Direk36, organización húngara sin ánimo de lucro dedicada al periodismo, ha publicado hoy una importante investigación sobre el uso del tristemente famoso software espía Pegasus, del NSO Group, en Hungría, revelando que fueron identificados los teléfonos de más de 300 ciudadanos y ciudadanas húngaros como posibles objetivos de infección. Personas expertas de Amnistía Internacional pudieron confirmar varios casos en los que se logró instalar el software espía.
Las revelaciones son parte del Proyecto Pegasus, una innovadora investigación colaborativa en la que participan más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países bajo la coordinación de Forbidden Stories, organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación con sede en París, con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, que llevó a cabo análisis forenses de vanguardia de teléfonos móviles para identificar rastros del software espía de NSO Group.
“El gobierno húngaro debe dar inmediatamente una respuesta significativa a esta reciente revelación del Proyecto Pegasus y aclarar si conocía o aprobó la vigilancia encubierta de periodistas, miembros del empresariado y otras personas. Si las autoridades húngaras conocían estas violaciones, deben explicar con qué fundamento las permitieron”, declaró Dávid Vig, director de Amnistía Hungría.
El gobierno húngaro debe dar inmediatamente una respuesta significativa a esta reciente revelación del Proyecto Pegasus y aclarar si conocía o aprobó la vigilancia encubierta de periodistas, miembros del empresariado y otras personas.
Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría
“Las prácticas de vigilancia de Hungría son motivo de preocupación desde hace tiempo. La Ley de los Servicios de Seguridad Nacional permite la vigilancia secreta sin ninguna supervisión externa independiente, y esta investigación demuestra la necesidad urgente de que se reforme. El gobierno húngaro debe introducir normativas que cumplan las normas internacionales y que proporcionen salvaguardias frente a la recopilación incontrolada y el posible uso indebido de datos personales”.
“NSO Group no puede seguir ocultándose tras la afirmación de que su software espía sólo se utiliza para combatir la delincuencia: hay datos abrumadores y crecientes de que Pegasus se utiliza sistemáticamente para la represión y para cometer abusos. Pedimos a NSO Group que deje inmediatamente de vender su material a países que tienen un historial de someter a vigilancia ilegítima a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas”.
“La industria de la vigilancia está fuera de control. Los Estados deben suspender en todo el mundo la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco regulador de derechos humanos”.
Información complementaria
El software espía de NSO Group se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo, según una importante investigación sobre la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia. Entre ellos hay jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia de Jamal Khashoggi.
El gigante de la vigilancia israelí NSO Group ha recibido financiación de las destacadas empresas de capital privado Novalpina Capital y Francisco Partners, tras las cuales hay numerosos inversores. También tienen participación en esta empresa que vulnera derechos ciertos fondos de pensiones de Reino Unido y Estados Unidos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en 2016 en la causa Szabó and Vissy v. Hungary que la legislación húngara no prevé suficientes salvaguardias contra los abusos y viola el derecho a la intimidad y a la vida familiar. El Tribunal concluyó que las medidas de vigilancia podían afectar prácticamente a cualquier persona en Hungría, pues el gobierno tiene capacidad tecnológica para interceptar cantidades masivas de datos que podrían pertenecer a personas no relacionadas con una investigación en concreto.
Según el Tribunal, todo caso de vigilancia debe ser revisado por un organismo independiente del gobierno. En la actualidad, el Ministerio de Justicia tiene facultades para autorizar la vigilancia y la recopilación de datos sin necesidad de una evaluación externa de si la interceptación de las comunicaciones es estrictamente necesaria.