiente, más de 2.700 millones de mujeres no pueden por ley tener las mismas posibilidades de trabajo que los hombres. La Escuela de Salud Pública Fielding, un laboratorio de ideas, concluyó que sólo 87 países garantizan igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, donde se carece de protección legal y se tiene acceso limitado o nulo a los sistemas de seguridad social.

Las trabajadoras domésticas a menudo se hallan en situación de especial vulnerabilidad. Las campañas de Amnistía Internacional en Líbano, Qatar, la región administrativa especial de Hong Kong e Indonesia han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas frente a los graves abusos laborales y otros abusos contra los derechos humanos causados por las lagunas en la legislación laboral y/o por su deficiente aplicación. Las mujeres que trabajan en la economía informal y en numerosas zonas francas encuentran obstáculos legales y prácticos para afiliarse a sindicatos y ejercer su derecho a la negociación colectiva.

Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en determinados sectores de las cadenas de suministro globales, como el textil y el hortícola, según la OIT, pero suelen estar concentradas de manera desproporcionada en empleos de baja remuneración o baja categoría. Las campañas en curso de Amnistía Internacional en torno al aceite de palma y el cobalto en las cadenas de suministro globales han puesto de manifiesto que algunas de las empresas más ricas del mundo no aplican la diligencia debida en materia de derechos humanos.

Los cambios en las pautas de empleo, como el aumento de la deslocalización y la subcontratación en las cadenas de suministro globales y en la economía del trabajo esporádico, especialmente cuando se combinan con la precariedad laboral y los sueldos bajos, plantean importantes desafíos para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Los gobiernos deben adaptar urgentemente los marcos relativos a los derechos laborales y sus modos de aplicación para abordar las lagunas en materia de protección de los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo. Las empresas deben identificar, prevenir y abordar los riesgos para los derechos laborales y otros derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro globales. Los gobiernos deben llevar a cabo un cambio de paradigma sustancial en cuanto al modo en que se asigna responsabilidad jurídica en el seno de grupos empresariales, y garantizar el acceso a recursos para todas las víctimas.

Trabajos no retribuidos y trabajos de cuidados que realizan las mujeres

Las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y del trabajo de cuidados. Según datos de 83 países analizados por la ONU, las mujeres llevan a cabo más del doble del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo cual limita su capacidad de acceder a la educación y a oportunidades de empleo retribuido, y afecta negativamente a sus ingresos. Según la OIT, aunque la brecha educativa y la relativa a la experiencia laboral entre mujeres y hombres se reduce, la brecha salarial de género sigue siendo mayor de lo esperado.

Las desigualdades de género en el trabajo y la carga del trabajo no remunerado y de cuidados también dan lugar a lagunas en la cobertura de la protección social para las mujeres. Además,

casi el 65% de las personas que superan la edad de jubilación y no cuentan con una pensión regular son mujeres, y casi 750 millones de mujeres tampoco tienen legalmente el derecho a un permiso de maternidad. Es vital que los gobiernos reconozcan, reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidados no remunerado, con medidas que incluyan una mejor prestación de servicios públicos y programas de asistencia social.

En muchos países, estas desigualdades se ven agravadas por medidas de austeridad regresivas y recortes presupuestarios de servicios públicos básicos. En España, por ejemplo, los retrasos en la aplicación de la legislación que regula los cuidados de larga duración han tenido un enorme impacto en quienes prestan cuidados de manera informal, en su mayoría mujeres. De igual modo, las medidas de austeridad en Chad han afectado gravemente a la sanidad pública y socavado el acceso de las mujeres y las niñas a servicios básicos de salud. Esto ha tenido graves consecuencias para las mujeres y niñas económicamente vulnerables que viven en zonas rurales. Una mujer de 29 años que vive a 12 kilómetros del centro de salud más cercano contó a Amnistía Internacional: “No he venido antes porque no tenía dinero para las pruebas médicas, tampoco para los comprimidos de hierro ni para comprar la cartilla sanitaria…”.

Los gobiernos deben garantizar la igualdad de género

Es positivo que más de 100 gobiernos hayan adoptado medidas para hacer un seguimiento de la asignación presupuestaria para la igualdad de género. No obstante, los gobiernos deben hacer mucho más para evaluar, desarrollar y aplicar políticas fiscales y económicas adecuadas que garanticen la igualdad de género. Esto incluye aplicar políticas impositivas progresivas y abordar la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos a fin de que haya más recursos disponibles para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Para lograr la igualdad de género, los gobiernos pueden y deben abordar las lagunas de los marcos jurídicos en la aplicación de la legislación y en el gasto público. Las mujeres no pueden esperar otros doscientos años.