“El nuevo proyecto legislativo sobre las ONG aprobado ayer por el Parlamento egipcio con el fin de sustituir la draconiana ley sobre ONG de 2017 servirá de poco para acabar con la devastadora represión que sufren los grupos de derechos humanos en el país en los últimos años”, afirma Amnistía Internacional en el análisis de las enmiendas propuestas que ha hecho público hoy.
El nuevo proyecto legislativo sobre las ONG conserva algunas de las disposiciones más draconianas de la ley de 2017 e incluye solo algunos cambios cosméticos simbólicos para abordar las cuestiones de derechos humanos.
Najia Bounaim
“El nuevo proyecto legislativo sobre las ONG conserva algunas de las disposiciones más draconianas de la ley de 2017 e incluye solo algunos cambios cosméticos simbólicos para abordar las cuestiones de derechos humanos. Sigue confiriendo a las autoridades egipcias amplios poderes para disolver grupos independientes de derechos humanos y criminaliza actividades legítimas de las ONG. El proyecto de ley servirá de poco para acabar con el clima de temor, represión y persecución en el que viven las personas que defienden los derechos humanos en Egipto”, concluyó Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“La nueva ley también es abiertamente contraria a la propia Constitución de Egipto y a las obligaciones internacionales de este país en materia de derechos humanos. Instamos al presidente egipcio a que rechace este proyecto de ley y pida reformas auténticas en armonía con las leyes y normas internacionales”.
El Parlamento aprobó el proyecto de ley ayer. El presidente tiene ahora 30 días para rechazarlo; de lo contrario, entrará en vigor como ley.
Instamos al presidente egipcio a que rechace este proyecto de ley y pida reformas auténticas en armonía con las leyes y normas internacionales.
Najia Bounaim
El nuevo proyecto de ley sigue prohibiendo a las ONG recibir o recaudar fondos tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, llevar a cabo ciertas actividades legítimas de derechos humanos, y hacer investigaciones y publicar conclusiones sin la autorización del gobierno. Da a las autoridades el derecho a oponerse a la inscripción en registro de una ONG en el plazo de 60 días desde la fecha de la notificación, por lo que se exige de hecho a las ONG contar con la autorización del gobierno para su establecimiento. También confiere a las autoridades la facultad de disolver una ONG y de enjuiciar a su personal sobre la base de acusaciones imprecisas.