Valentía bajo ataque

Una de las luchas predominantes en la región de las Américas a lo largo de 2018 ha sido la lucha por el territorio y la tierra, en particular por los que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, junto con la lucha por un medio ambiente saludable.

En toda la región, las personas que se dedican al activismo medioambiental y a la lucha por los derechos a la tierra han demostrado una valentía ejemplar frente a las continuas amenazas y actos de violencia. Los defensores y defensoras de los derechos humanos corren estos peligros porque se atreven a alzar la voz para denunciar el daño al medio ambiente provocado por grandes intereses económicos, y el daño a sus tierras ancestrales causado por proyectos de explotación de los recursos naturales.

Las mujeres desempeñan un papel crucial como valientes defensoras de derechos. Se enfrentan a riesgos específicos, tanto por sus actividades como por poner en entredicho los papeles tradicionales que la sociedad les ha asignado.

A estas mujeres se las margina, intimida, amenaza, somete a desaparición forzada e incluso asesina por “protestar demasiado”. No son las únicas víctimas: sus hijos e hijas y sus familiares también están en el punto de mira. Además, las defensoras de los derechos humanos suelen ser blanco de violencia sexual o de amenazas de violencia sexual para tratar de intimidarlas.

La Plataforma de Amnistía Internacional Alza la voz por los y las defensoras cuenta las historias de estas mujeres valientes que no renuncian a su lucha, ni siquiera frente a las amenazas y la violencia.

Intimidación y amenazas

En uno de estos incidentes, ocurrido en Paraguay en agosto, tres hombres armados interceptaron el taxi en el que Amada Martínez, de la comunidad indígena paraguaya Tekoha Sauce, viajaba con su hermana y los tres hijos de ambas, de corta edad. Al detenerse, uno de los hombres, apuntando a Amada al rostro con una escopeta, la acusó de ser una “mujer bocona”, y le dijo que anduviera con cuidado porque algún día se la encontrarían sola en la carretera. Amada ha denunciado reiteradamente el sufrimiento que padece su comunidad, desplazada por la construcción de una planta hidroeléctrica. Los tres hombres armados vestían uniformes de la empresa hidroeléctrica.

Un mes antes, en Chile, la abogada defensora Karina Riquelme Viveros había sido objeto de un acto de intimidación similar por su labor de defensa de los derechos del pueblo indígena mapuche, cuando dos hombres apuntaron con una luz de láser a través de la ventana de su domicilio, donde vive con su hija de seis años. El día anterior, la abogada había advertido la intimidatoria presencia de un grupo de agentes de la policía de inteligencia de Chile tomándole fotografías en el tribunal en que el ejerce. Este hecho tuvo lugar durante la celebración de una vista contra unos agentes de la policía de inteligencia acusados de tratar de incriminar a miembros de la comunidad mapuche en actividades de carácter terrorista. Días después, uno de los agentes volvió al tribunal haciéndose pasar por un miembro del público. Aunque la Corte Suprema de Justicia de Chile ha ordenado a la policía que no obstaculice la asistencia letrada durante las investigaciones penales, Karina teme que estas tácticas intimidatorias puedan transformarse en ataques violentos.

Amada Martínez y Karina Riquelme Viveros no son las únicas mujeres que han descubierto que los hijos e hijas de defensores y defensoras de los derechos humanos corren peligro de sufrir actos de intimidación, e incluso de ser objeto de ataques específicamente dirigidos contra ellos para presionar a sus progenitores. En Honduras, en abril la policía allanó sin orden judicial el domicilio del hijo de Liliam López, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y le tomó fotografías. El departamento de policía local no tenía conocimiento de estas actividades.

Ataques impunes

Suscita honda preocupación el papel de las autoridades en los ataques contra quienes defienden los derechos humanos. En julio, un miembro de las fuerzas armadas de Venezuela acusó de traición a Lisa Henrito —defensora de los derechos del grupo indígena pemón en Venezuela— en la televisión nacional. Este oficial también pidió al ejército venezolano que vigilara el activismo del pueblo pemón, cuyos derechos sobre las tierras todavía no ha reconocido el gobierno. Las comunidades pemón se han organizado y han hecho campaña contra la amenaza que supone para sus derechos sobre las tierras un reciente proyecto gubernamental de tendido eléctrico y contra la ausencia de una consulta. Temen que este proyecto sea la antesala de la apertura de nuevas minas en la zona.

