Miles de personas que viven en el Golfo Pérsico se enfrentan a partir de hoy a la perspectiva de mayores trastornos en su vida y separaciones familiares con la entrada en vigor de las nuevas medidas arbitrarias anunciadas por Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos en el contexto de su disputa con Qatar; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Los tres Estados del Golfo han dado de plazo hasta el 19 de junio a sus ciudadanos para que abandonen Qatar y regresen a sus respectivos países; si no lo hacen, se exponen a multas y otras consecuencias sin determinar. El mismo plazo habían establecido para que los ciudadanos qataríes abandonen Bahréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y desde el 5 de junio vetan la entrada a los nacionales de Qatar.
“La situación en que se ha colocado a la población de toda la región del Golfo Pérsico refleja un desprecio absoluto por la dignidad humana. Este plazo arbitrario ha hecho que cundan el miedo y la incertidumbre entre miles de personas que temen verse separadas de sus seres queridos”, ha afirmado James Lynch, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
La situación en que se ha colocado a la población de toda la región del Golfo Pérsico refleja un desprecio absoluto por la dignidad humana. Este plazo arbitrario ha hecho que cundan el miedo y la incertidumbre entre miles de personas que temen verse separadas de sus seres queridos.
James Lynch, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional
“Con estas medidas, los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han puesto innecesariamente a las familias de nacionalidad mixta en el centro de una crisis política.”
“Deben suspender de inmediato este fatídico y arbitrario plazo; de lo contrario, miles de familias pueden quedar rotas y otras personas perder su puesto de trabajo o la oportunidad de seguir cursando sus estudios. Quienes están sometiéndose a un tratamiento médico deben decidir si continúan con él o acatan las medidas excesivamente duras y genéricas anunciadas por Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.”
La disputa ha suscitado una preocupación creciente por lo que sucederá si estos residentes deciden quedarse con sus familias en los Estados del Golfo. Algunos han contado a Amnistía Internacional que se preparan para viajar a países ajenos a la disputa para reunirse con sus familiares.
Los gobiernos de Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos han hecho declaraciones en las que reconocen los perjudiciales efectos de sus medidas para las familias de nacionalidad mixta, y han anunciado el establecimiento de líneas telefónicas de emergencia para atender a los afectados. La medida es claramente insuficiente para abordar el impacto en los derechos humanos de las medidas generalizadas y arbitrarias impuestas el 5 de junio.
Además, Amnistía Internacional ha hablado con varias personas que intentaron llamar a estos teléfonos de emergencia. Su experiencia plantea importantes dudas sobre si estas líneas de emergencia ofrecen información o asesoramiento efectivo. Varias personas dijeron que habían intentado contactar en vano con las líneas de emergencia durante horas o días enteros. Quienes lo consiguieron afirman que los funcionarios les preguntaron detalles nimios sobre sus casos y les dijeron que les devolverían la llamada, pero no fue así. Amnistía Internacional ha llamado a las líneas de emergencia para preguntar cómo se estaban abordando los casos registrados, pero los funcionarios no pudieron facilitar ninguna información.
Algunas familias afectadas han contado a Amnistía Internacional que temen llamar a las líneas de emergencia y hacer constar su presencia, o la de su familia, en un país “rival” por miedo a sufrir represalias.
Las autoridades de Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, con sus declaraciones de que se castigarán las expresiones de simpatía por Qatar o las críticas a los gobiernos por las medidas adoptadas, han contribuido a que se extienda el miedo por toda la región.
Un abogado bahreiní fue detenido el 13 de junio tras presentar una demanda contra su gobierno —donde alega que las medidas adoptadas contra Qatar son inconstitucionales y violan los derechos de los ciudadanos bahreiníes— y publicar posteriormente una copia de esa demanda en su página de Facebook.
Un hombre qatarí que no puede regresar a sus tierras de cultivo en Arabia Saudí ha contado a Amnistía Internacional que sus amigos en aquel país no se atreven a cuidar de sus tierras ni a mantener el contacto con él por miedo a que el gobierno saudí los procese por simpatizar con él.
“Es impensable que unos Estados puedan conculcar con tanto descaro el derecho a la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones y preocupaciones respecto a sus gobiernos, así como sus simpatías hacia otros”, ha afirmado James Lynch.