La decisión del Tribunal Constitucional polaco de invalidar la constitucionalidad del acceso al aborto por “defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto” (1) causa aún más daño a las mujeres y las niñas y viola sus derechos humanos, han manifestado hoy Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Human Rights Watch.
Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Human Rights Watch enviaron especialistas independientes para observar la vista ante el Tribunal Constitucional polaco y analizar su decisión. “La sentencia de hoy pone en grave peligro la salud y la vida de las mujeres en Polonia y supone un incumplimiento de la obligación que tiene el país, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, de abstenerse de tomar medidas regresivas que restrinjan el derecho de las mujeres a la atención de la salud sexual y reproductiva”, ha afirmado Leah Hoctor, directora regional para Europa del Centro de Derechos Reproductivos. “Polonia debe tomar ya medidas para ajustar su legislación a la de otros Estados miembros de la UE y legalizar el aborto practicado a instancias de la mujer o por motivos sociales generales para garantizar el acceso pleno y efectivo de las mujeres a la atención de la salud en las situaciones en que su salud física o mental corre peligro.”
Esta sentencia es el resultado de una sucesión coordinada y sistemática de ataques de los legisladores polacos a los derechos humanos de las mujeres y representa su último intento de prohibir el aborto en Polonia. Ilegalizar el aborto no previene el aborto ni reduce las tasas de aborto; no sirve más que para poner la salud de la mujer en peligro al fomentar los abortos clandestinos u obligar a las mujeres a viajar al extranjero para acceder a los servicios de aborto que necesitan y a que tienen derecho. Aunque pueden verse afectadas por esta cruel sentencia todas las mujeres, las que pertenecen a grupos marginados y no tienen medios para para viajar sufrirán de manera desproporcionada las consecuencias de la decisión judicial de hoy.
Esther Major, asesora general de Investigación de Amnistía Internacional
“En vez de salvaguardar y proteger los derechos de las personas, el Tribunal Constitucional de Polonia ha contribuido a violarlos”, ha afirmado Hillary Margolis, investigadora principal sobre los derechos de las mujeres de Human Rights Watch. “La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE deben abordar con urgencia las contravenciones del Estado de derecho y su impacto en los derechos fundamentales en Polonia. Garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos reproductivos, es esencial para hacer respetar los valores de la UE La flagrante falta de respeto de Polonia por estos valores pone en peligro a las mujeres y las niñas no sólo en Polonia, sino en toda Europa. En Polonia, las mujeres sufren una y otra vez ataques constantes contra sus derechos y no dejarán de luchar por su derecho a servicios de aborto. Estamos con ellas en cada paso que den en su lucha.”
Información complementaria:
(1) Artículo 4.a, sec. 1, punto 2 y artículo 4.a, sec. 2, primer enunciado de la Ley de Planificación Familiar, Protección del Embrión Humano y Condiciones de la Interrupción Legal del Embarazo.
La legislación polaca en materia de aborto es una de las más restrictivas de Europa. Polonia es uno de los dos únicos Estados miembros de la Unión Europea de los 27 que no permite el aborto a petición propia o por motivos sociales generales. En la legislación polaca sólo se permite el aborto si se practica para proteger la vida o la salud de la mujer o porque el embarazo es el resultado de una violación. Hasta la sentencia de hoy, era también legal en las situaciones de “defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto”. Incluso en las situaciones en que el aborto es legal, hay múltiples obstáculos que se combinan para limitar gravemente el acceso a él en la práctica.
El partido gobernante, Ley y Justicia, ha procedido reiteradamente a restringir aún más la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluso por medio de un proyecto de ley que impondría una prohibición total del aborto. Estos intentos de restricción han suscitado protestas populares multitudinarias y la condena de órganos internacionales de derechos humanos e instituciones europeas.
Desde su llegada al poder en 2015, el gobierno de Ley y Justicia ha menoscabado la independencia del Tribunal Constitucional y su eficacia como herramienta de control del poder ejecutivo. El órgano asesor jurídico del Consejo de Europa, la Comisión Venecia, y la Comisión Europea han censurado la injerencia del gobierno polaco en el Tribunal. En su informe de septiembre de 2020 sobre el Estado de derecho, la Comisión señaló que el problema de la independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional sigue sin resolverse. En 2017, la Comisión Europea entabló procedimientos contra Polonia en virtud del artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea por contravenciones del Estado de derecho, entre ellas la falta de revisión constitucional independiente y legítima.
El 22 de octubre de 2020, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Human Rights Watch enviaron especialistas independientes para observar la vista ante el Tribunal Constitucional polaco y analizar su decisión sobre la constitucionalidad del acceso al aborto por “defecto fetal grave e irreversible o enfermedad incurable que amenaza la vida del feto”.
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