Quienes atacan a defensores y defensoras de los derechos humanos a menudo lo hacen con impunidad: pocas investigaciones penales sobre los ataques contra defensoras dan lugar a que se identifique a los responsables o se los lleve ante la justicia, y esto incluye a quienes ordenan los ataques. La ausencia de sanciones para los perpetradores transmite a la sociedad un mensaje peligroso: se puede atacar a una defensora de los derechos humanos sin temor a sufrir un castigo. Por ejemplo, en Ecuador, un hombre no identificado lanzó piedras contra las ventanas del domicilio de Patricia Gualinga y las rompió mientras profería amenazas de muerte a gritos. Patricia es la lideresa del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, además de integrante del Colectivo de Mujeres Amazónicas, y ha hecho campaña contra los proyectos de extracción de petróleo en su comunidad. Las autoridades han obstaculizado los intentos de Patricia de que se haga justicia, negándose a mostrarle imágenes grabadas con cámaras de circuito cerrado que podían haber ayudado a identificar al responsable. El año pasado, otras tres defensoras de los derechos humanos pertenecientes al Colectivo de Mujeres Amazónicas —Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar— sufrieron amenazas similares.

Voces silenciadas

En las Américas se ha hecho un uso indebido de los sistemas de justicia para hostigar y acallar a defensores y defensoras de los derechos humanos. En Colombia, las autoridades detuvieron en abril a Sara Quiñonez y a su madre, Tulia María Valencia, ambas defensoras de los derechos de las personas afrocolombianas, y las acusaron de “rebelión”. Desde 2015, Sara se ha visto obligada a cambiar de domicilio en dos ocasiones tras recibir amenazas por su activismo. En Colombia, quienes defienden a las personas indígenas y afrodescendientes son blanco de ataques con una regularidad alarmante, y el gobierno no aborda el drástico aumento de los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en el país. Se calcula que cada tres días se produce la muerte violenta de un o una activista.

La inacción de los gobiernos para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y, en algunos casos, sus acciones deliberadas para atacarlos, han quedado demostradas con los hechos que rodearon la muerte de Berta Cáceres en Honduras. Berta, defensora de los derechos medioambientales y lideresa indígena, logró presionar a la mayor constructora de represas del mundo para que abandonara un proyecto en el río Gualcarque, que hubiera afectado gravemente a los medios de vida de la comunidad indígena lenca y puesto en peligro su acceso a alimentos y agua. Tras recibir durante años numerosas amenazas de muerte, Berta fue asesinada en su casa en 2016. A pesar de que Berta había recibido amenazas y sufrido ataques anteriormente, no disponía de ningún tipo de protección el día de su muerte. Se habían formulado recomendaciones internacionales para que el gobierno de Honduras le brindara seguridad las veinticuatro horas del día; aun así, la seguridad ofrecida fue muy escasa.

En busca de justicia

Aunque los anteriores ejemplos describen un panorama desolador, hay atisbos de esperanza de que algunos de los responsables de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos rindan cuentas. Dos años después de su muerte, parece que en el horizonte por fin se vislumbra justicia para Berta, ya que nueve personas han sido detenidas por su asesinato, algunas de ellas vinculadas al ejército hondureño. Con todo, será un proceso lento, y sólo se hará realmente justicia cuando se identifique y juzgue a quienes dieron orden de matarla.

Aun así, estos rayos de esperanza son insuficientes en un contexto en el que la impunidad no es la excepción, sino más bien la regla. El 28 de julio, en Guatemala, unos vecinos de Juana Raymundo avisaron a la policía tras hallar su cadáver junto a un riachuelo entre las comunidades de Nebaj y Acambalam. Juana, enfermera maya ixil, había hecho campaña de manera incansable para que los campesinos y campesinas tuvieran acceso a la tierra y al desarrollo rural. Todavía no se ha encontrado a sus asesinos.

Para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos es imperativo que se adopten medidas de protección, no sólo para personas concretas, sino para comunidades enteras y, en particular, para grupos indígenas. En la región, las mujeres y sus familias son a menudo las que sufren las peores consecuencias de ataques concebidos para acallar a defensores y defensoras e impedir que lleven a cabo su importante labor. Mientras haya defensores y defensoras de los derechos humanos alzando su voz con valentía para hacerse oír, los gobiernos de la región tendrán el deber de protegerlos.